Redacción El País
Las cifras oficiales de los delitos son desde hace tiempo un asunto de discordia entre oficialismo y oposición en Uruguay, sobre todo, en relación con los que estas reflejaban: si suben o bajan los ilícitos y qué revelan sobre la gestión de seguridad en curso.

Pero en las últimas horas, en particular, a raíz de la posición del senador del Frente Amplio Charles Carrera -quien fue además director general de Secretaría del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017-, se puso en tela de juicio la veracidad de los números que procesa el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de la cartera de seguridad.

El dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) dijo a El País este lunes que “con dolor en el alma” tenía que afirmar que “las cifras del ministerio no son confiables”, luego de que el ministro Nicolás Martinelli informara al Parlamento -a cuya Comisión Permanente asistió el viernes- que en 2023 las denuncias de rapiña habían bajado 4,4%, las de hurtos, 2,7%, y que los homicidios se mantuvieron estables, ya que fueron 382 -cuando en 2022 habían sido 383.

“Estamos convencidos de que hay un maquillaje”, subrayó el exjerarca ministerial, que lleva adelante un conteo propio de los homicidios que le dan 399.

La diferencia entre ese número y el oficial de Interior, indicaron a El País fuentes de esta cartera, responde a que en el registro que tiene el senador de la oposición -y que es con base en un seguimiento de los asesinatos que son divulgados por la prensa y las redes sociales- se cuentan los homicidios que luego la Justicia califica como casos de legítima defensa -y que por tanto el Observatorio descarta-, además de que no se realiza la “depuración” que los técnicos hacen a los casos que son ingresados al sistema ni bien ocurren.

“Lo que está claro es que la forma de medir la evolución de los delitos no ha cambiado”, con respecto a lo que se hacía en los gobiernos del Frente Amplio, señaló a El País el subsecretario del Interior, Pablo Abdala.

“La producción de los datos la realiza el mismo Observatorio que funcionaba en las administraciones anteriores -insistió-, y lo hace actuando con la misma independencia técnica e integrado por las mismas personas”.

Y siguió, tomando una línea argumental que en su momento defendió el fallecido ministro Jorge Larrañaga, y luego continuó el extitular de Interior, Luis Alberto Heber: “No se puede sostener sin fundamentos que lo que era confiable antes dejó de serlo ahora. No ha habido ningún cambio, y los números del Observatorio son el resultado de un trabajo que no tiene la más mínima interferencia, como quiero creer que ocurría antes”.

Parte de la extensa sesión parlamentaria del viernes versó, otra vez, sobre la preocupación del Frente Amplio acerca del aumento de las muertes dudosas, un fenómeno para el cual no hay todavía una explicación certera, pero que para el gobierno no se trata en ningún caso de un “ocultamiento de homicidios”, como de alguna manera insinúa la oposición.

Para sostener su postura, Interior se basa en un informe académico -titulado Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022)-, apoyado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que en esencia concluyó que “el perfil” de las víctimas que sufrieron las llamadas “muertes dudosas” es muy distinto al que suele encontrarse en los asesinatos. “La gran mayoría de estas muertes se dan por causa natural, cuando la persona fallece sin asistencia médica, razón por la cual es enviada al Instituto Forense para confirmar que la muerte fue, de hecho, por causas naturales. Esta tendencia se habría agudizado notablemente a partir del covid-19, período en que aumentó la mortalidad de las personas de la tercera edad y en que las personas se mantuvieron aisladas por recomendación sanitaria, lo que explicaría el súbito aumento de los casos en los últimos años”, señala el estudio de los autores Emiliano Rojido, Ignacio Cano y Doriam Borges.

En las muertes dudosas, agregó Abdala, las víctimas suelen ser “personas mayores”, además de que también hay “una participación de mujeres que es bastante mayor que la que se ve en los homicidios”.

Asimismo, en la calificación de este tipo de muertes, participan varias instituciones. “Eso es algo que debería desterrar cualquier tipo de duda o eventual suspicacia, porque quien califica las muertes dudosas no es el Ministerio del Interior, sino los fiscales actuantes, con informes previos del Instituto Técnico Forense, que es dependiente del Poder Judicial, o incluso los médicos actuantes”, sostuvo Abdala, que afirmó que estas muertes también subieron en el último gobierno frenteamplista, cuando pasaron de 52 en 2015 a 205 en 2019. “Ahora hay más (en 2023 fueron 189), pero no se puede insinuar que detrás de estas muertes se estarían disimulando homicidios. Decir eso es acusar, antes que al ministerio, al Poder Judicial, la Fiscalía y el sistema de salud”, concluyó.