Por una investigación interna

Denuncia implica a funcionarios, quita de multas y deudas de patente.

El fiscal de tercer turno de Paysandú, Carlos Motta, pidió el procesamiento para 25 personas en ese departamento por casos de libretas truchas, quita de multas y deudas de patente. Entre los implicados se encuentran 4 funcionarios de tránsito, uno de ellos perteneciente a la Intendencia de Salto que estaba en comisión en Paysandú.

La comuna sanducera también decidió denunciar penalmente al exdirector de Tránsito de la administración del exjefe comunal Bertil Bentos.

La investigación se inició el año pasado a partir de una venta ilegal de vehículos que contaban con matrículas y libretas apócrifas. Se empleó el sistema informático "El Guardián" para realizar escuchas telefónicas y terminó siendo clave la información dada por Federico Álvarez Petraglia, en su doble condición de director de Jurídica y Tránsito de esa comuna.

"Hasta ese momento la causa no contaba con demasiada información, por lo que fue clave el aporte realizado por la Intendencia, que venía investigando la falsificación de libretas. Ahora se llega a los pedidos de procesamiento en base a un trabajo coordinado entre Policía, Justicia e Intendencia", explicó Álvarez Petraglia a El País.

El caso involucra a 19 personas y se originó a partir del contacto de un contribuyente con el director municipal. "Vino una persona con una multa de tránsito a consultarnos cómo era el trámite para pagar la infracción y recuperar su libreta. Le informamos cómo era el procedimiento y el tiempo que llevaba, a lo que me respondió: mirá que en 10 minutos yo consigo la libreta de nuevo y me mostró los mensajes de texto en su celular y el nombre del contacto. Hice las capturas de pantalla y radiqué la denuncia el 8 de enero", dijo.

El jerarca explicó que en su gestión el cuerpo de inspectores aumentó de 25 a 50 funcionarios, lo que en la vía pública se percibió claramente con la intensificación de los controles que empezaron a detectar libretas truchas.

"Quiero dejar claro que en este caso no existen funcionarios implicados y que tampoco se sustrajo material de la Intendencia. La Policía hizo un allanamiento en una finca, identificó a cuatro individuos e incautó una computadora con software bajado de internet y material impreso para falsificar libretas", indicó Álvarez Petraglia.

El fiscal pidió procesar con prisión a los cuatro particulares por reiterados delitos de falsificación de certificado y asociación para delinquir y el procesamiento sin prisión para 15 personas que compraron libretas de conducir, bajo el delito de coautoría de falsificación de certificado.

En este otro caso que también se encuentra en la órbita judicial y promete tener más derivaciones, la Intendencia detectó la deslealtad de cuatro funcionarios del área de Tránsito, para los que la Fiscalía solicitó prisión preventiva por reiterados delitos de cohecho calificado. "A principios de este año iniciamos sumarios administrativos y encontramos que había elementos suficientes para radicar una denuncia contra cuatro funcionarios", indicó Federico Álvarez Petraglia a El País.

"La maniobra consistía en que ingresaban al sistema y migraban los datos anteriores a la puesta en vigencia del Sucive. De esa forma anulaban multas y deudas de patente, que hacían figurar como prescritas o que estaban pagas", precisó el jerarca. Sostuvo que esta maniobra se remonta a 2014 y por la declaración de una de las funcionarias implicadas, habría quedado involucrado el exdirector de Tránsito de la administración de Bertil Bentos.

"Una funcionaria lo afirmó tres veces (en el sumario administrativo, ante la Policía y en la Justicia) que esta práctica había sido impuesta por el director de Tránsito del gobierno del Partido Nacional", declaró Álvarez Petraglia.

"En julio decidimos radicar denuncia penal contra el exdirector Haroldo Canoniero, pero como la investigación con los otros casos se encontraba avanzada, las autoridades decidieron formar un expediente aparte", indicó el exmagistrado, hoy director municipal.

La empleada fue desplazada de su lugar de trabajo pero la maniobra continuó desarrollándose por parte de otros tres funcionarios.

"En principios estamos hablando de 19 situaciones, pero creemos que son muchísimas más. Solo por citar un ejemplo, a un camión se le sacaron 120 mil pesos de deuda, por lo que en la globalidad estamos hablando de un volumen significativo del daño económico provocado", expresó el director.

Piden la remoción de los funcionarios

Uno de los funcionarios indagados reconoció "haber recibido dinero para ejecutar actos contrarios a los deberes del cargo": entre 1.000 y 3.000 pesos en cada oportunidad. Modificó facturas, canceló adeudos y estableció exoneraciones, según expresa el documento de 105 páginas que compone la vista fiscal. El expediente comenzó con la investigación de Federico Álvarez Petraglia (foto). En otra conversación grabada por "El Guardián", una funcionaria admite haber cobrado 6 mil pesos por haber sustraído la boleta de una multa. Como el inspector se queda con una copia y hace el seguimiento de la infracción porque cobra un porcentaje, formuló el reclamo correspondiente y la multa fue reingresada al sistema.

Quien había pagado por el "favor" reclamó a la funcionaria y la amenazó con que si no le devolvía el dinero, la denunciaría ante las autoridades del Departamento de Tránsito.

El viernes, la vista fiscal pasó a manos de la jueza penal de 2º Turno Rossana Martínez, que hoy podría tomar resolución. La comuna decidió el cese del pase en comisión de una funcionaria implicada y se comunicó los antecedentes a la Intendencia de Salto. Como resultado de la etapa final del sumario, el ejecutivo determinó además sugerir la destitución de los funcionarios implicados, algo que está sujeto a aprobación de la Junta. La auditoría externa es con el propósito de cuantificar el daño y además detectar fallas en el sistema.

El intendente Guillermo Caraballo dispuso dar de alta nuevamente a todos los casos que fueron dados de baja como parte de la maniobra y dar trámite a una auditoría exter-na para determinar la magnitud del daño ocasionado.