Por Fabián Cambiaso
La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclamó en el Parlamento que todas las personas encarceladas hoy por delitos vinculados al terrorismo de Estado sean excluidos expresamente de la posibilidad de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, como establece el proyecto de ley que se pretende votar el 6 de junio.

“No estamos hablando de pobres viejitos o de gente inofensiva”, alertó Ignacio Errandonea, uno de los referentes de la organización, al exponer el pasado martes ante la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

“Son criminales que al día de hoy no están arrepentidos, están convencidos de lo que hicieron y continúan reivindicando lo que hicieron”, agregó el dirigente. Tampoco, apuntó Errandonea, colaboran con la Justicia para el hallazgo de los restos de sus familiares.

El hermano de Ignacio Errandonea, Juan Pablo, fue secuestrado en setiembre de 1976 y jamás se supo de su destino.

“Sentimos que somos parte y que tenemos que aportar nuestra opinión, porque este nuevo proyecto de ley también nos toca”, dijo el representante de Familiares.

Errandonea sostuvo que Madres y Familiares entienden que aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad no deberían estar comprendidos en este proyecto ley.

“Se estaría otorgando prisión domiciliaria a criminales que mantienen a nuestros familiares secuestrados”, insistió, aludiendo a que la nueva legislación habla de “detenidos-desaparecidos”.

Allí recordó que Uruguay ha suscripto una serie de convenciones a nivel internacionales que penalizan los delitos de lesa humanidad y que habilitar la prisión domiciliaria para estos casos podría generar un contrasentido.

Reparó, no obstante, que los exmilitares y policías detenidos no han sido tipificados con esa conducta. De allí la importancia, remarcó, de que queden excluidos a texto expreso de los alcances de este proyecto.

Ante los legisladores, Familiares aludió al informe que Cancillería había elevado al Parlamento, una advertencia sobre las consecuencias que podía tener la aprobación de un proyecto de este tipo.

Por otra parte, Errandonea descartó cualquier intención de “venganza” en la postura de la organización. “Muchos de los detenidos por estos delitos están en prisión domiciliaria y jamás nos han escuchado decir: ‘no, tiene que morirse en cana’”. Y en ese sentido, el dirigente recordó que este beneficio ya está previsto por la ley para casos extremos.

“Tampoco hemos salido a cuestionar que estén en una cárcel VIP, en la que ojalá todos los presos estuvieran, como en Domingo Arena”, apuntó. Y enfatizó que en dicho centro carcelario no existe el hacinamiento y que cuentan con atención médica, por lo que no se justifica que deban cumplir su pena en sus domicilios.

Errandonea señaló además que otorgarles prisión domiciliaria sentaría un mal precedente. “En la medida en que la Justicia no actúe, podemos estar más tentados a cometer determinados tipos de delitos”, dijo.

Javier Tassino es el hermano de Oscar, desaparecido en julio de 1977 en La Tablada. Ante los legisladores, advirtió sobre la “peligrosidad” que siguen representando algunos de los recluidos en Domingo Arena y puso como ejemplo al coronel Eduardo Ferro.

Tassino pidió “poner el corazón encima de la mesa” y reflexionar sobre a quiénes se les daría la “libertad”. “Son gente que hizo las peores cosas de la vida en este país. Mataron y no les alcanzó con eso, sino que también desaparecieron a personas. Imagínense esa cabeza”, concluyó.