Pulseras electrónicas para presos: beneficio para pocos

El Ministerio del Interior licitará la compra o alquiler de pulseras electrónicas para presos que sean enviados a prisión domiciliaria. Comenzará con un plan piloto para pocos reclusos. Han recibido ofertas de alquiler por US$ 200 al mes por preso.

El director general de Ministerio del Interior, Charles Carreras, informó a El País que la cartera lanzará un llamado a licitación en los próximos días para contar con este sistema en el marco del plan de atenuación del hacinamiento carcelario, pero aún no está definido si se alquilará todo el servicio a una empresa privada, se comprarán los dispositivos, y cuánto dinero será destinado a este plan.

Los fondos saldrán de préstamos de Naciones Unidas para el programa de Fortalecimiento Carcelario. Hay 5 millones de euros pero diversos programas y ministerios compiten por estos recursos. Del financiamiento se aplicarán recursos para programas de educación para presos, del Ministerio de Educación y Cultura, así como a programas del Mides, del Ministerio de Trabajo y la Suprema Corte de Justicia, además de los programas del Ministerio del Interior. El convenio con Naciones Unidas se firmará la semana próxima, dijo Carreras.

El funcionario adelantó que este beneficio "sólo se otorgará a presos primarios por delitos leves, hurtos pequeños, homicidios culposos en accidentes de tránsito", por ejemplo, tras decisión judicial.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia habilitó el uso de estos sistemas en noviembre de 2003, sólo para primarios. Se licitarán entre 500 y 1.000 pulseras "antes de un mes o mes y medio", aunque se iniciará un plan piloto con pocos reclusos.

Carreras admitió que se necesita "una buena sala de servidores en la Policía y un buen equipo de ingenieros" para aplicar este sistema, lo que hoy no existe, pero se incorporará en el próximo Presupuesto para el Ministerio del Interior.

Según supo El País, al menos una empresa local especializada en seguridad electrónica, y en especial en seguridad de bancos -el grupo Roli- ofertó el alquiler de las pulseras, el software y el centro de recepción de señales a un costo medio de US$ 200 mensuales por recluso. Hoy el costo mensual de cada preso para el erario público es de unos US$ 640.

Sistema de alerta. Las pulseras electrónicas son, por lo general, tobilleras programadas para emitir señales de alerta si el portador intenta quitársela o salir del perímetro asignado por el juez, que puede ser su domicilio o determinado radio de una localidad. El dispositivo suele estar asociado al teléfono fijo del domicilio del encausado y la señal llega al centro de monitoreo, desde donde se advierte a la Policía.

El sistema se ha extendido a varios países de manera muy acotada, para delincuentes primarios de delitos leves, enfermos terminales o mujeres embarazadas. Se han registrado fuertes polémicas, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, porque reclusos cometieron graves delitos pese a utilizar el sistema de control de las pulseras y porque se descubrió que se otorgó el beneficio a personas que habían cometido delitos muy graves (ver recuadro).

Estos dispositivos tuvieron sus primeras patentes en los años 60, pero su nacimiento estuvo relacionado a un enfoque de rehabilitación de presos y su interacción con los técnicos que les hacían el seguimiento, pero devinieron luego en un sistema unidireccional de control del recluso.

Con los años, estos dispositivos se emplearon en diferentes usos: en algunos hospitales de Francia y Brasil se los ponen a los bebés para evitar que sean robados o sustituidos.

Su utilización más difundida ha sido el control de los responsables de violencia doméstica (la mujer agredida lleva un receptor que le advierte la proximidad del agresor a 500 metros) y para pederastas.

Los expertos Anna Vitores y Miquel Doménech, de la Universidad de Barcelona, señalaron en un estudio realizado en 2004 sobre el "telepoder" en las sociedades contemporáneas, que la monitorización electrónica nació a principios de los años 60, a partir de un grupo de psicólogos experimentales de la Universidad Harvard, encabezados por el doctor Ralph Schwitzgebel, en el marco de un programa de investigación sobre el control remoto de la conducta humana. El sistema se usaba como mecanismo terapéutico y apuntaba más bien a monitorear la conducta de "reincidentes crónicos", que cometían delitos de manera compulsiva.

Hoy no se apunta a corregir conductas sino a controlar movimientos.

30% De los beneficiados con libertad condicional, salida transitoria o arresto domiciliario en Buenos Aires vuelve a delinquir.

56 Presos están bajo monitoreo de la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, dijo el director general, Charles Carreras.

El uso de pulseras para el control de presos estuvo sometido a un fuerte debate en Buenos Aires cuando se supo que se otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria con pulsera electrónica a personas acusadas de delitos graves.

La pulsera se aplicó a 297 presos. Entre los beneficiados había 14 procesados por violación, tres por prostitución de menores, tres por homicidio, uno por doble homicidio y uno por torturas seguida de muerte.

En la investigación surgió que se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria con pulsera electrónica a procesados por venta de drogas a los que se les permitió volver al mismo domicilio en el que comerciaban estupefacientes y el caso de un hombre asociado de la prostitución de menores que residía en la misma casa en la que se lo detuvo por ese delito.

Las pulseras son de color gris o negro, fabricadas con plástico y silicona. Tienen un dispositivo que transmite ondas de radio a sensores instalados en un centro de control. El brazalete es impermeable, pesa unos 12 gramos y no produce alergias.

Se aplica a presos condenados a prisión domiciliaria; a los autorizados a salir para trabajar y a los que reciben autorizaciones especiales para pasar días festivos con su familia.

En España se aplica la medida de la pulsera cuando alguien golpea o maltrata a otro sin causarle lesión. También con los que cometen hurto (si el valor no excede los 400 euros) o estafa, apropiación indebida, o defraudación de electricidad, gas, agua, etc., por hasta 400 euros.