INFORME INTERNACIONAL

Cada 100.000 habitantes, 331 están privados de liberad. Eso ubica a Uruguay como el segundo país con la tasa más alta de prisionización, solo superado por Brasil.

El dato, que de por sí preocupa a Amnistía Internacional por tratarse de un país en el que no existe una guerra o un narcoestado, tiene un ribete que inquieta aún más a la organización internacional que defiende los derechos humanos: las condiciones de reclusión.

La cuarta parte de los reclusos (26%) están encerrados en “centros tipo I”, una nomenclatura que usa el Comisionado Parlamentario Penitenciario en referencia a las cárceles donde “hay tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

En su informe anual, Amnistía Internacional “insiste en que las autoridades de Uruguay deben abordar las deficientes condiciones de vida de las personas recluidas en establecimientos penitenciarios y garantizar que tengan oportunidades de rehabilitación e integración, de conformidad con las recomendaciones formuladas por organizaciones nacionales e internacionales”.

En comparación con el año anterior, descendió el porcentaje de presos que viven en condiciones “denigrantes”: pasó del 35% al 26%. Sin embargo, aquellos que salieron del “trato cruel” se concentran en los centros “tipo II”, en los que “es parcial” el acceso a una rehabilitación.

“Esto demuestra que la privación de libertad en Uruguay está lejos de poder cumplir con sus objetivos constitucionales de rehabilitar a las personas para la vida en sociedad y prevenir el delito”, dice el informe de Amnistía.

Por eso la organización “exhorta a las autoridades a redoblar los esfuerzos para reducir el hacinamiento en las prisiones, reducir al mínimo la aplicación de medidas de privación de libertad en el sistema penal de menores, y maximizar las oportunidades de rehabilitación e integración”.

El organismo sí reconoce como un avance el descenso de la prisión preventiva: a fines de 2019, el 22% de las personas privadas de libertad estaban encarceladas bajo esa figura, lo que representa un baja de 21 puntos porcentuales respecto a 2018.

Según datos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, con cifras de 2019, en el 91% de las 187 causas judiciales abiertas por crímenes cometidos en la dictadura ni siquiera se había solicitado el procesamiento. En tres causas se procesó a los sospechosos de responsabilidad penal, pero aún no se había dictado sentencia. Solo en 14 causas se dictaron sentencias condenatorias.

Eso, sumado el intento de prescripción, llevó a que Amnistía recordara “a las autoridades del Estado uruguayo, incluidos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, tal como lo establece la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, de la que Uruguay es Estado parte”.

Y se concluye: “De las 196 personas uruguayas detenidas desaparecidas que el Estado uruguayo reconoce oficialmente, el 83% aún no han sido encontradas. De las 44 personas desaparecidas en territorio uruguayo, solo ocho han sido encontradas”.