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Por Rosina de Armas
Este 2023 está siendo un año de definición electoral para el Frente Amplio. A la discusión sobre precandidaturas se suma la determinación de las bases programáticas, que se someterán a votación en el Congreso de diciembre.

Con ese telón de fondo los sectores y alianzas definen sus prioridades para una campaña que, esperan y algunos están convencidos, culminará con la cuarta victoria de la coalición de izquierda en los comicios.

La recién fundada corriente Izquierda y Libertad, que nuclea al Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Casa Grande, la Lista 5005 y frenteamplistas no sectorizados, enarboló como una de sus 11 “banderas” la discusión de una reforma constitucional “democratizadora”.

En su documento fundacional se plantea que “la defensa de la seguridad social y particularmente la eliminación del lucro en el sistema previsional es sin duda un tema fundamental a considerar” dentro de la discusión. También la generación de mecanismos que “blinden” el rol de las empresas públicas en el desarrollo productivo, social y económico del país.

A lo largo de 19 páginas, a su vez, se mencionan otras ideas que, aunque no se dice explícitamente, podrían ser temas de discusión ante una enmienda constitucional. Por ejemplo, una reforma de las Fuerzas Armadas que reduzca “drásticamente” el Ejército, “sin afectar puestos de trabajo y redistribuyendo funcionariado a actividades civiles”.

La dirigente del PVP Gabriela Iribarren, que preside la Comisión de Cultura del FA, puntualizó que se trata de una discusión “a mediano plazo” y no necesariamente para las elecciones de 2024. Sobre todo porque la coalición de izquierda está evaluando colectivamente, bajo la dirección de la Comisión Nacional de Programa, qué temas se tienen que impulsar como partido.

“No están avanzadas las líneas de trabajo como corriente. Sí acordamos que era una necesidad plantear el tema y ponerlo a discusión. Es parte de nuestra agenda”, dijo a El País la integrante de la nueva corriente.

Para Iribarren, estos son “procesos vivos”, aún abiertos. “Cuando te planteás un proceso participativo real no podés adelantar, no es que vamos a diseñar una reforma. Vamos a empezar a generar las discusiones necesarias”, dijo.

En los ámbitos orgánicos, como la Mesa Política y el Secretariado Ejecutivo, no se ha planteado la posibilidad de impulsar una reforma constitucional. Aunque la coalición de izquierda empieza a analizar cómo revertir la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, en caso de que el Senado la apruebe, y para algunos la enmienda de la carta magna es una posibilidad latente.

Cabe recordar que en 2016, bajo la tutela de Javier Miranda, el Frente Amplio analizó el tema. Su Comisión de Reforma Constitucional consensuó 10 ítems y los presentó al Plenario Nacional, pero la discusión naufragó.