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Caso Astesiano: “abuelo” vivo destapó la maniobra y llegaron a pagar hasta US$ 50.000 por documentos

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Alejandro Astesiano. Foto: Fernando Ponzetto.
El excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, en el día de la asunción presidencial.
Foto: Fernando Ponzetto (Archivo)

INVESTIGACIÓN

Usaban datos de uruguayos muertos en la colonia rusa de San Javier, pues pensaron que así se evitarían sospechas.

Cuando el hombre recibió la llamada de funcionarios de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) en 2019 se sorprendió. Incrédulo, escuchó cómo del otro lado de la línea le consultaban si tenía hijos rusos que estarían intentando tramitar pasaportes uruguayos. Dijo, obviamente, que eso no era posible. Mayor fue el impacto cuando se enteró que figuraba en una partida de nacimiento de un joven ruso, y que lo hacía como su abuelo ya fallecido. Inmediatamente los funcionarios le preguntaron si podía declarar ante la Justicia su situación.

Este fue uno de los primeros expedientes que se elaboraron y forma parte de los cerca de 60 casos que la fiscal Gabriela Fossati presentó para desbaratar una organización criminal dedicada a la adulteración de documentos que luego permitían obtener cédulas y pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos. De esta organización formaban parte el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, un escribano uruguayo y dos rusos que hacían las veces de gestores, según se conoce hasta ahora.

La Fiscalía espera que se complete la pericia del celular de Astesiano para poder recuperar conversaciones borradas ya que manejan indicios de que habría más involucrados.

La maniobra que llevaron adelante Astesiano y sus asociados tuvo varios episodios en los que su plan tuvo fallas o dejó elementos a simple vista que llamaron la atención de las autoridades de Identificación Civil.

En otra instancia -también incluida en las denuncias de los funcionarios- se constató que utilizaron el mismo nombre de un uruguayo fallecido en una decena de partidas de ciudadanos rusos, relataron a El País fuentes vinculadas al caso.

La maniobra involucraba tres etapas desde que un ciudadano ruso quería obtener los documentos uruguayos y finalmente se entregaban. En dos de ellas, la primera y la última, la documentación era verdadera, pero en la etapa intermedia era cuando se agregaba información mediante falsificación.

En el primer paso, los ciudadanos rusos obtenían sus partidas de nacimiento de su país. A ese documento verdadero, la banda que integraba Astesiano, el escribano y un traductor ruso, lo adulteraban. Es en este segundo paso donde a la partida original, una hoja de papel membretado en idioma ruso, se le agregaba el nombre del supuesto pariente uruguayo fallecido.

Ese documento adulterado el escribano lo inscribía en la sección de extranjeros en el Registro Civil de modo de obtener una partida en el formato que establece Uruguay. Y con ello pasaban a la tercera etapa en la que, amparándose en las leyes 16.021 y 19.362 -que permiten a hijos y a nietos de uruguayos acceder a cédula y pasaporte- tramitaban los documentos.

Fuentes vinculadas al caso dijeron a El País que una de las falencias que permitieron que esto suceda fue que no se cuenta con traductores oficiales de ruso y se manejan con “idóneos”.

Esta práctica, que se identificó desde 2017 con casos de ciudadanos cubanos y colombianos, fue mutando a medida que pasaron los años. En un comienzo los delincuentes tramitaban la documentación en la sede central de Identificación Civil en Montevideo. Pero tras notar que llamaron la atención de los funcionarios, lo empezaron a hacer en el interior del país, dijeron los informantes.

Se dio avisó a las sucursales departamentales por lo que en una última instancia los involucrados hicieron la gestión desde el consulado uruguayo en Rusia, y una vez obtenida la cédula o el pasaporte se enviaba la documentación mediante valija diplomática. Para evitar esto, desde Uruguay se alertó a los diplomáticos en Rusia.

Ofrecer dinero

Los montos que llegaban a pagar los interesados en obtener pasaporte y cédula uruguaya eran elevados. A nivel judicial se dijo que podían ascender a los US$ 10.000 aunque, en un caso en particular, se desprende que la cifra que pagó un cliente fue de US$ 50.000. En este caso fue para que le tramitaran de la forma más rápida posible un pasaporte uruguayo, según relataron los informantes.

Estos altos precios llevaban a que la organización buscara por diversas vías asegurarse que el trámite se concretara. Y la clave era identificar ciudadanos uruguayos que pudieran figurar como padres o abuelos de los rusos. En la mayor parte de los casos apuntaron a personas ya fallecidas, y en varios de los episodios denunciados se constató que correspondían a personas radicadas en la colonia rusa San Javier, como forma de hacer más fidedigna la versión.

Pero en otros, también, involucraban a uruguayos aún vivos y se estima que eran conscientes de la situación. Uno de los mecanismos que se indaga en la investigación es si los miembros de la organización ofrecían dinero a uruguayos para hacerse pasar por padres o abuelos de ciudadanos rusos.

Otra modalidad utilizada por los rusos, que compraban partidas de nacimiento adulteradas por la organización integrada por el custodio Astesiano, era presentar en la DNIC falsas promesas de trabajo de empresas uruguayas. Por ejemplo, decían que iban a trabajar para UPM. Para evitar que la compañía perdiera esa mano de obra supuestamente especializada, el funcionario de la DNIC apuraba el trámite de otorgamiento de la cédula de identidad.

Mejorar el control

Esta situación dejó en evidencia la necesidad que tiene Identificación Civil de reforzar los controles. Desde 2019, el director del Departamento de Cédula de Identidad de la DNIC solicitó en forma insistente a la Comisión Técnica -unidad que determina las pautas técnicas de los documentos uruguayos- incrementar la seguridad de la operativa de la institución para neutralizar intentos de falsificación.

Así se lo solicitó en reiteradas ocasiones al actual director de Identificación Civil, José Luis Rondán, presentando expedientes denunciando diversas situaciones de vulnerabilidad.

De hecho, allí se acumularon casos de varios rusos hasta que el 22 de setiembre se dio el último intento antes de que la Justicia interviniera. Una gestora, de nacionalidad rusa, de 20 años, pretendía sacar la partida de nacimiento para un cliente de su misma nacionalidad, de 46 años. Pero ante la alerta que ya existía entre los funcionarios de Identificación Civil, se dio aviso a la Policía, que la detuvo.

A una semana de la detención
Día a día, así transcurrió el caso
Alejandro Astesiano y Luis Lacalle Pou. Foto: Ricardo Figueredo. Archivo.

Hoy se cumple una semana desde que fue detenido Alejandro Astesiano, el exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial. A continuación, un resumen de lo que ocurrió en los últimos días con este hecho, que desde el Frente Amplio se consideró un “escándalo”, mientras que desde la coalición se reconoció que significaba un golpe para el actual gobierno.

Domingo. Acompañado por Astesiano, el presidente Luis Lacalle Pou retornó de unas vacaciones en Costa Rica junto a sus hijos. Mientras se dirigían a la residencia en Suárez y Reyes, el entonces custodio le comunicó al presidente que sería detenido y que el director de Inteligencia Policial, Claudio Correa, los estaba esperando. Tres personas ya habían sido imputadas por pertenecer a la banda que Astesiano integraba.

Lunes. Este día se conoció la noticia. Fiel a su estilo comunicacional, el presidente dio una conferencia de prensa a primera hora de la tarde para despejar dudas a la ciudadanía. Allí se mostró consternado, aseguró que el custodio no tenía antecedentes penales -aunque sí anotaciones policiales- y sostuvo que había sido “profesionalmente intachable”. Esta última frase motivó que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijera horas más tarde que Lacalle Pou había cometido un error, además de denunciar la “falta de claridad” con la que se había manejado el gobierno.

Martes. La Justicia habilitó a la Fiscalía a investigar a Astesiano por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Gabriela Fossati indicó que el custodio había tenido reuniones en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva vinculadas a su actividad delictiva, y que tenía un nexo con otras dependencias del Estado. Tras la imputación, Lacalle Pou echó a Astesiano.

Miércoles. Se dio a conocer que el exjefe sí tenía antecedentes penales e incluso había estado preso en la cárcel de Las Rosas. El Ministerio del Interior ordenó una investigación administrativa de urgencia para determinar por qué estos datos no figuraban en los informes que había recibido Lacalle Pou, ante una posible adulteración. El presidente ordenó revisar el legajo de cada uno de sus custodios.

Jueves y viernes. El director de Inteligencia Criminal, Gonzalo Vázquez, fue separado del cargo porque se probó que alguien habían “desasociado” la cédula de Astesiano del sistema. El Frente Amplio continuó evaluando acciones parlamentarias y ahora apunta al prosecretario Rodrigo Ferrés.

Con prisión preventiva

La fiscal solicitó formalizar la investigación para Alejandro Astesiano, el escribano y dos rusos involucrados. Se les imputaron los delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir. Al exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou se le sumó el delito de tráfico de influencias y enfrentará una prisión preventiva de 30 días.

De todos modos, no se descarta que haya más personas involucradas en la organización. En el Registro Civil se indaga sobre la posibilidad de que dos funcionarias entregaran información de esa oficina a la banda criminal y el MEC lo investiga.

“Transparencia no es circo”, se lamentó la fiscal
Fossati aclaró que dijo “mano derecha” por el rol en la seguridad
Graciela Fossati.

La fiscal del caso, Gabriela Fossati, emitió un mensaje a través de sus cuenta de Twitter ayer en el que relató por qué utilizó la expresión “mano derecha” para detallar durante la instancia judicial el vínculo entre Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou.

En su mensaje en la red social la fiscal procuró evitar que se le asigne algún tipo de intencionalidad política con la expresión que utilizó.

“Dado que, con intencionalidad o no, se afecta a personas terceras ajenas a la investigación, debo aclarar que se limitaron a explicarle al Sr. Juez un rol en seguridad. Nada más”, escribió Fossati.

Luego, la fiscal aseguró que no responderá a los pedidos de entrevista en este momento de la investigación porque “no corresponde ni sirve a la investigación”. Y agregó: “Comprendo el trabajo de la prensa y el fenómeno de las redes, pero transparencia no es ‘circo’”.

“La Fiscalía no hizo ni hará consideraciones ajenas al objeto de la investigación y siempre cuidará las instituciones -continuó-. Su rol es exclusivamente investigar y procurar la persecución penal. La Justicia no debe tener color”.

Fossati pidió la formalización de la investigación para Astesiano, el escribano involucrado y para dos rusos. Se les imputaron los delitos de suposición de estado civil y asociación para delinquir. A Astesiano se le sumó el delito de tráfico de influencias. Y enfrenta una prisión preventiva de 30 días.

En el mismo mensaje divulgado ayer por la mañana la fiscal advirtió que “en el marco del nuevo proceso acusatorio, adversarial y oral, sobre todo en investigaciones complejas, las condiciones de trabajo generan que los fiscales lleguen cansados a las audiencias, menos elocuentes”.

“Solo puedo asegurar mi compromiso con la objetividad y estricto apego a la ley”, concluyó.

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