Aquella definición política que estableció en 2019 el expresidente colorado Julio María Sanguinetti acerca de que el sistema político uruguayo podía dividirse entre quienes creen que en Venezuela hay una dictadura y los que calificaban al régimen de Nicolás Maduro como democracia, parece haber cristalizado con el tiempo en una premisa inamovible de este oficialismo, y en particular en filas del Partido Nacional.
Porque otra vez, como ha ocurrido a lo largo de este período de gobierno pero en estos días de campaña electoral con insistencia, los blancos trajeron esta semana nuevamente esta discusión a colación (ver recuadro), con un motivo concreto: el gobierno de Caracas se enfrentará a una prueba de fuego este domingo, con elecciones que sigue el mundo entero, y que arrastra desde ya problemas importantes sobre su legitimidad, como por ejemplo la existencia de presos políticos.
A esta altura de la semana, en que a toda hora surgen novedades de todo tipo en el país caribeño —que está a las puertas de unas elecciones en que por primera vez la oposición llega como favorita— el gobierno de Luis Lacalle Pou sigue con extrema atención todo lo va ocurriendo en ese país.
Uruguay ya se sumó la semana pasada a una declaración conjunta con otros Estados de la región en la que se exigió el cese del "hostigamiento, persecución y represión" y la liberación de los detenidos. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, se encuentra en permanente contacto con la embajadora de Uruguay en Caracas, Silvana Montes de Oca, quien ya está acreditada como diplomática aunque no ha sido recibida por Maduro.
En el Palacio Santos, de acuerdo a lo reportado desde Caracas, se tomó contacto con los diagnósticos transmitidos a la embajadora uruguaya en la jornada de este martes por el personal de ONU y el Centro Carter en este país, que ya advirtieron acerca de "complicaciones" de tipo logísticas y operativas en la previa proceso eleccionario, aunque a última hora de la tarde de ayer el candidato Edmundo González Urrutia destacó en la red social X que se lograron "obtener las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales de todo el país".
De cualquier forma, en la Cancillería se observa "un clima enrarecido", según señalaron fuentes de esa cartera, aunque se monitorea todo con cautela y se aguardará a conocer el resultado electoral de este domingo antes de tomar un pronunciamiento definitivo sobre lo que ocurra.
La postura oficial del gobierno de Lacalle Pou es y ha sido clara, y Paganini la recordó este lunes, en declaraciones a la prensa realizadas luego del plenario de la lista 404 del Partido Nacional. El canciller se mostró allí muy "preocupado" por la "persecución a personas de la oposición" y el "hostigamiento" contra quienes desafían al régimen, y afirmó que tomó nota de la preocupación manifestada por el presidente brasileño Luiz Ináciio Lula Da Silva, quien dijo haberse "asustado" por el "baño de sangre" que prometió Maduro en caso de perder.
"No hay duda de que se trata de un proceso que puede terminar en una apertura democrática, que es lo que hay que apoyar —afirmó Paganini—. (Pero) no se entiende cómo todavía hay personas en Uruguay que apoyan este régimen", y se refirió así a "algunos dirigentes del Frente Amplio".
En la coalición de izquierda no ha habido un pronunciamiento orgánico reciente sobre el proceso venezolano. Habló esta semana el candidato Yamandú Orsi, quien se refirió a la necesidad de que haya "elecciones limpias" y que se respete "el veredicto de las urnas", pero también puso el foco en que "hay que meterse bastante menos en asuntos ajenos de los países".
Pero la postura de fondo que tiene al respecto esta fuerza política sigue contrastando con la del oficialismo.
En diálogo con El País, su presidente, Fernando Pereira, destacó la "cantidad de observadores" que estarán presentes este fin de semana en Venezuela —aunque a última hora se bajaron los de Brasil y Colombia—, algunos de los cuales son uruguayos y frenteamplistas, como Pablo Álvarez, presidente de la Comisión de Relaciones Internaciones (Carifa) de la oposición, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Ana Olivera, entre otros.
"Según lo que entiendo, y me han dicho, el proceso electoral venezolano es un proceso que se podría considerar transparente; es decir, tienen un proceso sumamente claro", dijo el titular de la coalición de izquierda, que agregó: "Lo que hay que hacer es esperar los resultados y acatarlos; no hay 10 maneras de mirar lo democrático".
Consultado acerca de las proscripciones que impuso Maduro a varios políticos de la oposición venezolana, como a su líder María Corina Machado, respondió que de todos modos "sí es cierto que se autorizó a participar a gente de la oposición, con lo cual va a haber una elección donde hay opositores al gobierno de Maduro y se han podido expresar en forma clara en Venezuela", aunque admitió que las proscripciones "no son lo mejor que puede pasar". Y añadió: "Cada caso particular tiene una referencia judicial que yo no la puedo evaluar y calculo que tampoco puede hacerlo la mayoría de los uruguayos; ahora, si por necesidad política uruguaya se quiere evaluar, sin tener los expedientes y sin analizar los fundamentos por los cuales llevaron a no dejar participar, pueden hacerlo".
Álvarez, de la Carifa, señaló por su parte que desde Uruguay "no hay información para poner en duda" la calidad del proceso electoral. "Los actores de la oposición lo han aceptado; desde afuera —valoró— a veces es muy fácil asumir posturas radicalizadas, en un sentido o en otro".
Y agregó algo más, en línea con Pereira: "No tenemos razones para decir que el proceso no ha sido respetuoso de las normas, porque los actores de la oposición están participando".
La apuesta política de los nacionalistas en campaña
Los blancos son conscientes que este es un tema que incomoda a la izquierda y lo aprovechan. Y en medio de cuestionamientos que llovieron contra los nacionalistas tras las condenas por delitos de corrupción en Artigas, se promovió en la bancada oficialista del Senado una nueva declaración contra el régimen pidiendo el "cese de la persecución", el respeto a "los derechos humanos", además de la liberación de los presos políticos.
¿Por qué la declaración no fue firmada por la oposición? El senador José Carlos Mahía, coordinador de bancada del Frente Amplio, dijo a El País que lo que se evaluó fue que el espíritu de ese pronunciamiento no tenía que ver con Venezuela "sino con la política interna" y que su fuerza política buscó desmarcarse de eso. "Era un texto que reflejaba la posición de la bancada oficialista; no estaba pensando en la posición del Parlamento en su conjunto". Y remarcó: "Fue una visión sectorial, basada en la campaña que se está haciendo en Uruguay".
Los blancos no lo dejaron pasar y fueron a la carga. En un acto que organizó el Espacio 40 este martes, el senador Javier García dijo que en el Partido Nacional no hay dudas de que el candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro delgado, y su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, están convencidos de que el gobierno de Venezuela "es una dictadura", pero que los candidatos frenteamplistas no son capaces de afirmar lo mismo: "Que le pregunten a Orsi y a Cristina (por Carolina Cosse) qué opinan de esto", provocó el exministro de Defensa.
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