RESOLUCIÓN

El presidente Luis Lacalle Pou resolvió el miércoles pasado "no hacer lugar a la denuncia y petición formulada por el funcionario sumariado Miguel Ángel Toma" el 13 de octubre pasado, en la que el fiscal de gobierno pidió que "se investigara cómo era posible que se filtrase todos los días información de esa 'investigación' (administrativa)", por sus sus viajes oficiales al exterior durante 2019, de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso El País. También se eleva las actuaciones a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) "en virtud de la gravedad de las afirmaciones" de Toma.

El 9 de diciembre pasado, Presidencia dispuso un sumario y suspensión preventiva del cargo a Toma por seis meses para el exsecretario de la Presidencia entre 2008-2010 y 2015-2020. Pocos días después, el 18 de diciembre, Toma presentó un recurso de revocación del sumario implementado por el Poder Ejecutivo, según informó Informativo Sarandí.

En ese documento, elaborado por el abogado Daniel Ochs en representación de Toma, se expresa que en el curso de la investigación administrativa, resulta “notorio” que Lacalle Pou se refirió en diversos medios al caso, exponiendo un juicio valorativo adverso sobre el exsecretario de Presidencia de la República, entre otras consideraciones.

Frente a la denuncia presentada por Toma el 13 de octubre por "filtraciones" de la investigación a la prensa, Presidencia respondió el 6 de enero que las afirmaciones de Toma "deshonran a la institución a la que pertenece, realizando aseveraciones absolutamente falsas sobre el accionar del Poder Ejecutivo, y de los medios de comunicación en general".

En esa línea, se indica que Toma "realiza afirmaciones falsas, acusando al Poder Ejecutivo de haber entregado el expediente de la investigación administrativa a la prensa, lo cual constituye para un funcionario de su jerarquía dependiente de dicho Poder del Estado, una conducta impropia, indecorosa y de la más absoluta falta de ética".

Además, se sostiene que esas declaraciones del exsecretario de Presidencia son "carentes del más mínimo fundamento" y que "solo tienen por objeto el descrédito de la imagen pública de la Administración a la que dicho funcionario pertenece".

Lacalle Pou dispuso una investigación administrativa el 18 de setiembre para “esclarecer” las misiones oficiales de las que participó Toma.

Dos días antes, el 16 de setiembre, el programa "Así Nos Va" (Radio Carve) divulgó que a comienzos de este año la Jutep archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por Toma y Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La investigación se abrió producto de una denuncia anónima en la que se advertía la realización de dichos viajes.

Un día después, el 17 de setiembre, el semanario Búsqueda dio cuenta de la denuncia anónima que recibió el entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, en su mail acerca de esta situación.

Toma, - que declaró el 29 de setiembre por seis horas ante Sánchez en Torre Ejecutiva -, no logró probar que Pérez tenía la idoneidad técnica para concurrir a misiones oficiales relacionadas con juicios a militares uruguayos en el marco del “Plan Cóndor” en Roma y al arbitraje internacional iniciado por la minera Aratirí en Washington.