Argimón justificó compra de cuadros: dijo que Tribunal de Cuentas “certificó la legalidad” de los gastos

TRAS CUESTIONAMIENTO

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, respondió a las críticas realizadas por el diputado comunista Gerardo Núñez, que en su cuenta de Twitter cuestionó que la presidenta de la Asamblea General ordenara la adquisición mediante compra directa de dos cuadros por un valor total aproximado de US$ 18 mil.

El artista a quien se le compraron las dos pinturas -en un caso un retrato de Juana de Ibarbourou y en otro de Adela Reta- es Osvaldo Leite.

En una misiva dirigida al diputado, Argimón contestó que los gastos se hicieron al amparo del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), y que fueron controlados por el Tribunal de Cuentas, “quien certificó la legalidad de los procedimientos efectuados, sin observaciones”. También destacó que las dos resoluciones están disponibles en el sitio web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, “para su difusión a nivel de toda la población”.

El legislador había cuestionado en la red social la conveniencia del gasto en tiempos de crisis económica y, según dijo, “mientras le niegan a los niños repetir un plato de comida en las escuelas”.

La vicepresidenta no hizo alusión a ese comentario en su carta, en la que sí se explayó, en cambio, en el contexto en que se dieron los encargos de las pinturas.

“Rumbo a los 100 años del Palacio Legislativo, a nivel de las bancadas se está trabajando en diferentes aspectos vinculados a tan especial aniversario”, escribió Argimón, y continuó: “En ese marco, estas obras de arte que hoy lucen en el Palacio Legislativo forman parte del rico acervo cultural de esta casa, constituyendo una invalorable manifestación del derecho a la cultura para el acceso de todos los uruguayos”.

Y concluyó en ese sentido que la apuesta durante su gestión parlamentaria es seguir los principios consagrados en la Carta Cultural Iberoamericana, suscrita por Uruguay en 2006. Esa norma establece que “las actividades, bienes y servicios culturales son portadores de valores y contenidos de carácter simbólico que preceden y superan la dimensión estrictamente económica”.

El diputado Núñez, no obstante, no quedó conforme con la respuesta, porque entiende que no contestó sobre “el fondo del asunto”. Dijo a El País en ese sentido que el suyo no fue un “cuestionamiento legal”, sino que apuntó contra la “oportunidad (del gasto), en virtud de la austeridad y cuidado de los dineros públicos en estos momentos tan particulares que atraviesa el país”.