Ancap negocia con la empresa por las obras en Paysandú.

Alcoholes del Uruguay (ALUR) sigue dando dolores de cabeza a Ancap. Sus autoridades y las de Ancap reconocieron en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, que hay problemas con la planta de etanol en Paysandú (que la oposición cuestionó por su costo) porque hay dificultades con sus equipos. Se está en un proceso de negociación con la empresa española Abengoa que la construyó que puede terminar en un arbitraje.

Victoria Hernández, gerente general de ALUR, dijo en la comisión que "detectamos que algunos equipos de la planta no estaban en condiciones óptimas, algunos estaban en condiciones de no uso y otros necesitaban ajustes (...) Lo primero que hicimos fue un relevamiento exhaustivo de esos equipos y analizamos el contrato que la compañía tenía con Abengoa para ver si era adecuado que se hiciera el reclamo correspondiente. Estamos en eso; mapeamos equipos, ya nos presentamos ante Abengoa y planteamos nuestra posición formalmente. Hay una cláusula en el contrato que prevé un plazo de treinta días para conversaciones entre las partes y, de no ponerse de acuerdo, está previsto en el marco del contrato un arbitraje. Vamos a seguir este camino, estamos en la instancia inicial de tener esas conversaciones amigables, así las llama el contrato y, de no llegar a un acuerdo, iremos a un arbitraje como ya está estipulado en el contrato, hasta que se dé la situación deseada por nosotros, es decir, que esos equipos funcionen correctamente", explicó la funcionaria.

La planta sanducera fue inaugurada en 2014 y tuvo un costo aproximado de US$ 150 millones, a pesar de que inicialmente se había previsto una cifra mucho menor. Gabriel Pérez Morgan, representante de Serrana Bionenergía, una empresa brasileña que se había presentado a la licitación para la construcción, denunció en el Parlamento que el llamado estuvo digitado a favor de Abengoa. La planta no debería haber costado más de US$ 40 millones, sostuvo. "Desde el inicio existió una clara predeterminación a favor de Abengoa y se hizo un show para dar un tinte de legalidad a un proceso que, desde su origen, tenía las cartas marcadas; por los relevamientos que hicimos, de eso no tenemos ninguna duda", afirmó el empresario en 2014.

La planta utiliza sorgo como materia prima y está ubicada al norte de la ciudad de Paysandú. Cuando anunció su intención de construir la planta en 2011, ALUR dijo que debía producir 70.000 millones de litros de etanol anuales. Para llegar a esa cantidad requiere 200.000 toneladas de grano, equivalentes a 50.000 hectáreas de cultivos aproximadamente. La planta también produce alimento animal.

ALUR informa en su página web que "la tecnología seleccionada procede de la empresa Katzen de Estados Unidos. Se destaca por poseer un arreglo energético eficiente, brinda la posibilidad de utilizar cultivos de verano y de invierno, siendo además una tecnología de bajo impacto ambiental", agrega.

Al empresario Pérez Morgan no le cerraban en 2014 los números de los costos de la planta. "¿Cómo se explica que el costo sea tres veces mayor que el del mercado internacional? ¿Cómo se explica que Abengoa, que es la empresa elegida —con nueve plantas construidas en Estados Unidos, donde los valores de inversión oscilan en estos parámetros— tenga en nuestro país costos tres veces más altos? Esto es algo que no tiene explicación", planteó en su momento Pérez Morgan.

El director de Ancap Juan Herrera dijo a los legisladores que está en curso una auditoría externa sobre las actividades de ALUR en Paysandú que estará terminada este año. Y se creará una auditoría interna para el conjunto de la empresa. "Se ha preguntado si habría más irregularidades; lo mismo nos preguntamos nosotros. Estamos trabajando en los procesos y controles. Ahora vamos a crear una unidad de auditoría interna en ALUR", señaló.

ALUR tiene dificultades para identificar a algunos de los trabajadores cañeros que durante diez años recibieron pagos "en negro". Estos ascendieron a $ 80 millones y ahora el Banco de Previsión Social está intentando determinar a cuánto ascienden los aportes previsionales que no se hicieron y las multas que corresponderían.

El director de Ancap, Juan Herrera, planteó en la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, que se trata de un asunto extremadamente complejo.

"Tenemos gente con cédula de identidad válida, con documento fronterizo, con documento extranjero y sin documento (que) suman aproximadamente 4.300 personas en total. Lo que estamos haciendo es tratar de identificar a la gente que no tiene documento; es complejo", reconoció.

Tras ratificar que los "cañeros" no eran empleados de ALUR, el director de Ancap, Ignacio Berti, dijo que le llamaba la atención que la situación no hubiese sido detectada en su momento por la auditora KPMG. El diputado blanco Nicolás Olivera pidió investigar. "Me llama la atención que el Directorio de ALUR hoy nos diga que todavía no sabe quiénes fueron los responsables" (...). Me da la sensación de que durante seis meses quisieron resolver un problema, estar al día, pagar lo que corresponde, pero al no haber investigado por dónde pasó, quién fue el responsable, quiénes fueron los directores, quiénes tomaron las decisiones, estamos quedando un poco rengos en ese sentido", dijo Olivera.

NUEVOS PROBLEMAS