El próximo martes las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial deberán ir al Senado en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas. Allí enfrentarán la crítica del Frente Amplio, que tiene previsto cuestionar el poco avance que, a su juicio, tuvo el Plan Avanzar, uno de los emblemas de esta administración.

Los últimos datos de Vivienda que presentarán ante el Parlamento, y a los que accedió El País, indican que al cierre de julio se ejecutaron y estaban en ejecución unos US$ 264 millones destinados a la erradicación o regularización de asentamientos. En tanto que entre licitaciones abiertas y llamados efectuados hay involucrados otros US$ 196 millones.

Al 15 de agosto culminaron los trabajos en 11 asentamientos, que suman unos 1.900 hogares. En tanto, a nivel de proyecto, por licitaciones en obra se trabaja con más de 13.000 mil familias en otros 105 asentamientos. Buena parte de estos recursos provienen de los US$ 240 millones previstos en el Plan Quinquenal de viviendas. Fuentes ministeriales señalaron que allí el nivel de ejecución es muy bueno.

Distinto es el panorama de la otra mitad del plan, cuyos recursos provienen de un fideicomiso administrado también por el Fondo de Integración Social y Urbana (FISU). Allí las autoridades reconocerán que “se puede y se debe rendir más”.

La Rendición de Cuentas de 2021 le otorgó fondos previstos inicialmente para compra de tierras por parte del Instituto Nacional de Colonización por unos US$ 30 millones anuales, pudiendo a su vez solicitar préstamos para apalancar su patrimonio. Los datos enviados a raíz un pedido de informes del Frente Amplio indican que, al cierre de junio, el monto del fideicomiso ejecutado, comprometido o en ejecución era de US$ 18,7 millones, con los que se construyeron 104 viviendas. Además, hay 17 llamados abiertos por US$ 134 millones. Otros dos están en evaluación y uno resultó frustrado.