Política

El oficialismo pidió una semana para estudiarlo en bancada.

El Frente Amplio pidió una semana de plazo al Partido Nacional para determinar si acompaña la convocatoria al director de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García y al secretario de la Presidencia Miguel Toma para conocer una serie de aspectos del contrato firmado por el gobierno con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una segunda planta en Uruguay.

Si bien el contrato está publicado en Internet, se trata del “disparador” de una serie de otros asuntos como el alcance del mismo, su jurisdiccionalidad, si pudiera llegar a afectar soberanía, las consecuencias sobre el medio ambiente, el capítulo sobre exoneraciones tributarias, las relaciones laborales para los operarios de la planta, el uso de cursos de agua, normas sobre ordenamiento territorial, entre muchos otros, explicó a El País el diputado nacionalista Pablo Abdala, que es el promotor de la convocatoria a los jerarcas.

En la reunión de la comisión de Constitución de Diputados, donde se realizó el planteamiento, el diputado oficialista Darcy de los Santos presentó un análisis jurídico firmado por el exsenador frenteamplista José Korzeniak, según el cual el Poder Ejecutivo tiene la facultad de negociar este tipo de acuerdos. Y prácticamente adelantó que la bancada negaría la comparecencia de los jerarcas del gobierno.

Sin embargo, tras la insistencia del diputado Abdala reclamando su derecho como legislador en un asunto tan delicado, la representante oficialista Cecilia Bottino planteó llevar el tema a la bancada del Frente Amplio. Ella argumentó en la reunión de la comisión legislativa que el Frente no había analizado formalmente el planteo y que por ello se debía “tomar una definición política”.

Se acordó entonces que en una semana a más tardar el tema volverá a la comisión. Abdala mantuvo la nota presentada reclamando la presencia del Poder Ejecutivo, y en caso de que no se le autorice la comparecencia de García y Toma, anunció que llevará el asunto al plenario de la Cámara.

El nacionalista tuvo el apoyo del Partido Colorado en la persona del diputado Ope Pasquet, quien avaló el reclamo.

El pedido de Abdala para convocar a García y a Toma fue realizado el 12 de diciembre, según recordó en la comisión, y posteriormente a eso no volvió a haber reuniones de la comisión, por lo que formalmente los legisladores de todos los partidos se enteraron ayer de las intenciones del diputado blanco.

En noviembre de 2017, cuando se concretó la firma del acuerdo entre el gobierno y la finlandesa, García anunció que si se concreta la obra, el PIB uruguayo crecerá dos puntos porcentuales, las exportaciones US$ 1.000 millones y la recaudación US$ 120 millones anuales.

La actividad de la empresa, si bien estos números pueden resultar alentadores, preocupa a sectores de la población.

Hace pocas semanas, representantes de organizaciones ambientalistas y del movimiento “Un solo Uruguay” entregaron en la Presidencia una carta con numerosas firmas pidiéndole al presidente Tabaré Váz-quez que rescinda el contrato firmado con UPM.

Con respecto al impacto ambiental, los promotores de la iniciativa señalan que “una planta como la proyectada, (...) con un consumo de agua equivalente al de una ciudad de casi un millón de habitantes, instalada en la orilla de un río interior, agravaría la situación de contaminación que ya padece el río”.

Además señala en la carta que “pese al monto de su inversión, el Estado uruguayo no tendrá ninguna participación en las acciones de la empresa ni en las utilidades de la planta. Las exoneraciones tributarias, el régimen de zona franca y el compromiso del Estado de comprar a precio prefijado energía eléctrica que produzca la planta, generan una grave inequidad”.