Destrucción de documentos, compras directas y ausencia de controles: resultados de auditorías en ASSE

DENUNCIAS E INVESTIGACIONES EN MARCHA

Este martes se difundieron los resultados de 11 auditorías, que comenzaron el 1 de marzo del 2020 y evaluaron la gestión anterior de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), indicó el organismo en un comunicado.

El nuevo directorio de ASSE dispuso un total de 21 auditorías desde el inicio de la actual gestión. De ellas, culminaron 11 y 10 están aún en trámite. "En varios casos se radicaron denuncias penales, sin perjuicio de las investigaciones administrativas y sumarios dispuestos", informa ASSE.

En este caso "se dispuso una auditoría con el objetivo de evaluar si los criterios de selección que llevaron a la contratación de la Fundación Plemuu, cumplieron o no con la normativa legal vigente", se explica en el documento, que añade que en la investigación se hizo énfasis en los años 2015 al 2019.

Uno de los hallazgos de la auditoría fue que "para la contratación del servicio de limpieza y peones, varios procedimientos licitatorios fueron dejados sin efecto por diferentes razones".

"Puntualmente una licitación pública que fue dejada sin efecto en sus etapas finales por parte de la anterior Administración de ASSE Central, sin causas debidamente justificadas, contratando en su lugar los servicios por compra directa a la mencionada fundación que se vio beneficiada a raíz de la falta de cumplimiento de las formalidades para la contratación”, sostiene el texto.

A partir de la investigación, "se realizó un nuevo llamado a licitación, resultando adjudicataria una empresa diferente a la que desde hace varios años venía cumpliendo servicios". "De esta forma cesaron las compras directas y se cumplió con la normativa administrativa para la contratación", concluye el documento.

La gestión administrativa y financiera de la institución se auditó desde el 2016 hasta el ingreso del nuevo equipo de gestión en 2020. "Se requirió y no se pudo obtener acceso a los registros del sistema contable de la Comisión de Inversiones", sostiene el documento.

El texto indica que, según manifestó el administrador del Hospital, "la contabilidad se llevaba por el estudio particular del contador adjunto de la Dirección anterior, que además intervenía en todo el proceso de compras". 

"El mismo contador actuaba representando a la Administración y a la Comisión de Inversiones, concentrando los procesos de forma tal, que determinaba que no existiera oposición de intereses, neutralizando la posibilidad de controles con lo que exponía a la Administración a serios riesgos", agrega.

En el hospital Maciel la auditoría también encontró la contratación directa de una empresa, "sin procedimiento de compra ni solicitud de otras cotizaciones, abonándose en el período analizado un total de $18.650.130, además de $19.121.629 en el mismo período por una licitación por mantenimiento edilicio del Hospital, totalizando $37.771.759 pagos a este proveedor por mantenimiento".

En cuanto al servicio de Anestesia del Hospital Maciel, que se evaluó desde el 2017 hasta el 2019, se descubrió entre otros elementos la "destrucción de la documentación probatoria de horas trabajadas por los médicos anestesistas", que fue ordenada por la anterior dirección del hospital.

A raíz de esto se ordenó tres investigaciones administrativas y se presentaron tres denuncias penales; cada una corresponde a las obras del Hospital Maciel, sus compras financiero contable y sus servicios de anestesia.

Se hizo una auditoría de gestión y contable en el Departamento de Certificaciones y Juntas Médicas de ASSE Central, durante el año 2019.

En la investigación se halló una "demora excesiva entre la solicitud de Junta Médica y la culminación del trámite, observándose un promedio de duración del mismo de 235 días".

También se descubrieron "irregularidades en la información de los dictámenes de Juntas Médicas y de los formularios de Certificaciones", como "dictámenes firmados por profesionales médicos que no conformaron la Junta Médica" y  "otros que no especifican si la persona se encontraba apta para su reintegro al trabajo".

Además de la "ausencia de un adecuado control de la facturación de servicios brindado por el departamento a otros organismos, detectándose una subfacturación en $ 498.003 en el 2019" e "irregularidades en cuanto al uso del combustible", como falta de control del gasto.

Para esto, se dispuso una investigación administrativa.

El objetivo de su auditoría fue "verificar la existencia de exceso de gastos en la contratación de suplentes, así como en la compra de insumos; durante el año 2019 y comienzo del año 2020, hasta la asunción del nuevo equipo de gestión".

"Se evidenció que la necesidad de contratación de suplentes (representando un gasto de $ 4.623.274 durante el 2019) se debió en gran medida a las carencias de control sobre el ausentismo". Además, "sobre una muestra de certificaciones del año 2019 se detectó la ausencia del 70% de los respectivos certificados médicos".

"Con respecto a las compras directas, se evidenció que se realizaron una gran cantidad sin publicación de convocatoria ($ 5.827.742 en 2019), así como la adquisición de productos a ofertas económicamente inconvenientes sin realizar la correspondiente justificación técnica", indica el documento.

A su vez, se hallaron "irregularidades varias en materia de manejo de stock e inventario de insumos médicos, lo que genera oportunidades para que se pudieran cometer actos irregulares".

Se dispuso una investigación administrativa.

Se auditó para realizar un diagnóstico de la situación administrativa y financiera durante el año 2019.
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Uno de los principales hallazgos fue un "notorio atraso en la presentación de los balances contables a ASSE Central, siendo el último presentado el del año 2016, quedando pendientes además los correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015". Tampoco se realizaba un Plan de Compras, "generando adquisiciones a través de compras directas".

A su vez, se descubrió que "no se realizaban presupuestos ni arqueos de caja".

Ante esto, se inició una investigación administrativa, cuya sustanciación está en curso.

Se auditó desde el 2017 hasta el 2020, para evaluar la contratación de estudios médicos y traslados.

"En cuanto a la contratación de estudios médicos, el centro pagaba las facturas del proveedor sin controlar que los estudios fueran efectivamente realizados", indica el documento.

A su vez, se detectó "omisión de registración contable de las facturas de un proveedor por el período julio 2015 a diciembre 2017 y durante el primer semestre del 2020 por un total de $29.794.042". "Según declaraciones del equipo de gestión, estas facturas se encontraban retenidas por parte del director anterior", añade el texto.

A raíz de esto se dispuso una investigación administrativa cuya sustanciación está en curso y  se presentó una denuncia penal, informa el documento.

Se auditó el centro desde enero del 2016 hasta marzo del 2020.

Se detectó adquisición de servicios a través de compras directas, por un total de $259.118.137 durante el período auditado. A su vez, "las facturas de los proveedores eran aprobadas y pagadas sin verificar que el estudio se hubiese realizado efectivamente, dejando abierta la posibilidad de que sobrefacturaran".

El documento indica que las debilidades o falta de control en los servicios ofrecidos "determinaron pérdidas muy importantes para la administración, pero además facilitó la posibilidad de ejecución de acciones de tipo lucrativo con dineros públicos, eventualmente irregulares o ilícitos, ante la pasividad de la Administración".

ASSE informó que por estas y otras irregularidades se dispusieron dos investigaciones administrativas, una para el hospital en sí y otra para el área financiera contable; además, se "adecuaron los respectivos funcionamientos de los servicios, mejorando significativamente los gastos en los mismos".