Reunión decisiva el jueves define el futuro del Código de la niñez

El proyecto de ley de reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia está a debate de una comisión especial de diputados y senadores, que intenta destrabar las observaciones que se han interpuesto desde los distintos partidos.

El próximo jueves la comisión se reunirá para buscar una salida.

La iniciativa se aprobó en primera instancia en la Cámara de Representantes y luego el Senado impuso modificaciones. La Cámara Baja no aceptó los cambios y antes de que el asunto ingresara a la resolución de la Asamblea General, los partidos decidieron crear un colectivo para tratar de forzar un acuerdo.

El grupo de trabajo está integrado por los legisladores colorados Alejandro Atchugarry, Ruben Correa Freitas, Jorge Barrera y Alejo Fernández Chavez; los blancos Guillermo García Costa y Beatriz Argimón; los frentistas Jorge Orrico, Margarita Percovich y Mónica Xavier; y por el Nuevo Espacio, Felipe Michelini.

"Aspiro a que se apruebe el código porque los niños no pueden quedar rehenes de un año electoral", sostuvo el diputado Barrera en diálogo con El País.

El nuevo código actualiza la legislación vigente que viene de 1934. "La modificación es imprescindible y estamos pidiendo el máximo esfuerzo de los partidos para poder acceder a un texto único", agregó Barrera.

Entre otros temas, la normativa refiere a la minoridad infractora y a los derechos de familia, filiación y adopción. El pasado lunes, la Agrupación Parlamentaria del Frente Amplio resolvió que no acompañará el proyecto tal como está redactado. "Es medieval", señaló uno de los representantes en la reunión que fue encabezada por el titular frentista, Tabaré Vázquez.

El diputado Orrico dijo a El País que la coalición de izquierda ya cedió lo suficiente en pos de conseguir un consenso cuando la iniciativa se consideró en la Cámara Baja. "No se respetó el acuerdo y no nos dejan margen de maniobra", enfatizó.

"A nosotros no nos gusta la parte penal del proyecto, pero cedimos en favor de los derechos de familia y de adopción", dijo. Esos temas fueron modificados en la Cámara Alta, particularmente por los aportes del senador herrerista Guillermo García Costa. "Ahora, sería una transacción de la transacción", estimó. Los delegados frentistas a la comisión especial hicieron llegar a la misma un estudio sobre los puntos que son "intocables", los que se aceptaban, y aquellos que la izquierda está dispuesta a volver a discutir.

NORMAS. En materia penal, el código establece que en todos los casos en que el adolescente incurra en infracciones, deberá asegurarse el cumplimiento estricto de las garantías del debido proceso.

Sólo podría ser sometido a proceso el adolescente de entre 13 y 18 años, y sólo podrá ser detenido en caso de violaciones flagrantes. Además, se establecen medidas cautelares, como la prohibición de salir del país, la obligación de concurrir periódicamente al tribunal o ante la autoridad que el juez determine, el arresto domiciliario y la internación provisoria.

Para preservar a los menores, el Código prohíbe la concurrencia a prostíbulos y night clubs, y la venta de armas, municiones, explosivos, bebidas alcohólicas, tabacos, fármacos u otras sustancias que puedan crear dependencia física o síquica.

Asimismo, la iniciativa consigna que las adopciones serán reguladas por el Instituto Nacional del Menor, organismo que tendrá a su cargo el Registro General de Adopciones, donde constarán los datos del niño, los de los adoptantes y el juzgado en el que se tramitó el proceso.

"En materia de responsabilidad penal juvenil, se incluyen disposiciones que consagran un trato discriminatorio para los adolescentes (...). El proyecto recoge el concepto de peligrosidad social, que permite juzgar a un adolescente por "lo que es" y no por "lo que hizo". En el mismo tema, el proyecto tampoco respeta el principio de que, en materia de menores de 18 años, la privación de libertad debe ser excepcional".

"El proyecto le asigna a la autoridad administrativa la posibilidad de adoptar discrecionalmente excepciones a la prohibición del trabajo de menores de 15 años; la posibilidad de cumplir horarios nocturnos y de extender la jornada laboral de forma que no se garantiza el derecho a la educación".

"No se garantiza el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes, en especial el derecho de los mismos de saber quiénes son sus padres y al relacionamiento con su familia biológica".

"El proyecto mantiene la distinción entre hijos legítimos e hijos naturales, atribuyendo diferentes derechos y consagrando una grave discriminación".

"Se impide que los menores de 18 años solteros puedan reconocer a sus hijos sin limitaciones".