Redacción El País
La redacción del proyecto de ley de Presupuesto y las pautas para la ronda de los consejos de salarios son dos de las prioridades para los primeros meses de la administración que arranca. Pero, más allá de esas grandes líneas, hay una cantidad de decisiones que Yamandú Orsi deberá adoptar y que pueden implicar un cambio de rumbo respecto al gobierno que terminó. Y allí aparecen, entre otras, las posibles modificaciones a la Ley de Urgente Consideración (LUC), una eventual nueva reforma de la seguridad social, la política tributaria y la inserción internacional. Aquí un panorama en esas cuatro áreas.

El Frente Amplio se opuso en el Parlamento a la LUC (aunque votó muchos artículos) y apoyó la derogación de 135 artículos en el referéndum de marzo de 2022, que fracasó. Por eso es bastante claro que el nuevo gobierno intentará cambiar algunas medidas aprobadas en la ley ómnibus de la administración anterior, aunque todo dependerá de las negociaciones en el Poder Legislativo ya que la izquierda no tiene mayorías en la Cámara de Diputados. Ahora bien, no es esperable una suerte de ley “anti LUC” que desande el camino de la ley votada en el gobierno de Luis Lacalle Pou, sino que más bien serían iniciativas puntuales que envíe el Poder Ejecutivo al Legislativo, explicaron a El País fuentes del oficialismo.

Aunque aún no hay definiciones concretas (“estamos analizando y coordinando entre varios decisores”, dijo un integrante del gabinete), en temas de seguridad aparecen varios ítems de la LUC que podrían ser modificados, dado que el propio ministro Carlos Negro, la subsecretaria Gabriela Valverde y el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz han sido críticos con aspectos de la ley de Lacalle Pou.

Foto: Francisco Flores

La suspensión condicional del proceso, derogada en la LUC, está sobre la mesa. Se trata de un mecanismo que permitía al imputado alcanzar un acuerdo con Fiscalía por el que se suspendía el proceso y se eliminaban antecedentes penales, cumpliendo siempre con determinadas obligaciones.

Cuando aún era fiscal de Corte, Jorge Díaz asistió al Parlamento en mayo de 2020 y recomendó no derogar la suspensión condicional. “Creemos que se está pagando un precio muy alto por cuatro o cinco errores, o malas soluciones que podemos contar con un dedo de la mano, que caricaturizados como lo fueron, terminamos eliminando un instituto que realmente solucionaría un montón de problemas en los adultos y ni que hablar en los adolescentes”, afirmó el hoy prosecretario. Se refirió, entre otros, al caso de un hombre de Canelones que debió cocinar y donar 100 tortas fritas luego de ser encontrado culpable de comprar un objeto robado. El caso se hizo muy conocido y la decisión judicial cuestionada en forma pública.

Otro tema vinculado a la seguridad que puede estar bajo la lupa es el de las penas por delitos de microtráfico en las cárceles: la LUC estableció cuatro a 15 años de cárcel para quien entregue, venda o facilite drogas en las inmediaciones o en el interior de las cárceles, además de lugares de enseñanza, sanitarios o culturales. Esto provocó un aumento de los casos de mujeres privadas de libertad. Si bien las penas para el microtráfico en los centros carcelarios se flexibilizaron en la última Rendición de Cuentas, aún sigue siendo un tema que provoca objeciones en la izquierda y en actores del sistema judicial.

Entre otros enigmas está si se mantendrá el artículo que establece la legítima defensa policial (“fue un saludo a la bandera”, dijo Valverde en canal 10 y consideró que los policías “para nada” están ahora más protegidos) y el que fijó una pena de seis meses a tres años de prisión ante un intento de resistir un arresto. Ambos fueron cuestionados desde filas frenteamplistas.

A nivel educativo, mientras tanto, se prevén cambios en la gobernanza. La LUC suprimió los consejos de Educación Inicial y Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional, incorporando dentro del Codicen a directores generales de cada subsistema. Eso implicó la eliminación de los consejeros en representación de los docentes en esos subsistemas. Según dijeron a El País fuentes educativas de este gobierno, la apuesta es volver a instalar esos cargos de directores que representaban a los docentes porque se entiende que su desaparición implicó una pérdida de “espacios de transacción” a nivel educativo. Eso no implica que necesariamente se vuelva a los viejos consejos pero sí hay intención de “recomponer los espacios de participación”.

Foto: Nicolás Pereyra

El programa del Frente Amplio habla de impulsar “un nuevo diseño del gobierno de la educación, revisando la legislación vigente”. También que la educación “tiene que ser construida colectivamente con la indispensable participación social y de todos los actores de la comunidad educativa”. Eso también va de la mano con la idea de reimpulsar los Consejos de Participación en los centros educativos, con docentes, funcionarios, estudiantes y familias, establecidos en la ley de educación de 2008.

Otros cambios educativos de temas incluidos en la LUC pasarían por establecer la obligatoriedad de la educación a los 3 años (aquella ley la fija desde 4 años en adelante) e intentar dar marcha atrás con la modificación del artículo 7 de la ley general de educación, que originalmente establecía la obligación de los padres de “inscribir a los niños en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje”. Eso se cambió con la LUC y se estableció que los padres tienen “el deber de contribuir al cumplimiento” de la educación obligatoria. Las actuales autoridades entienden, según reconstruyó El País, que la redacción actual elimina la obligación de inscribir a los niños en un centro y se da una “libertad” que no debería existir.

Otros artículos de la LUC que han sido cuestionados y podrían llegar a revisarse son el que limita las ocupaciones y el que declara “ilegítimos” los piquetes. El primero de ellos establece el derecho de la dirección de las empresas a “ingresar a las instalaciones libremente” y lo mismo el derecho de los no huelguistas a “acceder y trabajar”.

A nivel económico, podría ser revisado el artículo que establece la transacción en efectivo por hasta 100.000 dólares. De hecho, el año pasado la bancada de senadores del Frente presentó un proyecto de ley para bajar los límites permitidos, de modo de intentar evitar el lavado de activos.

Foto: Estefania Leal

Todavía no hay una fecha prevista pero a corto plazo el gobierno convocará a una comisión sectorial en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que discutirá cambios en el sistema previsional y que puede terminar en una nueva reforma de la seguridad social, para dar marcha atrás a algunos de los cambios implementados durante el gobierno anterior. Es decir, se viene algo así como la reforma de la reforma.

El economista Hugo Bai, quien hasta hace poco trabajó en el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt y representó a la central sindical en la comisión de expertos que discutió la reforma jubilatoria, coordinará el proceso.

Las comisiones sectoriales están previstas en la Constitución y en este caso la idea, según dijo Bai a El País, es que además de las jubilaciones y pensiones haya una mirada sobre la protección social donde se incluirá el debate de la primera infancia y las transferencias no contributivas, la discapacidad y cambios al sistema de cuidados.

En una primera instancia la discusión será interna del Poder Ejecutivo: habrá representantes de la OPP, del Banco de Previsión Social y de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía. Una vez que esté instrumentado el diálogo -tanto los temas como los plazos y la arquitectura-, se convocará a los actores sociales (empresarios y trabajadores) y los partidos con representación parlamentaria.

La idea es que el proceso de decisión no sea eterno, “que el diálogo sea acotado en el tiempo”, explicó Bai, “para poder implementar los cambios en plazos razonables”.

En cuanto a la seguridad social, se buscarán cambios a la ley 20.130 promulgada en ma-yo de 2023 para “resolver aspectos críticos o problemas que dejó planteada la reforma jubilatoria anterior”, indicó Bai. El programa del Frente Amplio anuncia que revisarán “todas las cajas jubilatorias” para “reformarlas en base al acceso igualitario a la seguridad social” y que “se deberán generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo”.

Ese es uno de los puntos centrales: si bajan otra vez la edad de retiro a los 60 años o, dicho al revés, si se revisa el aumento de la edad “al barrer”, al decir de Bai.

En noviembre, en una entrevista con el economista Javier de Haedo, el hoy ministro de Economía Gabriel Oddone dijo que se pretende revisar el sistema para que la jubilación temprana no sea para colectivos concretos sino para personas “que bajo ciertas circunstancias y especificaciones, puedan efectivamente configurar causal jubilatoria y retirarse antes”. Pero el presidente Orsi fue más claro: “Queremos que lo normal sean los 60 y ver la posibilidad de estimular o incentivar si la gente quiere trabajar más tiempo”.

¿Y las AFAP? Hay consenso, dijo Bai, en la necesidad de cambios en el pilar de ahorro para mejorar la “eficiencia” del sistema porque es “parte del mandato del nuevo gobierno”. Pero también es verdad que en la izquierda hay visiones encontradas sobre qué hacer con las AFAP: algunos sectores como el Partido Comunista apoyan eliminarlas y en campaña el hoy secretario de Presidencia Alejandro Sánchez habló de “nacionalizarlas”. Pero la posición que predomina es que deben seguir, con posibles retoques. En el fondo, indicó Bai, es “absolutamente central” que cualquier cambio esté en sintonía “con la sostenibilidad económico financiera” del sistema a corto, mediano y largo plazo. “Pero también está la sostenibilidad social del sistema: la cobertura y la suficiencia de las prestaciones”, alertó.

Foto: Nicolás Pereyra

La política exterior no fue un capítulo de gran despliegue en la campaña electoral, pero constituye un eje fundamental para todo gobierno.

En este terreno, el Frente Amplio llega con el diagnóstico de que el gobierno de Luis Lacalle Pou tuvo resultados muy limitados pese al énfasis y la insistencia puestos en la apertura al mundo.

El primer lineamiento de la política exterior del gobierno de Orsi es “no tironear” con el bloque regional. El canciller Mario Lubetkin, un hombre que proviene de la FAO, ha sostenido que “no existe” cortarse solos, tal como dijo en entrevista con El País. “Está claro que no podemos estar donde estamos, tenemos que ver hacia dónde podemos ir. Y ahí naturalmente depende cuál es la posición de los brasileños, cuál es la posición de los argentinos, cuál es la posición de los paraguayos”, planteó Lubetkin.

En el plano de la integración regional -y en lo que constituye de entrada otra diferencia con el rumbo de la política exterior- existe una evidente definición de acercarse al Brasil liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, y adherir a varios de los postulados generales de su agenda internacional.

En la semana posterior al balotaje, Orsi viajó a reunirse con Lula y su equipo en la capital brasileña, en una señal clara de acercamiento. “Hay una relación muy estrecha con mi partido político y fue una conversación entre amigos”, dijo en esa ocasión el presidente entrante. Y el día previo a su asunción, Orsi se reunió en Montevideo con sus pares de Brasil (Lula), Colombia (Gustavo Petro) y Chile (Gabriel Boric), en otra señal de sintonía con los gobiernos progresistas de la región.

Por su parte, la Cancillería liderada por Lubetkin ha manifestado un interés por priorizar organismos de integración latinoamericana, como la Celac, así como instancias de cooperación del “sur global”, categoría que se usa para referirse al variopinto grupo de economías emergentes, desde gigantes como China, India o Indonesia hasta países de África o América Latina, en contraposición a las potencias del norte.

Otro aspecto en el que parece haber distinto énfasis respecto a la gestión anterior es en el impulso de un posible ingreso de Uruguay al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp). Bajo la administración Lacalle Pou, Uruguay solicitó formar parte del bloque que reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, el Reino Unido, Singapur y Vietnam. El bloque estudia hoy el ingreso de Costa Rica. Uruguay es el siguiente en la lista. Sin cerrar la puerta a esa posibilidad, el nuevo gobierno muestra una postura escéptica, al menos respecto a las chances de que efectivamente Uruguay pueda ingresar. Y menos hacerlo sin el

Foto: Archivo El PaÍs