Un problema que vuelve

Está previsto que su fallo demore dos años; ya se nombró a los árbitros.

Durante el gobierno del expresidente José Mujica el proyecto de Aratirí en el este del país era presentado como la gran oportunidad para que Uruguay se transformara en un gran exportador de hierro y un actor importante en la minería mundial. Su promotor, Pramod Agarwal, un magnate nacido en Bombay hace 63 años, vino a Uruguay y se fotografió sonriente con Mujica. Ahora todo cambió. Sus cuatro hijos, ciudadanos británicos, están llevando a Uruguay a arbitraje internacional porque pretenden cobrarle US$ 3.356 millones por considerar que el Estado uruguayo modificó las reglas de juego con las que el grupo económico de su padre iba a realizar la inversión.

El propio presidente Tabaré Vázquez le confirmó ayer a radio Sarandí que la denuncia es por daños y perjuicios y que una delegación conformada por el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario; el subsecretario de Vivienda, Jorge Rucks; los abogados Marcelo Cousillas y Eugenio Fernández; Néstor Campal, director de Minería; Roberto Kreimerman, exministro de Industria, Energía y Minería, y Miguel Toma, actual secretario de la Presidencia, volará el domingo a Washington y se reunirá con Paul Reichler, miembro del estudio Foley Koag, que ya defendió a Uruguay en los juicios que le realizó la tabacalera Philip Morris. "Estamos convencidos que así como antes ganamos litigios internacionales, volveremos a triunfar porque el país hace años que viene trabajando y blindándose para enfrentar esta instancia", dijo Vázquez. Hacía referencia al litigio que Uruguay le ganó a la tabacalera que había cuestionado el alcance de las campañas contra el cigarrillo en Uruguay.

El desenlace puede afectar al próximo gobierno. Fuentes conocedoras del caso dijeron a El País que su dilucidación llevará alrededor de dos años a partir de ahora. El tema será estudiado por un tribunal de tres miembros. Uruguay designó a uno, el grupo de Agarwal a otro y ambas partes se pusieron de acuerdo para nombrar al presidente. Como centro administrativo, pero sin poder de decisión, actuará la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

El grupo inversor (Zamin Ferrous) había anunciado en 2017 su intención de ir a un arbitraje y el 3 de julio pasado presentó la documentación ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El planteo lo hace el grupo inversor en el marco del acuerdo de protección de inversiones que Uruguay tiene vigente con el Reino Unido.

El fallo es inapelable en lo sustancial. No habrá recursos de apelación aunque puede hacer instancias de revisión de algunos aspectos puntuales aunque no es lo usual.

Zamin Ferrous es patrocinado por el estudio estadounidense "King & Spalding" que tiene más de 130 años. Según su página web, representa a una amplia variedad de clientes entre los cuales están la mitad de las empresas que conforman el conocido ranking Fortune 100. Tiene 1.000 abogados en 20 oficinas ubicadas en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Asia. Ha participado en asuntos en más de 160 países.

En 2017 Zamin Ferrous explicó en un comunicado que "Minera Aratirí y sus subsidiarias contaban con varios permisos de prospección y exploración, que les otorgaban un derecho exclusivo a obtener la concesión de explotación del Proyecto Valentines, pero el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente el proyecto, y de forma retroactiva". También señalaba que el gobierno le pidió a Minera Aratirí ubicar uno de los elementos claves de su proyecto (el puerto de aguas profundas que utilizaría para exportar el hierro producido básicamente hacia China) en un lugar específico, La Angostura, en un lote propiedad del Ministerio de Defensa en el departamento de Rocha.

"Luego de que los inversores gastaran decenas de millones de dólares diseñando el puerto en ese lugar y haciendo todos los estudios del caso, el gobierno decidió unilateralmente que el puerto del proyecto debía ubicarse en otro lugar, en el que el gobierno quería desarrollar un puerto de aguas profundas. La compañía mostró su buena voluntad y, a pesar de los gastos adicionales y el retraso que conllevaba, cambió la ubicación del puerto. Luego, el gobierno volvió a dar vuelta su posición y derogó las regulaciones sobre el puerto de aguas profundas, tornando aún más incierta la ubicación. Finalmente, cuando la compañía solicitó que se volviera al plan original propuesto por el gobierno, el Ministerio de Defensa se rehusó a permitir el uso de aquel lote a ese efecto", agrega el comunicado.

Zamin Ferrous saldó sus deudas con los alrededor de 100 trabajadores que tenía en Uruguay, luego de juicios y ocupaciones, dijo a El País el dirigente del sindicato metalúrgico, Manuel López.

El proyecto era muy ambicioso y contemplaba la explotación de cinco yacimientos cercanos a la localidad de Valentines, donde confluyen los departamentos de Florida, Durazno y Treinta y Tres durante 20 o 30 años y la exportación de 18 millones de toneladas de hierro anuales. Los yacimientos uruguayos era de relativo bajo rendimiento pero en determinado momento su explotación se justificaba por los precios internacionales del hierro, que luego tuvieron una pronunciada caída. Hacia 2016 el proyecto había muerto definitivamente.

King & Spalding ya tuvo vinculación con Uruguay a cuyo Estado ya cobró. Fue contratado en 2011 por parte de UTE para la realización de tareas vinculadas a la regasificadora, nunca precisadas, por hasta US$ 700.000, dijo a El País Pablo Abdala, el diputado blanco que impulsó la comisión investigadora sobre el tema. En 2012 UTE resolvió ampliar el gasto a US$ 1,4 millones y a $ 3,6 millones para pagar el impuesto a la renta de no residentes de forma que la ganancia fuera neta para el bufete, explicó el legislador. El 30 de junio del año pasado UTE envió una nota a la investigadora en la que señalaba que no tenía documentación que explicara las tareas para las que el estudio fue contratado aunque luego sí hizo llegar documentos en inglés "inconexos", según Abdala.

El anuncio de la confirmación del litigio con Aratirí generó críticas de la oposición, buena parte de la cual se opuso siempre a la minería a cielo abierto. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou escribió en Twitter: "lamentable manejo de los 3 Gobiernos del FA sobre el tema Aratirí". "No escucharon a los que alertamos. Ahora nos exponemos en un juicio contra del país. De nuevo pagarán todos los uruguayos si perdemos el juicio", avisó.

El expresidente, José Mujica, dijo en Canal 12 que "me parece formidablemente exagerada" la demanda de Aratirí. "Hace más de un año hizo un anuncio parecido. Es el segundo anuncio. Es una empresa que acostumbra a hacer este tipo de operativos", comentó. "No creo" que tenga andamiento la denuncia del grupo, dijo. "Esto es una exageración para intentar negociar", consideró Mujica.

Zamin Ferrous, prometía invertir US$ 3.000 millones para extraer el hierro de la zona de Valentines y darle trabajo a 6.000 personas. El grupo también se ha visto envuelto en litigios vinculados con sus intereses mineros en Brasil.