CAÍDA DE LA ACTIVIDAD

Gerardo García Pintos, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), se refirió este miércoles en una entrevista radial a la polémica alrededor de gravar al capital en la coyuntura que atraviesa Uruguay por la pandemia de coronavirus: "El gravar el capital, que luce líndísimo para el que no entiende mucho de economía, es de alguna manera ponerle un freno antes de arrancar a algo que queremos que arranque, que es la inversión".

En diálogo con el programa Primera Mañana, de Radio El Espectador, García Pintos consideró que esta situación la tienen que pagar " todos, como se está pagando", y agregó que las empresas "están haciendo un esfuerzo importante" para contribuir en esta situación.

Además, indicó que Uruguay "ya está con una carga impositiva alta y agrandarla significa comprometer el crecimiento futuro". En este sentido, agregó que "el gobierno la tiene clara que eso funciona así, y es lo que está haciendo, lo que está esperando el efecto rebote, y que los sectores empresariales que van a tener mayor impacto en eso, que no tengo duda que van a ser los agronegocios y la exportación, tienen que estar con la carga ligera para salir a producir y a crear riqueza y a derramar lo más rápido posible. Esa creemos que es la manera más inteligente de esperar el arranque para el día después", dijo.

El presidente de la CCE planteó que del 5% de déficit fiscal actual, "que a nadie le gustaba, nos vamos a ir a un 7%, a un 8%", y agregó que lo que "hay que esperar es un efecto rebote lo más rápido posible", por lo que entiende que no sería necesario cargar con más impuestos a la sociedad.

Por otro lado, fue consultado por el aporte de US$ 100 millones por parte de las gremiales del agro, luego de que el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, señalara a través de su cuenta de Twitter que atribuirse ese monto es "falso" porque sostuvo que donarían "como máximo" U$S 20 millones del impuesto de semovientes y el resto sería "lo recaudado por ley de INIA e INAC", que señaló es "dinero del Estado".

García Pintos respondió que el monto del impuesto de semovientes es de "US$ 40 millones de aportes que hacemos los productores con el 1% de la venta de nuestros ganados".

Por otro lado, indicó que los fondos de INAC "son fondos que se retienen de las liquidaciones de las exportaciones que proviene de la cadena cárnica, el Estado absolutamente nada que ver".

Dijo que "el gobierno anterior dejó una deuda de US$ 40 y pico de millones que tenía que haber puesto, que una parte eran aportes directos de los productores, que se vierten en las liquidaciones de las ventas de los productos, que no los había vertido al INIA, y otra parte, vinculado a eso y espejo, es la contraparte del Estado. Todo eso suma una cifra de ese entorno de US$ 100 millones".

Consultado sobre si existe una reorientación de los montos del INIA y del INAC, respondió: "Puede leerse así, ¿pero a usted le parece que ese es el fondo, a ver si es o no es de quién es? Las gremiales agropecuarias intelectualmente fueron las que llevaron adelante esta movida de volcar esos fondos que estaban ahí esperando y que fueron aportados por las cadenas agroindustriales al Fondo Coronavirus. Me parece que es un segundo plano discutir si es directamente desde el productor o no directamente desde el productor", dicho aporte.

En el mismo sentido que García Pintos se expresó el expresidente de la ARU, Ricardo Reilly Arrarte, quien le respondió a través de su cuenta de Twitter al exjerarca de OPP: "Álvaro, las gremiales no donarán, sino que el sector aportará. Con todo respeto, el resto de tus apreciaciones son incorrectas. Dejo el link de creación del INAC del año 1984", agregó junto con un enlace al Decreto-Ley 15.605.