VUELVE LA POLÉMICA AL PARAÍSO ROCHENSE 

El Ministerio de Ambiente busca avanzar en la reapertura de la discusión de los “puntos críticos” del Plan de Manejo del Cabo Polonio. El ministro Adrián Peña apunta a cerrar durante este año un debate por el que gobernantes, pobladores y organizaciones de distinto tipo llevan años de conflicto y hasta demandas.

Aunque las áreas del polémico texto aprobado en 2019 son amplias, las principales discusiones a reeditar están previstas en torno al conflicto por la tenencia de la tierra, las eventuales demoliciones proyectadas en el área, así como la definición de un tope de ingresos diarios previsto en 1.500 personas.

Las áreas protegidas cuentan con una Comisión Asesora Específica (CAE) en la que están representados los distintos actores que intervienen en el espacio, ya sea gubernamentales, vecinos y otras organizaciones de la sociedad civil. En tanto, el Plan de Manejo, en el caso del Cabo Polonio aprobado en 2019, establece a modo de ordenanza aspectos vinculados a la conservación del lugar, su uso y al ordenamiento territorial.

Peña informó a El País que la CAE del Cabo Polonio tendrá al finalizar la temporada un nuevo encuentro para resolver aquellos puntos a rediscutir. Y afirmó que su objetivo es cerrar el debate en el correr de 2022.

“La próxima reunión de la comisión va a empezar a analizar qué puntos del Plan de Manejo se abren. No se va a abrir el 100% del plan. Se va a abrir una parte”, dijo Peña. “La idea es ponernos de acuerdo en cómo avanzar en estos puntos y poder tener el Plan de Manejo este año. Dicen que soy demasiado ambicioso pero mi aspiración es cerrar todos los detalles este año”, insistió.

Un primer avance ocurrió el año pasado, con tres reuniones donde los pobladores insistieron con sus inquietudes.

Aunque evitó tomar posición sobre los puntos polémicos, el ministro reconoció que tanto las edificaciones como el aforo estarán en consideración. “El actual plan obliga por ejemplo a demoler algunas construcciones. Ahí hay realidades bien distintas porque hay sociedades anónimas propietarias, hay construcciones en lugares donde se ocupó. La franja donde debe demolerse es uno de los puntos críticos y es de las cosas que queremos conversar”, afirmó el ministro.

El conflicto por la tenencia de la tierra en el Cabo Polonio lleva décadas. La última gran discusión comenzó desde 2009 cuando la zona ingresó al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y tuvo su mayor tensión en 2018, momento en que el gobierno anterior avanzó en la definición del Plan de Manejo. Los intereses son diversos: hay pobladores originarios, y otros que llegaron hace varios años que se definen como permanentes. Entre los grupos están los que levantaron sus casas en suelos públicos y los que lo hicieron en predios privados. Algunos están al día con los impuestos municipales y otros no.

El plan fue cuestionado por los pobladores sobre todo en sus aspectos vinculados al ordenamiento territorial. La polémica está enfocada en un grupo de 26 casas ubicadas sobre la franja costera y que, según el plan actual, deberían ser demolidas para ser reubicadas en otra zona. Además el texto estableció un plazo de uso de las viviendas por 20 años para pobladores permanentes y 10 años para los no permanentes.

En el Cabo Polonio hay unas 463 construcciones y 294 están en padrones del Estado, como informó El País en enero de 2021, cuando el gobierno y la intendencia se disponían a iniciar la tregua con pobladores.

Daniel Machado, referente de los pobladores originarios, dijo que desde su punto de vista el plan debe establecer que el permiso de uso de las viviendas “pueda ser renovable, heredable y vendible”. También señaló que debe haber criterios específicos para determinar quiénes son “pobladores permanentes”.

Pese a los años que lleva el debate, Machado se mostró optimista en zanjar la discusión. “Este año lo tenemos que resolver. No podemos seguir prorrogando. Hace 13 años que estamos en la misma y no lo podemos seguir dilatando”, señaló.

El director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, Rodrigo García, dijo que desde el gobierno departamental promoverán que a partir del próximo verano esté vigente el tope de 1.500 ingresos diarios. “Otros veranos hubo 3.000 personas por día y entonces es razonable que los comercios y los sistemas se saturen. Nosotros vamos a impulsar para la temporada que viene limitar la capacidad de carga para el lugar”, dijo.

Según afirmó, esto requerirá un sistema en tiempo real que permita a un visitante conocer la cantidad de gente que hay al momento de salir de su casa o sacar el pasaje. En ese sentido, planteó la posibilidad de reservar un lugar para no tener que ir y enterarse en la puerta de que el Polonio está cerrado.