La decisión del fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado de archivar la denuncia contra el proceso de inversión y construcción del Antel Arena no fue un balde de agua fría para el gobierno de Luis Lacalle Pou porque no había muchas esperanzas de un resultado diferente, pero la desilusión corrió igual entre dirigentes y precandidatos de la coalición de gobierno, que vieron cómo de esta forma perdieron munición importante contra el Frente Amplio en plena campaña electoral.

La pregunta que comenzó desde entonces -el dictamen de Machado tiene fecha del 22 de febrero pasado- apuntaba a los pasos siguientes que daría el directorio de Antel y Presidencia. En concreto, si se solicitaba al Ministerio Público que el caso fuera revisado por otro fiscal.

Entre las interrogantes que fueron surgiendo conforme pasaron las horas y los días, una sobresalía: la conveniencia de tomar este camino. Porque hay voces que advierten por el “efecto político” que puede tener una eventual ratificación del archivo por parte de un segundo fiscal, lo cual “enterraría” en forma definitiva la polémica que ya lleva más de 10 años.

Los antecedentes en este sentido -es decir, los casos en que un segundo fiscal tiene un criterio distinto al primero- no son favorables a los intereses de los denunciantes de este caso, y menos que menos en indagatorias que los operadores judiciales suelen considerar como “pesadas”, con fuerte connotación política y por tanto de difícil resolución.

Algunas de esas consideraciones están presentes en un escrito jurídico realizado por Gustavo Bordes, el abogado denunciante que representó a Antel en esta indagatoria, y que ya fue elevado al presidente Lacalle Pou, según supo El País.

El propio mandatario se refirió a ese escrito -aunque sin especificar su naturaleza- al ser consultado esta semana por radio Universal acerca de si el gobierno debería insistir con la investigación de los sucedido con este complejo multifuncional. “Voy a leer ese informe para poder dar una respuesta”, afirmó.

Bordes, por su parte, dijo a El País que no haría declaraciones sobre el análisis que hoy está arriba de la mesa del despacho presidencial.

Al mismo tiempo, el directorio de Antel -que todavía no ha tratado el tema- aguarda por el estudio de ese mismo informe. Es de esperar que el director del Frente Amplio, Daniel Larrosa, se oponga a toda iniciativa que proponga el reexamen de la denuncia. Mientras que, según indicaron a El País fuentes de la empresa estatal, el director colorado Pablo Lanz, a priori, se inclina por pedir a la Fiscalía la reconsideración de la causa, aunque al igual que la presidenta Annabela Suburú tomará la decisión final una vez analizados y ponderados los argumentos jurídicos de Bordes.

La cautela que hoy manejan los denunciantes, y que se desprende del escrito de Bordes, tiene naturalmente razones jurídicas.

Porque si bien hay un claro convencimiento de que en todo este proceso hubo irregularidades que merecen un reproche penal -y discrepan de esta manera con la posición esgrimida por el fiscal Machado-, también reconocen que es complejo probar la comisión del delito de “cohecho” -el término jurídico para definir corrupción-, que sería una de las figuras penales a las que apuntaban los denunciantes.

Para probar algo así, señaló una fuente al tanto de la estrategia de Antel, tiene que darse la circunstancia de que el funcionario infiel deje, por ejemplo, “un recibo” u otro documento o huella administrativa “del dinero que recibió en forma espuria”, lo cual es casi imposible.

Los denunciantes también reconocen la complejidad que hay de fondo en la discusión sobre el límite entre la realidad de un negocio que a ojos del actual oficialismo fue “ruinoso” -ya que no se confirmó la proyección de ingresos anuales por US$ 12 millones, de tal forma de recuperar la inversión en seis años- y lo directamente “arbitrario”, lo cual “sí configuraría un delito”.