POLÉMICA
El diputado nacionalista Alfonso Lereté y el edil Fabián Colombo indican que la situación fue denunciada en marzo y en mayo.
La alcaldía de La Floresta (Canelones) se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace días, a raíz de las irregularidades que fueron denunciadas por funcionarios y dirigentes del Partido Nacional, y que motivó que días atrás el intendente Yamandú Orsi ordenara la intervención directa del municipio mientras se analiza la situación en una investigación administrativa, en la Junta Departamental y en la Justicia.
El alcalde en cuestión es el comunista Néstor Erramuspe, indagado por promover la ocupación de terrenos baldíos en la zona, por eventuales estafas a un proveedor y en el marco de la provisión de ollas populares, y hasta por situaciones de acoso laboral cometidas contra funcionarias del municipio.
La oposición departamental, en este tema encabezada por el diputado nacionalista Alfonso Lereté y el edil blanco Fabián Colombo, denunciaron la semana pasada que la administración del intendente Yamandú Orsi estaba al tanto de estos temas meses atrás, pero ahora remarcan que la comuna tenía detalles sobre la situación del acoso laboral desde hace varios meses.
En una carta enviada al director general de Administración de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, por una jerarca de ese municipio el 24 de marzo, ya se ponía al tanto a la intendencia de “situaciones de extrema preocupación” que involucraban a Erramuspe con varias trabajadoras de la alcaldía. “Solicito humildemente considerar la situación preocupante de las funcionarias, quienes expresan su tremenda angustia, y tratar de evitar que terminen solicitando traslado o generar un problema serio de salud”, decía aquella misiva a la que accedió El País.
Semanas después, el 11 de mayo, un grupo de víctimas envió otro correo al departamento de Recursos Humanos de la Intendencia, en la que las firmantes decían que su “propia salud se encuentra en peligro, dado que el destrato” se venía por entonces “profundizando”.
Por esta razón es que tanto Lereté como Colombo entienden que “el intendente debe pedirle la renuncia al alcalde comunista de La Floresta”, ya que, a su entender, “no puede amparar a un presunto acosador laboral, con más de 11 denuncias de trabajadoras”, según señalan en un comunicado firmado por el diputado y el edil.
Consultado por El País, Irigoin rechazó las acusaciones de que la intendencia hubiera incurrido en “inacción” en este tema. El director general de la comuna señaló que el organismo tiene “un área de salud ocupacional que estuvo presente” en todo este caso y que en respuesta “se hicieron traslados de los funcionarios en función de las problemáticas de convivencia y de lo denunciado específicamente”. “No sé qué es lo que el Partido Nacional cree que debería haberse hecho”, agregó el jerarca.
Otro de los reclamos de los blancos es que, pese a todos los avisos sobre esta situación, la comuna recién ordenara una investigación administrativa en setiembre, luego de que, otra vez, nueve funcionarias firmaran una carta con más denuncias sobre situaciones de acoso laboral.
Esto derivó, además, en la creación de una comisión investigadora en la Junta Departamental.
Irigoin señaló al respecto que en realidad “la investigación administrativa tiene otros fines”, y que a las denuncias por acoso se las atiende con “un comité interdiscliplinario, que interviene también en situaciones de violencia de género”, entre otras.
Ante la consulta sobre si no ameritaba una “observación” al alcalde, respondió: ”¿Cómo se va a hacer una observación a un cargo electo? No entiendo el planteo; nosotros abordamos a los funcionarios, que son nuestra responsabilidad”. Y, por último, dijo que las víctimas “manifestaron en la Junta sentirse respaldas por la administración”.
Lo que hacía el alcalde, según las funcionarias
En la carta enviada a la Intendencia de Canelones por un grupo de funcionarias del municipio de La Floresta, se manifestaba que Néstor Erramuspe era arbitrario en sus decisiones “sin importarle si perjudicaba al funcionario”. Las firmantes indicaron que el alcalde ejercía “abuso de autoridad” y “acoso psicológico” y que amenazaba a sus subordinados con sumariarlos si no obedecían las órdenes. Además, se denuncian “gastos innecesarios” por compromiso electoral.