Redacción El País
El 31 de agosto de 2022, Luis Calabria dejó su cargo en el Ministerio del Interior. El entonces director general de Secretaría debió renunciar luego de haber utilizado las instalaciones del Hospital Policial, algo que por su condición de civil no le correspondía. La consulta médica le terminó costando $ 2.480 que el jerarca, que ahora se desempeña como asesor en Presidencia de la República, resolvió devolver al Ministerio del Interior, según consta en el recibo correspondiente que le expidió la cartera para certificar el pago y al que accedió El País.

Otro de los jerarcas de este gobierno que debieron dimitir por utilizar las instalaciones del centro médico fue Santiago González, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana hasta mayo. En su caso, el exjerarca también reintegró el valor de las consultas que recibió gratuitamente en el Policial abonando el 7 de julio $ 14.752, luego de haber reconocido que utilizó, también en forma irregular, los servicios de policlínica, farmacia y emergencia del centro de salud.

Esas fueron las únicas consecuencias políticas que generaron los cuestionamientos hechos por el actual gobierno a exjerarcas y legisladores del Frente Amplio en anteriores períodos, quienes se atendieron en el Hospital Policial a pesar de no ser funcionarios policiales.

De hecho, el Ministerio del Interior busca recuperar más de $ 1 millón de manos de la diputada Susana Pereyra -esposa del entonces ministro Eduardo Bonomi-, del exdirector de Comunicación Fernando Gil, de la exsecretaria del ministro Lidia Alonso y de Andrea Epifanio, pareja del entonces director general y hoy senador, Charles Carrera.

La información, divulgada el lunes por El País, reabrió la polémica. Para el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, no hubo irregularidades y afirmó, entrevistado en Canal 10, compartir el “criterio” que aplicaba Bonomi por el cual “los que trabajan (en la cartera) puedan atender su salud allí donde trabajen”.

En ese sentido, Pereira consideró “disparatado” que los dos jerarcas del actual gobierno, sobre todo Calabria, tuvieran que renunciar a sus cargos por este tema. “Por ir a un oftalmólogo”, ironizó. Pereira atribuyó las renuncias de Calabria y de González al actual oficialismo, que “por ponerse tan rígidos” y “pasarse de rosca”, provocaron sus salidas. “El tema lo va a laudar la Fiscalía, no lo voy a laudar yo o Gandini”, dijo, en referencia al legislador que promovió una investigadora en el Parlamento por este tema.

El senador nacionalista Jorge Gandini, en tanto, le pidió al presidente del Frente Amplio que “no mienta”. Y remarcó que el Policial solo puede ser usado legalmente por funcionarios policiales retirados o en actividad, sus esposas, concubinas e hijos, aportando el 4% de sus salarios al Policial. Por ello, Gandini le pidió justificar por qué las esposas de Bonomi y de Carrera fueron registradas como “oficial subayudante” para ser atendidas en ese hospital. Y desafió a Pereira a que “muestre el marco legal” que permitiría beneficiar a civiles o a familiares de jerarcas políticos.

En un informe remitido por Sanidad Policial en poder del Parlamento se indicó que, en estos casos les fue otorgado un grado policial -que no les correspondía- para que de esa manera pudieran acceder a la atención en el Hospital Policial.