Intiman a la Intendencia de Montevideo a mostrar fotos de colorados colgando carteles

JUICIO

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En el juicio de embargo contra el Partido Colorado, la Justicia intimó a la Intendencia de Montevideo a presentar las fotos de los militantes que colgaron carteles en la campaña política a nombre de esa colectividad y nunca los retiraron.

El proceso se inició en el juzgado civil en julio del año pasado, cuando la intendencia se presentó a iniciar una demanda contra el Partido Colorado luego de aplicarle 115 multas por $ 10.343.372, que al valor del dólar interbancario hoy representaría US$ 253.825.

Las multas -que fueron aplicadas por el no retiro de cartelería en la vía pública- nunca fueron pagas y para cubrir el monto adeudado se reclamó el embargo.

El secretario general de la colectividad y expresidente, Julio María Sanguinetti, y el edil Tulio Tartaglia, plantearon sus argumentos en contra del embargo, que van desde aspectos formales hasta de fondo. Por ejemplo, sostienen que “hay un error en la redacción de la demanda”, porque la intendencia no distingue entre resolución y multas aplicadas. Esto es: lo que se pide ejecutar son 115 resoluciones que representan en realidad 1.814 multas.

Además, se argumenta que la intendencia no acreditó la intimación de pago. “Las multas aplicadas no son la consecuencia de un incumplimiento en el pago”, afirman. Con respecto al tema de fondo, se asegura que la intendencia “crea una ficción en la cual le atribuye una responsabilidad al Partido Colorado por un supuesto hecho que contraviene la normativa municipal”.

“¿Cómo constató que el Partido Colorado es el responsable de la cartelería? ¿Acaso la cartelería tenía la firma del Partido Colorado?”, preguntan. Y acto seguido contestan: “Y allí viene la ficción jurídica”.

A eso agregan en su escrito: “No entendemos la razón por la que, con toda la ligereza, se demanda al Partido Colorado”. En ese marco, subrayan que “parece que la IMM confunde al partido político con el concepto de dirigentes, o simpatizantes o adherentes o listas”. Entonces, según los colorados, “quienes realizan la propaganda en vía pública son los dirigentes, o simpatizantes o adherentes o listas; no el Partido Colorado”.

En este sentido la histórica fuerza política reclamó que se intime a la intendencia a acreditar “con archivos fotográficos que obren en su poder” el hecho de que la cartelería -objeto de la sanción que se quiere aplicar- sea de propiedad de esa colectividad.

“Las mencionadas fotos servirán para precisar qué agrupación y número de lista colocó las columneras”, explican. En ese marco aseguran que, el Partido Colorado “no impartió orden alguna respecto del sitio y forma de colocación de cartelería”.

“Quedó claro que el Partido Colorado no está legitimado para ser demandado, en tanto y en cuanto no fue quien colocó o es propietario de la cartelería por el cual se le imputan multas”, se concluye.

En su contestación, la intendencia aseguró que Sanguinetti y Tartaglia “carecen de la representación que invocan para comparecer en nombre del Partido Colorado”. “La representación corresponde al presidente y secretario general actuando conjuntamente”, subrayan en base a la carta orgánica.

Además, la intendencia sostiene “que debe tenerse presente que los distintos partidos son celosos custodios de sus símbolos”, y “si las listas o agrupaciones que efectuaran la propaganda no lo representaban, la autoridad partidaria debió haber vedado la utilización de los símbolos”.

El pasado 2 de junio, en audiencia entre Partido Colorado y la Intendencia de Montevideo, las partes no llegaron a una conciliación. La jueza en primera instancia en lo civil de 11° Turno, Lola Gómez, hizo lugar a la intimación solicitada por la colectividad para que se presenten las multas correspondientes, según el expediente al que tuvo acceso El País.

La magistrada otorgó un plazo de 30 días corridos para que se presenten las fotografías como pruebas y no hizo lugar al recurso de reposición presentado por la intendencia, acerca de que esto no era necesario.

En tanto, cumplida la intimación pidió a las partes volver a presentarse para la audiencia de alegatos. Una vez que estudie todo el expediente, la jueza dictará una sentencia definitiva que puede o no confirmar el embargo. En caso de que se confirme, el Partido Colorado debería abonar la deuda con la intendencia, aunque puede apelar.