PARLAMENTO

Controles militares en la frontera todavía no tienen una fecha de inicio

La ley establece una zona de control militar en una franja de 20 kilómetros hacia adentro de la frontera, con la excepción de los centros poblados.

Tanque del Ejército uruguayo en la frontera. Foto: Archivo El País
Los patrullajes ya existen, pero se los quiere rodear de un protocolo ajustado al derecho vigente. Foto: Archivo El País

El Poder Ejecutivo aún no puede confirmar cuándo arrancará el patrullaje militar en las fronteras del país porque resta la concreción de detalles tecnológicos y de instrumentación que dilatan la aplicación de una ley que se aprobó por unanimidad hace casi un año.

Para el Partido Nacional, se trata de una “decisión política” por “diferencias políticas internas” en el Frente Amplio. “Hace casi un año, cuando el Frente votó la ley no existían esas diferencias internas, pero ahora sí y son las que impiden la instrumentación de la misma”, dijo el senador nacionalista Javier García, que añadió que si se entendía que había algún problema de redacción “se hubiera promovido una modificación de la norma”.

La ley establece una zona de control militar en una franja de 20 kilómetros hacia adentro de la frontera, con la excepción de los centros poblados. En conjunto, se trata de una superficie de aproximadamente un quinto de todo el territorio nacional. La idea que se expuso en su momento fue que se trataba de una tarea de control sobre el contrabando, el abigeato y otros delitos, y que de esa forma se podrían liberar unos 500 policías que hoy en día lo hacen, para que se dedicaran a tareas propias de su función.

“Queremos usar esta vigilancia fronteriza usando la tecnología. La función de patrullaje se hace hoy y se ha hecho por parte del Ejército siempre. Pero hay determinadas funciones asignadas por la ley que tienen que ver con detener a personas o vehículos. Por eso hay que compatibilizar el derecho y las garantías”, explicó el ministro de Defensa José Bayardi en la comisión del Senado que entiende en su área.

Se planea comprar drones para que en tiempo real se puedan trasmitir las imágenes a un comando de control y que la situación se ponga en conocimiento de la Fiscalía. Eso dará las garantías del debido proceso.

Bayardi explicó que la semana que viene habrá una presentación por parte del Ejército de la tecnología que se aplicará y que luego de eso se definirá la tecnología que se aplicará.

Lo que se trata de ajustar es que no se violente el derecho de las personas que circulen en esa franja de 20 kilómetros hacia adentro de la frontera y que no haya responsabilidades del personal militar que esté actuando.

El ministro indicó que no quiere que los funcionarios militares que actúen sean penalizados por cometer alguna falla en los protocolos y por eso el ajuste de los mismos es, en parte, responsable de la demora.

Dilatoria.

Cuando se consultó al senador García dijo que según su interpretación “notoriamente no hay voluntad política” de aplicar la ley. “Hace casi un año se aprobó la ley por unanimidad. Y entonces todo lo que viene después son excusas. Esto es claro”, sostuvo.

“El problema más grave que tiene el país es la inseguridad. Tenemos una ley que permite que más de 500 soldados participen en tareas de seguridad, y el gobierno por un problema político interno no la aplica”, agregó.

Según el legislador, esto es “una maniobra dilatoria” por los problemas internos del oficialismo.

Si bien la ley se votó con el apoyo del Frente Amplio, para García después “hubo arrepentimiento” porque ninguna ley demora tanto.

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