HECHO CLAVE

Hace hoy 40 años la mayoría de los uruguayos votaban en contra de la perpetuación de la dictadura cívico-militar que gobernaba el país desde mediados de 1973, constituyéndose en el inicio de lo que cinco años después sería el retorno a la democracia.

Mucha agua ha pasado debajo de los puentes, pero aún hoy es difícil de determinar si los dictadores de entonces supusieron que obtendrían el apoyo de la gente en su proyecto de legitimar el denominado Proceso Cívico Militar por exceso de confianza o por ceguera política.

El proyecto de generar la reinstitucionalización política bajo un modelo de democracia tutelada consagrada en una nueva Constitución se venía gestando entre los integrantes del gobierno dictatorial desde bastante tiempo atrás.

Ya en 1976 las discusiones al interior del régimen acerca de cómo procesar una salida terminaron con la destitución del entonces presidente de facto Juan María Bordaberry, cómplice del golpe de Estado, y los militares que lo habían mantenido en el poder. Es que Bordaberry llegó al extremo de proponer la disolución permanente de los partidos políticos y la eliminación permanente de las elecciones nacionales, disparate que ni siquiera los golpistas se atrevieron a sostener.

Tras el derrocamiento de Bordaberry y la unción de Alberto Demichelis, entonces presidente del Consejo de Estado, como presidente, el gobierno suspendió las elecciones que debían realizarse en noviembre de ese año y elaboró un cronograma para reformar la Constitución en 1980 y llamar a elecciones un año después con candidato único y bajo tutela militar.

Así, con el viento a favor de detentar el poder absoluto y tras dos años de una fuerte expansión económica, en 1980 había llegado el momento de poner a consideración de la ciudadanía el proyecto legitimador del régimen cívico-militar.

Según explicó Oscar Botinelli el año pasado en el programa “Fuentes confiables” de radio Universal, “el proyecto de reforma constitucional era muy limitado (...) Subsumía o debilitaba al Poder Judicial, más como un administrador de Justicia, con un poder importante del Ministerio de Justicia, que era el Poder Ejecutivo. Consagraba un régimen presidencial puro, con un Parlamento que no podía levantar los estados de emergencia sin contar con los dos tercios de los votos y después de pasado un tiempo. También, el presidente de la República nombraba la Corte Superior de Justicia, la Corte Electoral, el Tribunal Constitucional, que además era autónomo y podía anular las leyes. Y por encima estaban las Fuerzas Armadas como Poder del Estado. Realmente el concepto de tutela estaba expresado”.

La iniciativa fue puesta a consideración de los partidos Colorado y Nacional -el Frente Amplio estaba proscrito y sus principales dirigentes presos o en el exilio- que se pronunciaron explícitamente en contra de ella, pese a lo que el plan del gobierno siguió adelante.

El expresidente Julio María Sanguinetti recordó en una columna de “Correo de los Viernes” que “la propaganda oficialista dominaba los medios diciendo que la propuesta era el único modo de retornar a la institucionalidad y que el No era un salto al vacío, que cerraría todo horizonte de futuro”.

No obstante, el boca a boca y un debate televisivo, impensable para aquel momento, entre promotores del Sí y políticos blancos y colorados defensores del No, terminaron dando por tierra con las intenciones de los detentores del poder y abrieron el camino.

Los habilitados para votar eran un poco menos de 2.000.000. Votó el 87%, 1.689.424. Más de 900.000 por el No, y 700.000 por el Sí, en números redondos. En ocho departamentos ganó el Sí. Lo hizo en Rocha, Treinta y Tres, Rivera, Artigas, Soriano, Flores, Lavalleja y Tacuarembó. El récord lo tiene Treinta y Tres, con el 68%, Rivera 64%, Artigas 62%. En el otro extremo está Soriano, con el 50,8%, vale decir 49,2% por el No.

El No ganó en once departamentos. Montevideo, Canelones, Maldonado, Cerro Largo, Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, San José, Florida y Durazno. Ahí varió desde el 52%, 53%, hasta el récord de Paysandú, donde tuvo el 65,1%, y Montevideo casi 64%. Tercero Salto con 61%.

Envueltos en una impenetrable nube de humo de cigarrillos partidarios del Sí y del No debatieron el 14 de noviembre de 1980 en los estudios de canal 4, en lo que se considera un hito crucial en el rechazo del proyecto de la dictadura de reformar la Constitución.

El colorado Enrique Tarigo, cinco años después vicepresidente de la República, y el blanco Eduardo Pons Etcheverry, fueron los encargados de defender la postura contraria al proyecto oficialista, en tanto que el coronel Néstor Bolentini y el abogado Enrique Viana Reyes, un civil integrante del Consejo de Estado, defendieron -con poco éxito- la iniciativa cívico-militar.

Los argumentos de Tarigo y de Pons Etcheverry, un nacionalista de tendencia conservadora, fueron demoledores a favor del No.

A lo largo del debate hubo algunos pasajes sorprendentes. Uno de ellos fue la respuesta de Tarigo a Bolentini cuando este argumentó que votando el No se corría el riesgo del retorno del comunismo, a lo que el colorado respondió que si él fuera comunista votaría Sí, porque la Constitución propuesta era de corte totalitario.

La calificación de “rinocerontes” que hizo Pons Etcheverry a los civiles que apoyaban la dictadura echando mano a una obra de Ionesco que calificaba así a los que habían apoyado al nazismo también quedó en la memoria de aquella noche.