Ingreso a las intendencias: inclusión de entes, escollo constitucional y cruces políticos trancan aprobación

Redacción El País
El proyecto de ley vinculado a los ingresos a las intendencias, que se debatió este martes en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, se encontró, pese al aval de todos los intendentes sin importar al partido político al que pertenezcan, con varios escollos. Legisladores frenteamplistas, blancos y colorados presentaran reparos por distintos aspectos de la iniciativa, que busca recoger el espíritu de una idea planteada en 2023 por el fallecido exsenador colorado Adrián Peña.

El más crítico con el plan fue el senador Pedro Bordaberry, que advirtió sobre la eficacia para controlar realmente el ingreso a las intendencias con este plan, e incluso sostuvo que alguno de los artículos podría ser inconstitucional; pero, también, blancos y frenteamplistas fueron críticos con que en el proyecto se quieran incluir limitaciones para el ingreso a los entes.

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú y presidente del Congreso de Intendentes, aseguró que el proyecto, que cuenta con siete artículos, busca la “transparencia y cristalinidad en base a los principios que nos rigen en la contratación pública", no obstante reconoció que el plan “es un punto de partida” y que los jefes departamentales están de acuerdo con incluir modificaciones.

El jefe departamental blanco, además, recordó que el acuerdo incluye a intendentes de cuatro partidos diferentes: el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Coalición Republicana, que gobierna en Salto.

En el articulado se expresa cómo será la contratación de personal por parte de las intendencias, con el objetivo de evitar el clientelismo político. El artículo primero expresa: “El ingreso a la función pública en todos los Gobiernos Departamentales y en todos los Entes Autónomos, se realizará mediante concursos públicos y abiertos, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad de oportunidades y a la justa ponderación entre capacidad técnica y los méritos y antecedentes de cada persona, todo ello sin perjuicio de la cuotas que las leyes de discriminación positiva o acciones afirmativas, establecen actualmente y lo hagan en el futuro para promover la igualdad de oportunidades”.

El proyecto también prevé que los gobiernos puedan celebrar contratos de arrendamiento de obra y servicios, pasantes, zafrales y otras modalidades “respetando los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y/o competencia en cuanto corresponda” sin que esto genere derechos a adquirir la calidad de funcionario público.

Por otro lado, establece que no se podrán realizar “designaciones de nuevos funcionarios presupuestados o contratados dentro de los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno departamental ni iniciarse procesos para la provisión de vacantes”.

El artículo cuarto, en tanto, prevé la contratación directa de personas que cesarán al finalizar el período de gobierno. La ley establece que este tipo de funcionarios podrán ser “hasta 4% del total” de la plantilla.

Con el primer punto, por el que la normativa es aplicable tanto a las intendencias como a los entes, ya hubo objeciones por parte de varios legisladores presentes en la comisión este martes.

La senadora frenteamplista Liliam Kechichian, sostuvo al respecto “Lo de los entes autónomos no lo entendemos. Si ustedes tienen alguna explicación, la escuchamos. No decimos ni sí ni no; simplemente no entendemos por qué se incorporó. Si hay un fundamento de por qué es importante que esté en el proyecto, nos gustaría escucharlo”.

En el mismo sentido se expresó la nacionalista Graciela Bianchi, al señalar: "No entiendo la presencia de los entes autónomos acá". Y también la frentamplista Patricia Kramer, que preguntó: "¿Cuán importante es que mantengamos los entes o no, en lo que hace al proyecto?".

Foto: Estefanía Leal.

Olivera contestó sacándole dramatismo al asunto, al declarar: "Aprovechando que el artículo 64 de la Constitución habla no solo de los gobiernos departamentales, sino también de los entes autónomos, entendíamos que como principio general en ese artículo 1º se podía englobar, ya que requiere también de una mayoría especial. Quizás nos excedimos en nuestro optimismo o en nuestra capacidad propositiva. (...) Solo era una sugerencia que ustedes podrán o no considerar".

Con esto, todo indica que los entes serían retirados del proyecto de ley, para conseguir así llegar a un acuerdo.

Bordaberry, en tanto, planteó tres dudas que marcaron de alguna manera el rumbo de la conversación: cómo funcionará el ingreso de forma directa por motivos de idoneidad, lo que deberá ser avalado por el intendente; cómo funcionará el ingreso en forma directa por parte del intendente de cargos de particular confianza que cree la Junta Departamental y cómo funcionarán los ingresos en forma directa en situaciones similares a la ley 18.719, que establece la posibilidad de celebrar contratos siempre y cuando estos se lleven adelante con personas físicas que no tengan calidad de funcionarios públicos.

Es decir, los reparos más importantes del líder de Vamos Uruguay tienen que ver con la forma en que se manejarán esas contrataciones directas, que podrán llegar al 4% de la planilla, en cada una de las comunas.

Se “dice que las contrataciones —que son las de los becarios, algunos contratos laborales especiales, los artísticos, etcétera— se realizarán al amparo de las normas legales, pero no se determinan cuáles son. Yo interpreto que son las contenidas en los artículos 47 y siguientes de la Ley N° 18.719, que son las que regulan este tipo de contratos por ley, y las únicas. El problema es que, si estamos haciendo aplicables las normas legales, estamos haciendo incurrir a este proyecto de ley en una inconstitucionalidad –inconstitucionalidad que ya ha declarado la Suprema Corte de Justicia– y corremos el riesgo de tornarlo inconstitucional”, sostuvo Bordaberry.

En otra alocución, que algunos legisladores que participaron en la comisión entendieron como “sarcástica”, Bordaberry también planteó que veía cierta “concordia” entre distintos legisladores que forman parte de la comisión, y paso seguido planteó dudas en cuanto a que se recoja verdaderamente el espíritu del proyecto original: “El tema es que quizá la gran motivación de Adrián Peña, que fue el que propuso esto, era evitar las tentaciones. Justamente siempre cuando llegan los momentos electorales existen las tentaciones, las presiones, y todos los correligionarios necesitan trabajo. Todos lo hemos vivido. El tema es tener un sistema legal que realmente blinde para no ingresar en esas tentaciones”.

“Veo que hay un lindísimo espíritu acá de concordia. Estoy seguro de que todos estamos contentos con eso y me sumo a ese espíritu, porque estamos todos de acuerdo en que no hay que utilizar el ingreso de funcionarios públicos para beneficio de partidos o de sectores políticos. Obviamente, es algo que todos compartimos”, sostuvo también Bordaberry, y para muchos de los que estaban en sala la frase escondía otra discusión, que no se documentó de forma explícita en la versión taquigráfica, pero que varios de los legisladores que participaron de la comisión confiaron a El País que existió.

Tanto Olivera, de Paysandú, como el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, destacaron la importancia de votar una iniciativa de estas características, siendo que los intendentes lograron ponerse de acuerdo para llevarla adelante. Esto fue destacado por legisladores frenteamplistas, nacionalistas, y también por el secretario general de los colorados, Andrés Ojeda, quien en un momento señaló: “Evidentemente las cosas que se discuten o se ponen en conversación ahora son bastante laterales y conversables e, incluso, si no estuviesen, también esto sería fácilmente aprobable”.

Foto: Captura de YouTube @Canal5Uruguay.

El senador nacionalista Javier García, también se pronunció a favor de avanzar con rapidez en la iniciativa: “Si podemos comprometernos a expedirnos sobre este proyecto en comisión en setiembre, quizás en octubre, en las sesiones previas a que comencemos con el proyecto de presupuesto, podremos aprobar este asunto. (...) De esta forma, los intendentes se pueden ir con un calendario previsible”.

Foto: Estefanía Leal/El País.

Tras esto, hubo varias caminatas por la sala, conversaciones de Bordaberry con legisladores de la coalición y del Frente Amplio, e incluso, según supo El País, alguna molestia de legisladores por un posible acuerdo entre parte del Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado, para dar apoyo al proyecto de los intendentes con celeridad.

Se espera que la comisión vuelva a reunirse por este tema en 15 días, mientras se avanza en solucionar los posibles escollos para la aprobación del proyecto.