Rechazo a penalización de consumo

RENZO ROSSELLO GUSTAVO TRINIDAD

La posibilidad de penalizar el consumo de drogas levantó más voces en contra que a favor, entre los principales actores del sistema legal uruguayo. La medida sugerida por el ministro del Interior, Daniel Borrelli, se encaminaba a combatir la actividad cada vez mayor de los traficantes de drogas. En particular, preocupa a las autoridades la aparición de la peligrosa pasta base de cocaína que viene causando estragos en los estratos más jóvenes de la población. Organizaciones especializadas en el tratamiento a adictos estiman en 8.000 la cifra de drogodependientes en el país, aunque creen que pudo haber crecido este año por la aparición de la sustancia mencionada.

"El consumo, en forma lamentable, no es penalizado porque se trata como una enfermedad. Y digo lamentablemente porque detrás del escudo de consumidor de drogas muchas veces se esconde un ‘pasante’, un traficante pequeño de drogas", sostuvo el ministro Borrelli.

El presidente de la Junta Nacional de Drogas y prosecretario de la Presidencia, Leonardo Costa, expresó una opinión radicalmente opuesta a la del secretario de Estado. "La tendencia en el mundo entero va por el lado de la despenalización, de ver el problema como una cuestión sanitaria", argumentó Costa, pero fue aun más lejos en el alcance de sus afirmaciones: "Estaríamos recargando un sistema que no tiene respuestas hoy para el fenómeno".

Pero también se pronunciaron en el mismo sentido otros actores del sistema consultados por El País, tales como jueces penales, fiscales, policías y representantes de ONGs que trabajan en el área de la adicción a las drogas.

Sin que hasta el momento la idea lanzada por el secretario de Estado haya adoptado términos concretos, la polémica ya está instalada. El recrudecimiento de algunos delitos, no directamente vinculados al tráfico de estupefacientes, pero sí al consumo fue la base para los comentarios del ministro del Interior. En días pasados el propio jefe de Policía de Montevideo, Nelson Rodríguez Rienzo, reconoció que el consumo de la pasta base ha teñido de violencia algunas de las acciones delictivas más recientes.

PENAS. "El alcohol también es una droga y nadie está pensando en penalizarlo, sin embargo detrás del alcohol muchas veces está el delito", argumentó por su parte el juez penal Pablo Eguren. "Soy partidario de penalizar duramente a quienes suministren las drogas", agregó el magistrado, quien es proclive a una mayor severidad en el Código con penas no sólo más largas de penitenciaría, sino con impedir la excarcelación de los procesados por estos delitos.

Las sanciones previstas en la Ley 17.016, aprobada en 1998, que corrige varios artículos de la Ley 14.294 de 1974, van desde los 12 meses de prisión a los 18 años de penitenciaría en las figuras directamente relacionadas a la venta, suministro y transporte de estupefacientes.

Al referirse al consumidor, el juez Eguren se preguntó: "¿Si lo penalizamos, cómo lo vamos a reencauzar? Al adicto lo que hay que hacerle es curarlo".

Por su parte, la fiscal Mirtha Guianze, presidenta de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal dijo que no está de acuerdo con la penalización del consumo porque no cree "que sea una medida eficaz".

Aunque aclaró que es su opinión personal y no la de la Asociación, agregó que "el consumidor ocasional no está causando un daño a la sociedad sino a sí mismo, por eso actualmente se pena la tenencia que no es para consumo".

El abogado penal Carlos Curbelo Tammaro dijo que tampoco está de acuerdo porque es una enfermedad, los que consumen son adictos y no deben ser sancionados con cárcel, sino con un tratamiento.

Además señaló que la autolesión no se castiga, el consumidor atenta contra su integridad física "y eso penalmente no se castiga".

RESPUESTAS. "Es muy difícil diferenciar la tenencia para consumo o para comercialización, eso debe venir del trabajo policial", comentó por su parte el presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Leonardo Costa.

Para el titular de la JND una medida tendiente a la penalización del consumo de estupefacientes sólo tendría efectos negativos. "Significaría exacerbar el sistema penitenciario con delitos que no son delitos", comentó Costa.

Asimismo, Costa señaló que la posición expresada por el ministro del Interior no es compartida por el Poder Ejecutivo. "Ya en el 2001 se había rechazado una iniciativa proveniente del Ministerio del Interior que buscaba rebajar las cantidades de tenencia de drogas para el consumo", recordó Costa.

En cambio, Costa se mostró partidario de trabajar más en la prevención y la contención del daño causado por el consumo de sustancias psicotrópicas. "La respuesta está en tener más recursos para el tratamiento de los adictos, no para la represión", sentenció el jerarca.

"Buscar una guerra contra los consumidores es estúpido. Nosotros estamos en contra de la criminalización de los consumidores de drogas, es decir, en contra de las medidas legislativas, las actuaciones policiales o las actitudes sociales que supongan la represión de los consumidores por el mero hecho de serlo", indicó por su parte a El País, Jorge Alos, director de Dianova, una ONG que se instaló en Uruguay en 1992 y que actualmente asiste a 40 personas consumidoras de drogas.

"El uso de drogas representa un problema de salud individual en su sentido más amplio. Hablo de la salud física y mental, pero también de la salud comunitaria. En este sentido las medidas represivas resultan ineficaces, conllevan la ocultación y marginación de los consumidores, la exclusión de la red sanitaria y con ello la ausencia de medidas de higiene, un estilo de vida marginal y también violento", expresó Alos.

En el año 2002, 1.765 personas fueron detenidas por la Policía por delitos vinculados a las drogas. De ellas 275 resultaron procesadas y 10 personas internadas para recibir tratamiento médico.

En 2003, 1.736 fueron las personas detenidas por drogas de las que 279 fueron procesadas por la Justicia. Once personas fueron derivadas a centros de tratamiento.

En lo que va de 2004, son 447 las personas detenidas por drogas y 95 las procesadas. En tanto ocho fueron internadas para recibir tratamientos.

La marihuana incautada en lo que va de 2004 asciende a 628.257,09 grs., cocaína se requisaron 22.798,42 grs., éxtasis se incautaron 22 pastillas y plantas de marihuana son 27 las incautadas en tanto que 44,75 grs. de hachís son los requisados en lo que va del año.

"Las generalizaciones que no son contabilizables científicamente no son más que terrorismo. El usuario se siente lesionado. Siente que haga lo que haga será un potencial delincuente para el sistema. Detrás de cada usuario no hay un infractor, la mayoría de los consumidores nunca transgredieron ninguna ley", aseguró Raquel Peyraube, directora de la ONG Cavia, que trabaja con consumidores de drogas. "Justamente acabo de volver de Brasil donde se realizó el Seminario Itinerante Latinoamericano del 11 al 14 de mayo y donde Uruguay fue especialmente felicitado por sus programas y esfuerzos que viene realizando para incluir y no excluir a los consumidores de drogas". La felicitación fue a instancias de la directora de Prevención y Tratamiento de la Secretaria Antidroga de Brasil, Dra. Paulina Do Carmo y el general Paulo Ochoa.

Según datos arrojados por el observatorio de drogas de la J.N.D. se estima que en Uruguay hay entre 5.000 y 8.000 dependientes de drogas químicas ilícitas, informó a El País Raquel Peyraube. La especialista también indico que la misma fue realizada hace dos años y que al día de hoy con la irrupción en el mercado nacional de la potente y adictiva droga conocida como pasta base, la cantidad de dependientes aumentó sin lugar a dudas.