Redacción El País
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, deberáfundamentar en los próximos días ante la Junta Departamental las designaciones directas y contrataciones de particular confianza que realizó en este período al frente de la comuna canaria. El planteo responde a la inquietud de un grupo de ediles del Partido Nacional, y se vio reforzado a partir de una serie de datos aportados en las últimas horas por la propia intendencia.

La respuesta que la administración envió a un pedido de informes indica que allí hay 334 cargos de este tipo. Son 274 por asignación directa y 60 designados por confianza. Entre estos últimos hay 35 directores, con sueldos de $ 225 mil mensuales.

Así se lo dijo a El País el diputado canario Javier Radiccioni, al señalar que existen numerosas designaciones que responden a familiares o parejas de legisladores del Frente Amplio, exediles o exalcaldes e incluso algunos dirigentes blancos y colorados que optaron por aceptar el nombramiento en la intendencia frenteamplista.

El diputado mencionó como ejemplos los casos de la exedila montevideana Maite López, que se desempeña en el Centro Cultural de Parque del Plata por $ 74.000. También el caso de Javier Salsamendi, exdiputado y expresidente del INAU, que está en la Unidad de Seguimiento de Ordenamiento Territorial, con un salario de $ 108.000.

Radiccioni reparó también en el caso de Aníbal Gloodtdofsky. El exdiputado colorado y exasesor de Daniel Martínez en la Intendencia de Montevideo se desempeña en la Dirección de Desarrollo Comercial y percibe allí $ 135.000 por mes.

"Hay casos de nepotismo y premios políticos a dirigentes que no obtuvieron cargos electivos", alertó el legislador. Todo esto, señaló, redunda en perjuicios para los contribuyentes de Canelones. A su juicio, constituye un "despilfarro" en favor del "proyecto político nacional" de Orsi, que termina "pagando el pueblo".

Según los cálculos del diputado el monto económico relacionado con todas estas contrataciones supone, al cambio actual, unos US$ 55 millones en todo el período. Eso sin contar licencias, aguinaldos o aportes patronales.

Radiccioni comparó esta cifra con los US$ 66 millones a partir de dos fideicomisos que la intendencia tuvo que contratar para poder realizar obras, lo que se suma a un endeudamiento global que, según afirmó, ronda los US$ 550 millones. "El dinero no va para obras, va para financiameinto político", señaló el diputado, al apuntar a una intendencia que tiene 4.500 funcionarios presupuestados y 900 contratados, más todas estas designaciones directas.

El legislador dijo no saber si Orsi concurrirá a la junta o si se hará representar, ni tampoco por quién. "Si manda a todo su equipo de gobierno, no entran en la sala", ironizó.