La Justicia ya tramita el primer recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo proceso laboral, que está vigente desde el pasado 19 de octubre. En tanto, Diputados dio ayer sanción definitiva a la ley que suspende la aplicación de esta norma hasta el 1° de febrero de 2010.
La acción fue presentada la semana pasada por una empresa de seguridad en el marco de un reclamo iniciado por un trabajador, el cual se está tramitando ante el Juzgado Laboral de 4° Turno, a cargo de la magistrada Silvana Gianero.
El nuevo y polémico régimen procesal establece un sistema para demandas de más de $ 81.000 en las que para poder apelar la sentencia la parte empleadora deberá depositar el 50% de la condena. Además, se creó un sistema para casos donde el reclamo es inferior a ese monto, en los que todo el proceso se debe sustanciar en una única audiencia, y cuya sentencia es inapelable.
Este segundo sistema fue el aplicado por el trabajador de la empresa de seguridad Gorvhal S.A. que reclama haberes impagos por un total de $ 44.000. Sin embargo, el abogado de la firma, Fernando Urquhart, presentó en forma inmediata la acción de inconstitucionalidad, y pidió a la jueza la suspensión del proceso para que el caso sea elevado a la Suprema Corte de Justicia.
La jueza Gianero ya resolvió dejar en suspenso el trámite de la demanda para elevar el expediente a la Corporación, cuyos ministros darán vista del recurso al Poder Legislativo y al trabajador demandante, que serán la contraparte en el proceso de inconstitucionalidad, explicó Urquhart a El País.
desigualdad. El abogado centra su recurso en que el nuevo proceso laboral para reclamos que no superen los $ 81.000 viola el principio de igualdad consagrado en el ar- tículo 8° de la Constitución, ya que prevé plazos desiguales para las partes a la hora de presentarse ante el juez.
En tal sentido, Urquhart señala que mientras el demandante cuenta con un año de plazo para preparar el reclamo, el empresario solamente tiene diez días para elaborar su defensa antes de presentarse a la audiencia en la que se dictará la sentencia definitiva.
El recurso cuestiona que el juez actuante debe convocar a audiencia "meteóricamente" tras la presentación de la demanda en un plazo que no puede superar los diez días.
Además, cuestiona que en esa audiencia la parte demandada deba contestar el reclamo. Según Urquhart, eso es ilegal porque "el demandado debe ser tratado en forma igualitaria que el actor en el proceso litigioso".
Por otro lado, el abogado sostiene que el nuevo proceso laboral también viola el principio de igualdad, ya que prevé que si la parte demandada no se presenta a la audiencia pierde el juicio, pero si no asiste el reclamante, éste podrá replantear el caso en el futuro.
Urquhart concluye en su recurso que la nueva ley de juicios laborales, "por su palmaria inconstitucionalidad", es una norma "para el olvido".
SUSPENSIÓN. En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó ayer la ley que suspende la aplicación del nuevo sistema procesal laboral hasta el 1° de febrero de 2010, como lo había pedido el Ministerio de Trabajo en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia.
La suspensión de la aplicación del nuevo sistema había sido aprobada la semana pasada en el Senado, y ayer fue votada por todos los partidos políticos en la Cámara Baja.
En la sesión, el único legislador que hizo uso de la palabra fue el diputado blanco Pablo Abdala, quien señaló que ni el Poder Judicial ni el Ministerio de Trabajo (que tramitará las conciliaciones) están en condiciones de aplicar la ley.
En tal sentido, el legislador advirtió que la prórroga hasta el 1° de febrero de 2010 será insuficiente, y no permitirá que exista una real adecuación de los medios materiales a nivel judicial ni del Centro de Conciliación del MTSS.
Abdala también remarcó que la Suprema Corte de Justicia planteó en su momento que se deberán crear cinco nuevos juzgados laborales, para lo cual se necesitará aprobar una ley. Actualmente y desde el pasado 19 de octubre en Montevideo hay 167 demandas en trámite bajo el nuevo sistema procesal, según datos del Poder Judicial.