BPS pagó más de US$ 244 millones en asignaciones familiares

Por Pamela Díaz
El Banco de Previsión Social (BPS) destinó unos US$ 244,6 millones en asignaciones familiares en 2022. La cifra aumentó un 4% desde 2021, cuando desembolsó unos US$ 235 millones. La variación se explica en parte por la eliminación en enero del tope de ingresos para recibir la prestación por el Plan de Equidad, según explicó a El País el vicepresidente del organismo Daniel Graffigna.

El año pasado cerró con 457.489 beneficiarios de asignaciones familiares y, solo en diciembre, el organismo volcó US$ 21 millones. Pero la cifra, aunque es millonaria, solo representó el 4% de lo que el BPS dio en las principales prestaciones durante ese mes (US$ 572 millones).

La mayor parte del desembolso que hizo el organismo en el último mes del año fue en jubilaciones (US$ 370 millones, un 65% del total de diciembre) y, en un monto mucho menor, le siguieron las pensiones de sobrevivencia (US$ 99 millones, un 17% del total).

En relación a las asignaciones familiares, por el Plan de Equidad hubo 398.675 usuarios en el último mes, cifra que subió 8,56% desde diciembre de 2021 y, en promedio, cobraron US$ 50. Por otra parte, a través de la ley de asignaciones familiares hubo 58.814 personas -cayó 15,83% en un año- y cobraron, en promedio, US$ 21.

El mercado laboral tuvo un impacto por la pandemia. Se explica, más que nada, por las consecuencias económicas que trajo el covid-19. Pero, a medida que pasaron los meses, la situación mejoró y eso se ve reflejado en las cifras del subsidio por desempleo que brinda el BPS, también denominado seguro de paro.

Durante el primer año de pandemia, en 2020, el BPS desembolsó US$ 684,4 millones para los beneficiarios del seguro de paro. Pero ya en 2021 el monto descendió a US$ 403,8 millones, un 41% menos. Y en 2022 cayó a US$ 290 millones, un 28,16% por debajo de la cifra del año previo.

Dos meses de 2022 requirieron el mayor pago del BPS: setiembre con US$ 25,8 millones y enero con US$ 25,4 millones. Pero lejos están esas cifras de algunos de los montos que se llegó a pagar en los meses cuando la pandemia pegaba con más fuerza. En mayo de 2020, cuando poco se sabía aún sobre el virus y primaba la incertidumbre, el organismo destinó US$ 104,5 millones para 185.769 personas.

Algo similar sucede con los subsidios por enfermedad. De los últimos tres años, 2021 es en el que más dinero se volcó a las certificaciones médicas: US$ 302,9 millones. La cifra tuvo un descenso en 2022, acompañado de una mejora de la situación sanitaria. La caída entre un año y otro fue de 12% dado que el BPS pagó US$ 266,7 millones el año pasado.

Solo en diciembre se destinaron US$ 21 millones para el subsidio por enfermedad. Del total de beneficiarios, 78,2% se certificó por patologías no covid mientras el que 10,5% por temas de salud vinculados de manera indirecta al virus y 11,3% de forma directa. Otro dato es que el 60,39% de quienes recibieron el apoyo fueron mujeres y 39,61% varones.

Por su parte, el vicepresidente del BPS recordó a El País que este beneficio tuvo un “punto histórico” en enero de 2022, cuando se llegó a tener casi 120.000 personas. El motivo es que el subsidio está vinculado al covid y las medidas de aislamiento por el contagio, pero “felizmente (las cifras) han ido bajando”, añadió.

Otra prestación que brinda el BPS son las pensiones asistenciales, que son no contributivas y pueden ser por vejez o por invalidez común o severa. La cantidad de dinero que se destina a este beneficio tuvo una caída de 3% en 2022 (US$ 335,6 millones) en comparación a 2021 (US$ 347,2 millones). Pero el descenso es mayor si se compara con el primer año de la pandemia, cuando se destinaron US$ 357 millones bajo este concepto.

¿De qué se tratan estos beneficios? La pensión a la vejez es una “prestación no contributiva que se abona mensualmente a personas mayores de 70 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica”. Por otra parte, indicó Graffigna, la invalidez común es para aquella persona que, por ejemplo, puede asearse o alimentarse por sí mismo; a diferencia de la severa, que es cuando “necesitan de un tercero que los asista” y no está determinado por el apoyo económico que pueda dar la familia.

Solo en diciembre se destinaron casi US$ 29 millones para estas prestaciones asistenciales. La mayor parte, el 46,8% fueron por invalidez común, quienes recibieron, en promedio, US$ 360. Le siguieron con el 29,91% por invalidez severa con US$ 368 y 23,89% por vejez con US$ 334.