"PORQUE SON UN RIESGO PARA SÍ O PARA TERCEROS" 

El Poder Ejecutivo envió ayer a la Asamblea General un proyecto de ley por el cual se modificaría un artículo de la ley N° 18.787, relativo a la prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle. En definitiva lo que se hará es habilitar la internación involuntaria para quienes padecen problemas de adicciones o patologías de salud mental, en caso de que esté en riesgo su integridad o la de terceros.

La ley N° 18.788 fue aprobada en el gobierno de José Mujica en 2011, pero la reglamentación se llevó a cabo durante este gobierno, en julio pasado. Dicha ley ya advierte que las personas en situación de calle “con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte”, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas.

El cambio agrega y pone énfasis en las personas con consumo problemático de drogas o con enfermedades mentales, al tiempo que suma la intervención de un psiquiatra. La reglamentación vigente, en tanto, señala que previo al traslado que se realice de una persona en situación de calle “se deberá contar con informe escrito de un médico”, sin que se especifique su especialidad.

El proyecto, firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros de Salud Pública (Daniel Salinas), Desarrollo Social (Martín Lema) e Interior (Luis Alberto Heber), alerta en su exposición de motivos que el 86% de las personas que pernoctan en la intemperie declara que consume sustancias psicoactivas. En tanto, 32% de las que son de Montevideo y 21% de las del interior han estado internadas al menos una vez por el consumo de drogas.

La solicitud de internación, que será llevada adelante por el Mides, “es para personas que, encontrándose en situación de extrema vulnerabilidad, presentan un episodio de intoxicación aguda por el consumo de sustancias psicoactivas y/o una descompensación de su patología psiquiátrica, que representan un alto riesgo para sí o para terceros”.

El proyecto, que ayer llegó a las bancadas del oficialismo y la oposición, establece, además, que a consideración del Poder Ejecutivo estas situaciones requieren de un “abordaje inmediato” y es necesario que las personas dispongan de “los dispositivos de atención pertinentes y oportunos”.

El documento a su vez destaca que el “espíritu” del plan es “reforzar las respuestas socio-sanitarias para optimizar la ‘asistencia obligatoria por parte del Estado a toda persona en situación de calle’”, algo que está previsto justamente por la ley N° 18.787.

En la redacción del proyecto, entonces, se establece que: “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite” el riesgo, y sin que esto “implique la privación correccional de su libertad”.

En la práctica, tanto en Montevideo como en el interior, será el Mides el que podrá solicitar al prestador de salud que corresponda la internación de aquellos que se encuentren en situación de calle -algo que ya hace con las reglas establecidas en la reglamentación de la ley vigente, y por la que ha sumado “varias intervenciones”, según fuentes de la cartera, por ejemplo en el invierno de 2021.

Con el cambio, el proyecto aclara que la intervención se llevará adelante “siempre y cuando su capacidad de juicio (la de la persona a internar) se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”. Eso, como se dijo, siempre debe ser aprobada por un médico psiquiatra.

El plan es parte de un paquete de medidas que viene tomando el Mides desde 2021, como ser la instalación de tres centros diurnos para persona con problemáticas de consumo de drogas (dos en el marco de un convenio con la Administración de los Servicios de Salud del Estado y otro a partir de un acuerdo con la Junta Nacional de Drogas) y la instalación de una casa de medio camino para personas también con problemas con las drogas.

El proyecto llegó ayer sin un acuerdo previo entre los líderes de la coalición de gobierno. Sin embargo, según supo El País, en el Partido Nacional no habría reparos en acompañar “en líneas generales” la nueva redacción de la ley.

En tanto, en el seno de Cabildo Abierto la norma aún no se discutió, pero varios dirigentes consultados por El País advierten que “muy factiblemente” el partido de Guido Manini Ríos acompañe con sus votos, pues es un proyecto que llega con el aval del ministro de Salud Pública, Salinas.

En tanto, a nivel parlamentario, en el Partido Colorado ayer no había más que incertidumbre en cuanto al proyecto. Desde Batllistas señalaron sobre la nueva redacción que “todavía nadie la vio”, en tanto que desde Ciudadanos advirtieron que se debería llevar adelante un análisis exhaustivo de la propuesta, pues se entiende que “una persona que no quiera recuperarse no se va a recuperar aunque la internen”.

Desde el Partido Independiente, por último, advierten que aunque todavía no se analizó el proyecto internamente, la Dirección Nacional de Drogas, liderada por Daniel Radío, viene trabajando en conjunto con el Mides.

Con la redacción actual de la ley que fue impulsada por el gobierno de José Mujica y reglamentada el año pasado por el de Luis Lacalle Pou, si un médico constata riesgo de muerte o un riesgo severo en la salud de una persona en situación de calle, ya se puede ordenar una intervención. Por eso es que el año pasado, durante el invierno, el Mides aplicó la normativa en varios casos.

Se intervino por ejemplo en el caso de un hombre que vivía en la calle con un estado de salud delicado y que estaba a punto de morir por un cuadro de hipotermia. Se lo llevó a un refugio.

También se intervino en casos de consumidores que por la situación en que estaban también tenían riesgo de vida, según informaron fuentes de la cartera a El País. En un caso se lo internó en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), luego también se lo llevó a un refugio y después, ya estabilizado, se le permitió irse.

Pero la normativa vigente no dice nada específicamente sobre el consumo de drogas o los trastornos de salud mental, ni tampoco hace referencia a que se pueda constatar algún riesgo para terceras personas.

Con el cambio propuesto ayer, el gobierno puede intervenir en tres circunstancias: cuando haya riesgo de muerte o riesgo severo de vida de una persona en situación de calle, aunque esta no sea consumidora o tenga un problemas de salud mental; cuando sin riesgo de muerte el consumo sea tal que pueda presentar riesgo para sí o para un tercero; o cuando esto último pase pero por un problema de salud mental.

Con el cambio de la ley las personas sobre las que se realicen intervenciones serán trasladadas a ASSE o al centro de salud que corresponda y también una bien estabilizadas se les permitirá irse. La ley no implica que en todos los casos deban realizarse internaciones por un tiempo prolongado.