PROYECTO DE LEY
El diputado Felipe Schipani explicó que se buscará incluir que al empleado estatal -que no asista ante la convocatoria del Parlamento- se le llame la atención con una falta administrativa.
Hasta ahora una comisión investigadora parlamentariano puede obligar a concurrir a nadie, ya sea público o privado, pero si prospera un proyecto de ley que pretende impulsar la coalición de gobierno los funcionarios estatales tendrán que asistir, o en caso contrario podría considerarse una “falta”.
El tema está sobre la mesa por la investigadora parlamentaria de licencias irregulares de Fenapes, donde se invitaron a 103 testigos y concurrieron a declarar cerca de 40. La mayoría de los que no fueron son exautoridades, sindicalistas o directores de liceos.
En el caso de los dirigentes sindicales, asistió el presidente de Fenapes, José Olivera, en nombre del gremio. No concurrieron otros citados -salvo Mario Bango- “por falta de garantías en el accionar” de la comisión, según se informó a la asesora que funciona en la órbita de Diputados.
“Hoy la ley no obliga a concurrir a una investigadora, yo estoy trabajando en un proyecto para establecer eso a determinadas personas, por ejemplo a los funcionarios públicos”, dijo a El País el diputado colorado Felipe Schipani.
En ese sentido, explicó que se buscará incluir que al empleado estatal -que no asista ante la convocatoria del Parlamento- se le llame la atención con una falta administrativa, ya que los funcionarios públicos “tienen el deber de colaborar a los efectos de esclarecer hechos que puedan ser irregulares”.
La propuesta, que no terminó de ser redactada, apunta a que las investigadoras parlamentarias “tengan más elementos” para indagar sobre los diversos temas y desarrollar su labor. “En este caso recabamos mucha prueba con la treintena de testimonios que tuvimos, pero lo mismo pasó en la investigadora de Ancap donde muchos empleados no quisieron ir a declarar”, advirtió el legislador. Por lo que, Schipani consideró necesario “fortalecer” el Parlamento en su rol de fiscalizador o investigador.
Consultado por El País, el diputado nacionalista, Alfonso Lereté coincidió con el criterio de obligar a los públicos a declarar en una investigadora. “Me parece correcto si son funcionarios estatales, porque son servidores públicos y a cualquier escalafón o responsabilidad es muy importante que se pueda presentar en una investigadora para aportar insumos que permita desentrañar un caso”, afirmó.
Lereté consideró que “tener una norma de esa naturaleza nos podría haber aportado elementos importantes” en la investigadora sobre posibles licencias irregulares de sindicalistas en Secundaria.
En coincidencia, el diputado y coordinador de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, dijo a El País que “debería ser obligatorio que las personas vayan a declarar a las investigadoras parlamentarias”. “Creo que tendría que ser así porque es uno de los poderes del Estado que lo está pidiendo y los ciudadanos tenemos derechos y deberes”, concluyó al respecto.
No es la primera vez que se maneja la posibilidad de obligar a los testigos a ir a declarar a una comisión investigadora. En febrero de 2016, el entonces senador colorado, Pedro Bordaberry, presentó un proyecto de ley en este sentido, pero la diferencia es que se obligaba tanto a públicos como a privados.
Esta iniciativa proponía que en caso de que una persona se rehusara a concurrir, “podría ser conducido por la fuerza pública, cuyo auxilio deberá prestarse cuando lo requiera la comisión investigadora, informándose al juez en lo penal de turno”. El proyecto no prosperó.
Descargos de Fenapes
En lo que refiere a la investigadora de Fenapes, el pasado viernes, el presidente del gremio José Olivera levantó una carpeta con más de 4.000 folios que componen la investigación legislativa, confirmó Lereté, presidente de la comisión.
Olivera, al igual que otros sindicalistas, y los exconsejeros de Secundaria Celsa Puente y Javier Landoni fueron notificados de los resultados de la investigación para que pudieran hacer sus descargos.
De acuerdo con la resolución de la investigadora -aprobada sin los votos del Frente - de la actuación de la comisión “surgen presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva” en las que “podrían haber incurrido las personas que se individualizan”.
Lereté confirmó que “salieron todas las notificaciones del Palacio Legislativo en tiempo y forma” con las direcciones aportadas por Secundaria correspondiente a los legajos de los funcionarios.
Asunto político en Diputados
Hoy, en el Plenario de la Cámara de Diputados, la coalición de gobierno pedirá que se trate como una “cuestión política” la forma en que se expresó el Frente Amplio, sobre la investigadora parlamentaria por licencias irregulares. Esto, luego de que se advirtiera en una resolución -en la que se nombra a sindicalistas y exconsejeros de Secundaria- que del trabajo de la comisión surgen “presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva”.
En un comunicado, el Secretariado del Frente Amplio expresó su preocupación “ante el daño que estas acciones generan en las instituciones democráticas y en los derechos de la ciudadanía, al tomar al Parlamento de rehén para ejecutar prácticas persecutorias y antidemocráticas que obedecen a fines revanchistas y personales”. “Lo que dice el comunicado no solo agravia a todos los integrantes de la comisión investigadora, sino a todo el Parlamento”, afirmó el diputado colorado Felipe Schipani.
Por su parte, en una conferencia, Fenapes catalogó la semana pasada de “persecución política sindical” la decisión del oficialismo de acusar a varios de sus integrantes, para buscar “criminalizar la organización sindical”. En tanto, señaló que acudirán a la Justicia para demostrar su inocencia.
En la misma conferencia, el presidente de Fenapes, José Olivera, consideró que la investigadora “es ilegítima”, porque la ley que regula el funcionamiento prohíbe la investigación “de personas de derecho privado”, como lo es el sindicato de profesores de Secundaria.
Además, señaló que durante la comparecencia al Parlamento se presentó documentación “que sigue siendo desconocida hasta el día de hoy”. En tanto, cuestionó que se quisiera borrar de actas su comparencia a comisión.
Constitución establece potestades de investigar
Las Cámaras (Senado y Diputados) podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación, según establece la Constitución de la República. Las mismas deben ser aprobadas por mayoría de los integrantes de cada cuerpo.En su artículo 66, la Constitución establece que “ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos, se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular defensa”.