La Justicia resolvió condenar a una pareja por reiterados delitos de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, en Treinta y Tres, tras comprobar que ambos pusieron en peligro la salud mental, psíquica y emocional de su hija de 17 años de forma intencional. La resolución surgió tras el suicidio de la menor, quien debió enfrentar en soledad y ante el ocultamiento de sus progenitores, las secuelas de un abuso intrafamiliar.

A pesar de haberlo padecido desde los 6 hasta los 14 años -como figura en el relato fiscal al que accedió El País- la víctima ocultó lo sucedido. No fue hasta mediados de 2018, cuando tenía 13 años, que se supo de lo que había atravesado dentro de su hogar.

La joven había acudido a una revisión médica en el Hospital Militar de Montevideo, cuando relató en un diálogo con una pediatra haber sido víctima de abusos por parte de uno de sus hermanos. El victimario tenía 16 años en aquel entonces y vivía en la misma casa que la joven.

Luego de realizar varios exámenes de rigor a la menor, el personal médico decidió poner en conocimiento a su familia, específicamente a sus padres, con la intención de que se procediera a realizar una denuncia pertinente. Se habían recolectado pruebas fehacientes de una posible situación de abuso. Sin embargo, esto no ocurrió y la familia retornó a su hogar como si no hubiera pasado nada.

La investigación que llevó a cabo la fiscal departamental, Alicia Abreu, permitió determinar que la víctima continuó sufriendo abusos luego de su consulta médica. Pero incluso, una vez que se detuvieron, la negación familiar de lo sucedido profundizó la herida de la joven hasta llevarla al límite.

De la historia clínica consultada, surge que la menor fue internada en dos ocasiones -en noviembre y diciembre de 2020- por intentos de autoeliminación a través de la ingesta de psicofármacos.

Tras el análisis realizado por los equipos médicos que la atendieron se demostró que la joven padecía trastornos del sueño, se inflingía lesiones en la piel y todo bajo un sentimiento de “abandono por parte de sus figuras paternas”.

Así es descripto por un perito del Instituto Técnico Forense (ITF), quien en su informe recoge que los progenitores tienen un trato diferencial con la joven en relación con el que brindan a sus dos hermanos varones. Ambos tenían una distancia con la joven, sobre todo luego de que esta confesara lo sufrido por uno de ellos.

Sus padres en entrevistas con los equipos médicos tratantes negaron en todo momento estar al tanto de los intentos de autoeliminación de la joven, quien aseguraba que conocían estos hechos.

Los condenados habían resuelto incluso cortar la medicación de la joven sin indicación médica y reaccionaban con “amenazas” y “violencia” cuando se insistía en su responsabilidad de que la joven siguiera un tratamiento psiquiátrico.

Los llamados de atención fueron en vano y tuvieron como desenlace el lamentable suicidio de la menor.

El 24 de diciembre de 2022, un llamado al 9.1.1 alertó sobre la presencia de su cuerpo en el interior de la casa de su pareja. Tenía 17 años y había discutido con su novio previamente.

La autopsia anuló cualquier posibilidad de intervención de terceros y determinó como causa de muerte el suicidio por asfixia.

Una testigo relató a la Fiscalía, que la joven había acudido a hablar con ella y le contó sobre la pelea con su pareja. Sobre la noche la fallecida había intercambiado mensajes con su madre y había preguntado por una de sus sobrinas. La progenitora le había contestado que “no las moleste” y esto generó su malestar.

“Me dijo que iba a salir, yo le insistí para que no se fuera, que se quedara en casa, pero se fue de todos modos (…) Desde hace mucho tiempo lo que la traía muy mal era su problema con su hermano y el hecho de que su madre lo defendiera a él y no a ella”, relató la testigo.

Ante las pruebas reunidas, la Fiscalía alegó en la audiencia celebrada el pasado viernes 23 de junio, que los imputados omitieron con intención el cuidado de su hija menor y por tanto tuvieron responsabilidad no solo al ocultar los abusos que sufría por parte de su hermano, sino en el desenlace fatal de su vida.

Esto último, por desatender las innumerables recomendaciones que el personal médico realizó para que la joven iniciara un tratamiento psiquiátrico.

Deberes inherentes que, de haberse cumplido, podrían haber evitado el sufrimiento que debió enfrentar la menor en soledad. Incluso, su fallecimiento.

A través de un acuerdo abreviado con la Fiscalía, se dispuso que ambos progenitores sean condenados por doce meses -la pena máxima para este tipo de delitos- que serán cumplidos a través de medidas alternativas.

Dos meses de la pena los pasarán en prisión domiciliaria total, con autorización para salir a trabajar. Los restantes diez meses los cumplirán bajo libertad a prueba, por lo que fijarán un domicilio, deberán presentarse una vez por semana en la seccional y realizar dos horas semanales de trabajos comunitarios.