Legisladores del FA prevén impulsar una “batería de proyectos de ley” por caso Marset

EN EL PARLAMENTO

La interpelación a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) por la expedición de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marsetdejó gusto a poco en el Frente Amplio (FA). La muestra más evidente fue el pedido de que los secretarios de Estado den un paso al costado tras la sesión del Senado del 22 de agosto.

A una semana del llamado a sala, donde la coalición de gobierno respaldó en bloque a los ministros, los legisladores del FA prevén impulsar una “batería de proyectos de ley” para frenar la posibilidad de que el narcotráfico se infiltre en la política uruguaya, un tema que estuvo sobre la mesa en la interpelación pero fue descartado de plano por el oficialismo.

La creación del delito de enriquecimiento ilícito es la primera iniciativa en la lista. El senador Daniel Caggiani, del Movimiento de Participación Popular (MPP), dijo a El País que es una forma de penar la corrupción y está inspirada en iniciativas promovidas por otros países de la región. Las convenciones Interamericana y de Naciones Unidas contra la Corrupción recomiendan la adopción de medidas para penalizar el incremento del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos, que no pueda ser justificado razonablemente por él.

Caggiani indicó que en los próximos días presentarán la iniciativa en el Parlamento, después de haber ajustado algunos detalles que están a discusión. Actualmente, la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta está estudiando un proyecto de ley presentado en 2021 por los senadores de Cabildo Abierto. En el período pasado, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que no se aprobó.

Por otra parte, el FA impulsará otras dos iniciativas parlamentarias a raíz de la emisión del pasaporte para Marset, requerido por liderar una banda dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos en Paraguay, que estando preso en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) quedó en libertad con el documento oficial uruguayo.

Una, como informó El Observador y confirmó Caggiani a El País, es reimpulsar la discusión sobre el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, a partir de la modificación de la Ley de Partidos Políticos de 2009.

Y la segunda pretende fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública en su rol fiscalizador.