El sistema político trata por estas horas de ponerse de acuerdo sobre qué tipo de salida legal tendrá la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), que hace pocos días, ya sin reservas, anunció que pagará en dos tramos los salarios de sus funcionarios y las pasividades de julio. Con todos los actores involucrados centrando su atención en ese desafío, pasó por debajo del radar la situación de otro subsistema previsional, que año a año viene recibiendo una asistencia millonaria por parte del Estado.

El Ministerio de Economía y Finanzas avaló hace pocos días una transferencia equivalente a US$ 583 millones para asistir financieramente al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocido como la “Caja Militar”.

A su vez, y según el informe que acompaña el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, en 2024 la asistencia financiera a la Caja Militar alcanzó a US$ 550 millones. Allí fueron el 15% de todas las transferencias del Estado a la seguridad social. Otros US$ 100 millones se destinaron al pago de jubilaciones y pensiones militares que salen específicamente de Rentas Generales. El triple de la asistencia que el Estado otorgó en 2024 al Banco de Previsión Social (BPS): US$ 183 millones.

“La sociedad subsidia con más de US$ 500 millones a la Caja Militar”, advirtió el senador frenteamplista Eduardo Brenta, al hacerse eco de los datos que días atrás divulgó El País. Brenta, a su vez, reparó en otro dato, vinculado a otra polémica. “Es 25 veces más que a Colonización” dijo, con respecto a un organismo que recibe unos US$ 20 millones anuales. “Obviamente, la Caja Militar debe ser reformada”, agregó.

Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

El Poder Ejecutivo acaba de presentar a distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales, la “hoja de ruta” del “diálogo social” por el que aspira a formular un nuevo sistema integral de protección social. Allí estarán en discusión aspectos como la protección a la infancia, el sistema de cuidados y la protección a los trabajadores activos. También, los aspectos previsionales y de seguridad social. Los “grandes nudos”, según los definió Hugo Bai, el coordinador de ese “diálogo” planteado por el gobierno. Sobre qué se puede esperar allí en cuanto a los distintos subsistemas, entre ellos la “caja militar, Bai sostuvo, en una entrevista con El País a finales de abril, que ese “diálogo” es un “dispositivo para dar discusiones de carácter general, no de colectivos específicos”. La idea no es, al respecto, incorporar la discusión de la caja ni otra que tenga una situación particular. “Por supuesto, hay cambios que vamos a estar discutiendo que tienen que ver con cada uno de los regímenes”, indicó. Así, en esa “hoja de ruta”, está planteada la “equidad” que debería tener el sistema y su sustentabilidad económica y financiera. Bajo esos conceptos es que, según se considera en el Poder Ejecutivo, existe margen para que los temas vinculados a la “Caja Militar” formen parte del intercambio. “Es un sistema que todavía tiene asimetrías importantes con el régimen general”, dijo Bai. “Y, al mismo tiempo, requiere un esfuerzo fiscal muy importante”, agregó.

Bai consideró un “camino a preservar” la convergencia establecida en la última gran reforma jubilatoria, impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Allí se plantea la creación de un Sistema Previsional Común, en el que confluirán todas las entidades previsionales. Esto implica que las personas que ingresen al marcado de trabajo mantendrán su afiliación a la entidad que corresponda, pero las prestaciones se calcularán de manera análoga a todas ellas.

La asistencia del Estado a la “Caja Militar”, aunque con fluctuaciones, ha ido en ascenso en la última década. En 2017 representó US$ 439 millones, pasando a US$ 465 millones en 2018. Luego comenzó un descenso que llevó a esa asistencia a US$ 374 millones en 2021, para luego volver a subir: US$ 452 millones en 2022 y US$ 546 en 2023.

Las Bases Programáticas del Frente Amplio (FA), base y guía de la acción del gobierno de Yamandú Orsi, se limitan a indicar que habrá que “revisar todas las cajas jubilatorias y reformarles en base al acceso igualitario a la seguridad social”. Hace pocos días la ministra de Defensa, Sandra Lazo, habló sobre su intención de “transparentar” el funcionamiento de este servicio de jubilaciones y pensiones. Lo hará, dijo, con autoridades de la “caja” y del ministerio. La intención, según subrayó en diálogo con La Diaria, es “comprender de qué estamos hablando y así transparentarlo hacia la sociedad”.

Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez se concretó una reforma, en momentos en que en la asistencia a la “Caja Militar” representaba en promedio once veces, por pasivos, que la otorgada al Banco de Previsión Social (BPS). Su principal problema es que contaba solo en promedio con el aporte de un activo por a cada dos pasivos. “La reforma de la caja militar es imprescindible, porque el Estado no debe financiar pasividades privilegiadas”, decía entonces el ministro de Economía, Danilo Astori, cuando la asistencia estatal a la caja rondaba el 1% del PBI.

Se aprobó luego de un año y medio de debate (principalmente a nivel interno) y, en los hechos, se transformó en la primera reforma que tuvo el subsistema desde 1974.

Un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) señaló que, dentro de los cambios paramétricos incluidos en la reforma de la “Caja Militar” de 2018 se destacó la reducción de la tasa de reemplazo máxima de la causal de retiro obligatorio por edad, de 90% a 85%, equiparándola a los previsto para el régimen previsional de los funcionarios policiales, vigente desde octubre de 2008.

Por otra parte, mientras en el proyecto original del Poder Ejecutivo todos los funcionarios con menos de 20 años de servicio efectivo quedaban comprendidos en la reforma -en el régimen especial de transición o en el definitivo- la ley aprobada -a instancias del Frente Amplio- estableció el umbral en 15 años. De hecho, se agregó, el régimen definitivo aplicará únicamente a los oficiales con menos de 10 años de servicio al 28 de febrero de 2019 y a los subalternos que ingresaron a las Fuerzas Armadas luego de esa fecha, “siendo la reforma que menos activos alcanza de forma plena” desde 1995. Según la OPP, cuando empiecen a retirarse los primeros oficiales comprendidos en el régimen de transición -que será en torno al año 2033- comenzarán materializarse los primeros efectos significativos de esta reforma, en términos económicos. Por su parte, se señal, el 100% de los retiros se producirán al amparo del nuevo régimen recién en 2058, cuando se retiren a los 57 años de edad en forma obligatoria los efectivos que ostenten el grado de suboficial mayor que hayan ingresado a las Fuerzas Armadas luego del 28 de febrero de 2019 con 20 edad de edad. El ahorro total, se estima, alcanzará el 0,15% del PBI En su informe OPP estimó que, probablemente, la reducción de la asistencia financiera propiamente dicha será algo mayor, dado el aumento de 13% a 15% en la tasa de montepío y de 15% a 19,5 en la tasa de patronal, y la implementación de contribuciones especiales por servicios bonificados. El gobierno aspiró además, sin éxito, a un “impuesto” a los retirados militares.