Rivera: funcionaria judicial también recibió amenaza

"Te vas a arrepentir traidora". Esa es la frase que recibió en su teléfono de celular la receptora del juzgado penal de Rivera de 2° turno. El mensaje de texto, además, de manera macabra a un funcionario de esa sede que falleció tiempo atrás.

A esta amenaza se suman las que recibieron el miércoles en sus celulares el juez Rodolfo Souto, titular del juzgado departamental de 2° turno, su esposa, quien se desempeña como fiscal adjunta en Montevideo, y la esposa del juez penal de primer turno de Rivera Federico Tobía, que es hija del ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Ruibal Pino.

Souto es el magistrado que deberá resolver sobre un pedido de procesamiento sobre su colega Mijail Rottas, a quien la fiscal Stella Da Silva acusa de haber incurrido en el delito de "conjunción del interés personal y público" por una irregularidad registrada al entregar una moto robada mientras ejerció como juez en Rivera.

Además, la Fiscalía acusa al magistrado de haberle indicado qué declarar a una persona interesada en obtener el vehículo, hecho que surge de escuchas telefónicas que se realizaron en el teléfono del juez indagado.

Esta semana, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad presentado por Rottas, quien cuestionó la ilegalidad de la investigación de su caso y las escuchas telefónicas.

Sin embargo, el máximo tribunal del Poder Judicial desestimó la acción y derivó el caso nuevamente a Souto quien deberá resolver si procesa o no a Rottas, quien actualmente se desempeña como juez civil en la ciudad de Mercedes.

Desde el jueves, Souto se encuentra de licencia, y la magistrada que lo subroga, Adriana Morosini, está realizando la investigación por las amenazas que recibió el magistrado.

"Son amenazas de muerte y no tenemos identificado de quiénes son. Llegan a mi celular y al de familiares del otro juez (Tobía)", indicó Souto el jueves, un día después de haber recibido las amenazas al ser consultado por El País.

INVESTIGACIÓN. En tanto, el juez penal Luis Charles, ordenó a la Policía la investigación del número del teléfono celular del cual partieron las amenazas que recibió la esposa de Souto, quien, como reside en Montevideo, radicó la denuncia del hecho en la seccional 1° de la Ciudad Vieja.

Si bien el procedimiento de para constatar el titular del número del cual se enviaron las amenazas -el cual pertenece a la empresa Ancel- no implica mayores complicaciones, el hecho de que los chips de los aparatos pueden ser intercambiados con total facilidad, podría dificultar la investigación, dijeron fuentes del caso a El País.

Por otro lado, la seccional 1° derivó la denuncia de la esposa de Souto al Departamento de Delitos Complejos de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Montevideo.