100 AÑOS DE ELECCIONES: 1966

El 27 de noviembre de 1966, en medio de tormentosas horas económicas y políticas, los uruguayos votaron por un Poder Ejecutivo “fuerte” que sustituyera al lento y engorroso régimen colegiado. Y para encabezarlo, eligieron a un general retirado con prestigio de honesto y buen administrador, Óscar Gestido. Pero fue un mandatario efímero: falleció en diciembre de 1967, apenas nueve meses después de asumir. Lo sucedió su vicepresidente, Jorge Pacheco Areco, poco conocido hasta ese momento.

El sistema político había sufrido en 1964 la muerte de varios líderes -Luis Batlle Berres, Daniel Fernández Crespo, Javier Barrios Amorín, Benito Nardone- con el consiguiente impacto en las estructuras partidarias. Por ejemplo, en la lista 15 Jorge Batlle, hijo del dirigente fallecido, ganó una elección interna para sucederlo.

En 1966, todavía bajo los efectos de aquel sismo, los partidos se presentaron muy fraccionados, con 18 fórmulas presidenciales en total, de las cuales cinco fueron coloradas y tres blancas. También se registraron divisiones en los partidos “de ideas”. En Montevideo, por ejemplo, hubo 92 listas, de las cuales 56 eran blancas y 23 coloradas.

Por los blancos se presentaron estas fórmulas: Alberto Gallinal-Juan Pedro Zeballos por Reforma y Desarrollo (Movimiento Nacional de Rocha y Divisa Blanca); Martín Echegoyen-Dardo Ortiz por la Alianza Nacionalista (el eje herrero-ruralista más el Movimiento Popular Nacionalista) y Heber-Storace por el herrerismo ortodoxo. Alberto Titito Heber había sido el último titular del Colegiado blanco y se postuló a último momento para la Presidencia de la República.

Entre los colorados: Óscar Gestido-Jorge Pacheco Areco por la Unión Colorada y Batllista; Jorge Batlle-Julio Lacarte Muró por Unidad y Reforma (lista 15); Zelmar Michelini-Aquiles Lanza por el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (lista 99); Amílcar Vasconcellos-Renán Rodríguez, por la 315, que seguía sosteniendo el colegialismo, y Justino Jiménez de Aréchaga-Nilo Berchesi, también colegialista, que resultó muy minoritaria.

Mientras tanto, el Partido Demócrata Cristiano tuvo una escisión por la derecha, el Movimiento Cívico Cristiano. El veterano líder Emilio Frugoni se apartó del Partido Socialista para comparecer en el sublema Movimiento Socialista. El sector mayoritario en la izquierda resultó nuevamente el Fidel, que llegó al 5,7% del total de votos.

Además de la crisis económica y social ya instalada, otro de los temas de campaña fue la reforma constitucional. Casi todo el espectro político se pronunció a favor del regreso al presidencialismo.

El Partido Colorado obtuvo una amplia victoria por más de 110.000 votos, con mayoría absoluta en el Parlamento. Y en su seno se impuso la UCB de Gestido. Sin embargo, el sector apenas logró el 23% del total de sufragios, lo cual le originó dificultades para gobernar.

Gestido, agobiado por la interminable crisis, falleció de un síncope mientras dormía en su casa de Pocitos el 6 de diciembre de 1967. En su lugar asumió Pacheco Areco, cuya gestión -receptora de entusiastas apoyos y severas condenas- marcaría los siguientes años de la vida nacional.

El día de las elecciones florecía la timba callejera

Un hecho común en las jornadas electorales previas a la dictadura instaurada en 1973 era la proliferación del juego callejero. La avenida 18 de Julio en Montevideo, al igual que muchas calles del interior, se poblaban de mesitas donde se instalaba la “timba” a plena luz del día: la mosqueta, el seven eleven, pequeñas ruletas o juegos de caballitos, todo por dinero, por supuesto.

Ello se debía a la mayor laxitud de las normas penales el día de la votación. Según el artículo 174 de la ley N° 7812 (“ley de Elecciones” de 1925) “ninguna autoridad podrá detener o reducir a prisión a los ciudadanos capacitados para votar, durante las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, salvo el caso de flagrante delito o cuando mediara mandato escrito del juez competente”.

De esa forma, los “timberos” podían ejercer su hábito sin que actuara la policía, para asombro de los periodistas extranjeros que llegaban para cubrir los comicios.

La costumbre se retomó en las elecciones de 1984, pero luego en general se fue perdiendo.

Al promediar la década de 1960, el régimen colegiado de gobierno estaba en el centro del debate, acusado por buena parte del ambiente político de ser una de las causas de la crisis que castigaba al país, debido a su incapacidad para procesar decisiones rápidas. Por eso, en forma simultánea a las elecciones de 1966 se pusieron a consideración de la ciudadanía cuatro proyectos de reforma constitucional, que se distinguieron por el color de sus papeletas y algunas de las disposiciones que proponían, aunque en lo principal existía una coincidencia: todos buscaban el regreso al Poder Ejecutivo unipersonal.

La reforma “gris”, postulada por el grupo de Martín Echegoyen del Partido Nacional, fortalecía las facultades de ese Ejecutivo y para casos excepcionales autorizaba recortar los derechos individuales. Obtuvo 10,57% de respaldo.

La reforma “amarilla” fue presentada por el Fidel y el Partido Comunista y apoyada por sindicatos. Planteaba que el presidente fuera elegido en hoja separada y sin lema, además de limitar sus facultades para decretar las Medidas Prontas de Seguridad. Alcanzó el 5,21% de los votos.

La reforma “rosada”, de algunos sectores colorados, apuntaba a un Ejecutivo fuerte, pero con protección a los derechos individuales. Como luego de su presentación se llegó a otro acuerdo reformista entre blancos y colorados, apenas fue votada por el 0,07%.

La reforma aprobada, que consagró la llamada Constitución de 1967, fue la “naranja”, que obtuvo el 47,51% de los sufragios: un total de 786.987. Fue impulsada por un acuerdo de los sectores mayoritarios del Partido Colorado y el Partido Nacional, cerrado sobre el filo del plazo constitucional para presentar el proyecto en la Asamblea General, que vencía el 24 de agosto de 1966.

En breve síntesis, la nueva Carta Magna sustituyó el Consejo Nacional de Gobierno por un presidente de la República elegido cada cinco años (y no cada cuatro, como venía ocurriendo), con potestades ampliadas y oficinas técnicas bajo su dependencia. No hubo cambios en el Poder Legislativo, aunque sí en sus relaciones con el Ejecutivo. Con retoques, como la introducción del balotaje aprobada en plebiscito en 1996, es la Constitución que rige a 2019.