Presupuesto suma a bancarios a nuevo régimen de certificaciones médicas; AEBU niega “abusos” en licencias

Los cambios que realizó el gobierno de Luis Lacalle Pou a las certificaciones por enfermedad de los funcionarios públicos vuelven a estar arriba del tapete. COFE presionó al gobierno y logró introducir modificaciones en el Presupuesto, incluyendo a los bancos públicos en este nuevo régimen. Descontentos, desde AEBU piden -dado que el proyecto sigue a estudio en el Parlamento- que se les dé la opción de conseguir mejoras para su sector.

Previo a los cambios del gobierno de Lacalle Pou, los funcionarios públicos tenían el 100% de la remuneración cuando se pedían licencia por enfermedad. Pero esa administración resolvió que dispongan de nueve días de licencia al año no acumulables para enfermedades, salvo algunas excepciones como cáncer o patologías vinculadas al embarazo. De acabarse el cupo, cobran el 75% de su remuneración. Tiempo después, cuando asumió Yamandú Orsi, empezaron las negociaciones y COFE logró subir a 12 días la cantidad de jornadas, y sumar otras enfermedades.

En el articulado que propone el proyecto de ley de Presupuesto se limitaría la remuneración a un mayor número de personas, de las que algunas hoy cobran el 100% sin importar la cantidad de días de certificación. Uno de esos grupos serían los trabajadores de los bancos oficiales, así como a todos los que incluye el artículo 221 de la Constitución.

Desde AEBU piden que se incluya un inciso en el Presupuesto que habilite la negociación de las licencias médicas por rama para poder conseguir mejoras al sistema, el que se les impondría en el Presupuesto. El reclamo es que el sindicato no tuvo participación en la negociación que se llevó adelante con el Poder Ejecutivo para el régimen de licencias médicas.

Del consejo del sector financiero oficial de AEBU, Joaquín Santa Cruz, indicó en la comisión de Trabajo del Senado que el Banco República y el Banco de Seguros del Estado ya estudiaron el impacto de las licencias médicas. Por eso mismo, indicó que tienen los “mecanismos y los datos para poder defender por qué” entienden que “no debería ser de aplicación ni la ley vigente ni la nueva reglamentación que se estaría incorporando con la ley de Presupuesto”.

AEBU llevó como argumento a la comisión que tiene un informe de 2024 del Banco República que “reflejó que casi un 80% de los trabajadores utilizaron menos de nueve días y un 40% ni siquiera utilizó las licencias médicas”. Así lo indicó la economista asesora Soledad Giudice, quien luego sentenció: “No es un problema para los bancos públicos”.

En esa línea, continuó: “Pedimos un inciso que nos habilite la negociación, porque entendemos que, si este artículo de la ley de Presupuesto se llega a aprobar como está, no se podría negociar otra cosa en el convenio colectivo porque iríamos contra la ley. No está claro que nosotros podamos negociar después. Entonces, en realidad, el inciso establecería que en la instancia de negociación colectiva se pueda negociar un complemento o una mejora del régimen que se plantea”.

Una postura similar puso sobre la mesa el consejero de AEBU Mauricio González: “No hay abusos en los bancos, pero sí en otros lados. Creo que ni en la esfera privada debería existir esta ley que establece que se le debe descontar al que está enfermo. De hecho, muchos empresarios les pagan, pero en la esfera pública eso no va a suceder”.

COFE cuestionó desde un principio el sistema de licencias médicas, e incluso acudió a la Organización Internacional de Trabajo. El secretario general de COFE, José Lorenzo López, indicó esta semana en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que tenían el objetivo de volver al régimen anterior -en el que se cobraba el 100% del salario- pero que no lo lograron. No obstante, marcó que están de acuerdo con las modificaciones que envió el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley que se estudia en el Parlamento.

El día que se alcanzó el acuerdo entre COFE y el Poder Ejecutivo, en los últimos días de agosto, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, indicó que la idea era que el régimen fuera “extensivo” a todos los funcionarios públicos, y que “no quede nadie por fuera”.

El gobierno anterior aplicó el nuevo régimen al Poder Ejecutivo -salvo los funcionarios diplomáticos del servicio exterior que se encuentren en misión en el extranjero-, el Poder Judicial -pero no a magistrados y defensores públicos-, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y servicios descentralizados -con excepción de los fiscales en la Fiscalía General de la Nación.

Y se estableció que otros podían adoptar el nuevo régimen, como los gobiernos departamentales o los entes autónomos. Dentro de la segunda categoría entran los bancos públicos, aunque decidieron continuar con el régimen anterior.

Para poder negociar, el Poder Ejecutivo -tras el pedido de COFE- firmó la suspensión del nuevo sistema de certificaciones médicas.