POR “GESTIÓN INEFICAZ” DEL GOBIERNO

El Frente Amplio prepara una movilización nacional por la Rendición de Cuentas el próximo 18 de junio. Ese día se llevarán adelante 70 actividades en todo el país con el objetivo de debatir el “impacto social” del “modelo de gobierno” de la coalición.

A nivel legislativo, la discusión de la Rendición se centrará en la búsqueda de recursos extra para aplicar la reforma de la educación o reforzar la seguridad. Más allá de las horas y horas de debate dentro de las paredes del Palacio Legislativo, el FA pondrá en marcha un plan para que el tema no quede reducido allí.

“Pensar el debate sin restringirlo al ámbito parlamentario”, es la consigna del Frente Amplio. Eso implica que se discuta “en los territorios” y “se identifique el impacto de las políticas de la coalición”, dijeron a El País fuentes políticas. Esto abarca las comisiones barriales, los sindicatos, los clubes deportivos y hasta las iglesias.

Según supo El País, en base a lo conversado en el Secretariado del Frente Amplio, el eje se centrará en “cómo parar al FA” para denunciar lo que se entiende es una “gestión ineficaz” de parte del gobierno. Los temas que se pondrán sobre la mesa para tratar de denunciar eso son: la cantidad de personas en situación de calle, el número de niños “sin techo” y la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

Durante el encuentro de la Mesa Política, el pasado lunes, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, argumentó como una de las “principales fortalezas” de la izquierda su capacidad de organizar a miles de personas dentro de un comité de base. Esto supone, dijo, en la medida en que la militancia está convencida ser “capaz de trasladar” o colectivizar a otros, en este caso una mirada crítica de la Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento antes del 30 de junio por la Cámara de Diputados.

Desde el gobierno el mensaje ha sido más o menos claro: hay un margen -que no es mucho pero aún no está cuantificado- para dar algunos incrementos, fundamentalmente en dos áreas: en la educación, para financiar la mentada reforma de la enseñanza, y en la seguridad, para entre otras cosas atender la demanda del Ministerio del Interior de cubrir cerca de 2.000 vacantes de policías.

Aunque no se habló de detalles, esto fue parte de lo que estuvo arriba de la mesa esta semana -el lunes-, cuando los senadores del Partido Nacional recibieron a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche.

Participantes del encuentro señalaron a El País que la jerarca puntualizó que el asunto estaba de a poco entrando en la recta final, porque ya estaba iniciada la etapa de “ida y vuelta” tanto con los partidos socios de la coalición de gobierno -que tiene cada uno su reclamo particular (ver aparte)- como con los distintos ministerios.

La reunión también sirvió para que algunos legisladores del propio partido de gobierno anunciaran pretensiones propias para esta Rendición de Cuentas, como hizo el senador Jorge Gandini, que en los últimos días ya ha volcado a la prensa algunos objetivos para esta norma presupuestal. Por ejemplo, un proyecto para comenzar a eliminar -en forma progresiva- el Adicional al Fondo de Solidaridades que pagan los egresados de la Universidad de la República (Udelar).

Pero en lo que Gandini insistió en esa oportunidad es que el gobierno cumpla ahora una promesa que hicieron en 2014 los entonces candidatos a la Presidencia, entre los que estaban entonces el hoy presidente Luis Lacalle Pou, y quien terminó siendo mandatario, el fallecido Tabaré Vázquez: que la participación presupuestal de la investigación, ciencia y la tecnología crezca del 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) al 1%.

“Lo que planteé fue que hay que atender las demandas urgentes, pero tenemos también que apostar a miradas de más largo plazo, con visión de desarrollo estratégico y sustentable”, dijo a El País el dirigente de Por la Patria, que igualmente es consciente de que la suma en dinero para alcanzar es significativa. “Yo sé que para alcanzar ese 1% se necesitan como US$ 300 millones”, agregó Gandini, que ante la consulta de cómo tomó Arbeleche su aspiración, contestó: “Sintonizó con esto, pero no fue terminante; le pareció bien incluir una mirada larga, coincidente con esta necesidad”.

Puertas adentro del Parlamento, el Frente Amplio insistirá en pedir más recursos para las áreas sociales.

El senador de la Vertiente Artiguista, Eduardo Brenta, dijo a El País que desde la óptica de la oposición se requiere un refuerzo presupuestal en áreas clave como educación, seguridad y políticas sociales.

“Pasamos por una situación de crisis económica y social y vamos a reclamar eso más la mejora de los salarios de los sectores más sumergidos”, afirmó.

“Esperemos que prime la mirada del presidente y no la de Marcela Bensión que había propuesto un gasto cero”, señaló el parlamentario sobre las definiciones que debe adoptar el Ejecutivo. Brenta indicó que “un escenario de recorte sería dramático para la situación que vive el país”.

La diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Bettiana Díaz, señaló que en la próxima Rendición se deberían contemplar los planes que eran financiados por el Fondo Covid, por ejemplo, el bono crianza. “Hay ejemplos muy claros de políticas que, como las tobilleras, no eran tan coyunturales y estaban atadas a la pandemia y se financiaron con el Fondo Covid”, concluyó.

Según dijo, en esta Rendición de Cuentas se requerirán de refuerzos presupuestales para educación, vivienda, salud y seguridad.

“Vivienda es el ministerio que más recortó, porque ahora aparece un fideicomiso para asentamientos, pero no todo puede pasar por ahí, tiene que haber otros planes”, opinó Díaz.

En tanto, dijo que preocupa que el gasto en salud “viene disminuyendo desde el 2020” en relación al Producto Interno Bruto (PIB). “Cayó sobre un PIB mucho más chico”, subrayó.

Además, en el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el eje está puesto en el faltante de algunos medicamentos.

Piden $ 2 mil millones para docentes y militares

Ya había sido público que Cabildo Abierto pediría para esta Rendición de Cuentas que el gobierno incrementara el gasto para docentes de contexto crítico y personal subalterno de las fuerzas armadas. Pero ahora, los liderados por el senador Guido Manini Ríos terminaron de definir los números en un documento que será entregado a las autoridades del Poder Ejecutivo.

Allí, solicitan aumentar el gasto para otorgar una partida de $ 650 millones para los 9.000 docentes que enseñan en “zonas de contexto crítico”, más una partida de $ 4 millones y otra anual de $ 1.200.000 “para incrementar hasta 100 la cantidad de cupos de ingresos para la carrera de tecnólogo en informática en el departamento de Maldonado”, señala el documento al que accedió El País.

Luego, con una cifra de $ 1.350 millones solicitan solventar aumentos de 5% a oficiales, 7,5% a suboficiales y cabos de primera, 10% a cabos de segunda y soldados. Y además -sigue el texto- se propone asignar también una partida fija por nocturnidad de $ 300 y $ 250 para oficiales y guardia del personal subalterno, respectivamente.

También plantean ajustes al IRAE para bajar la tributación, e invertir $ 200 millones en ASSE para “mejorar infraestructura en lugares de internación para adictos y dotarlos de los recursos humanos necesarios para su funcionamiento”. Luego, proponen reforzar con recursos al hospital de Río Branco (con $ 11 millones anuales) y al hospital de Rivera (con $ 25 millones anuales).

Al final, como último punto del capítulo de las solicitudes con costo, los cabildantes plantean crear una “tarjeta de frontera” para que la utilicen los ciudadanos de los departamentos fronterizos, de forma tal que puedan “descontar impuestos en productos de fabricación nacional”.

Tienen estipulado que los montos a descontar varíen “de acuerdo a la distancia de la residencia a la frontera”. Y que para acceder al descuento del IVA, plantean exigir que las compras se hagan “en comercios formales ubicados en zona de frontera” y que el cliente sea consumidor final.