Polémica por las torres llegará al Parlamento

MALDONADO | M. GALLARDO

El tema de la construcción de tres torres de 23 pisos en Punta del Este, desembocó en un "terremoto político" en la Junta Departamental de Maldonado. Finalmente será la Cámara de Representantes, durante la próxima legislatura, la que deberá decidir en un plazo no mayor a los sesenta días si los denominados grandes proyectos podrán o no construirse en Punta del Este.

Eso se desprende de la impugnación presentada en la madrugada del sábado por once ediles en la Junta Departamental y que suspende las resoluciones municipales que habilitaron su viabilidad.

Si bien la impugnación de las resoluciones deberá ser recibida por los integrantes de la Comisión Permanente del Poder Legislativo, los impulsores de la misma entienden que el tratamiento del recurso deberá ser analizado por la próxima legislatura que asumirá el 15 de febrero.

La izquierda tiene mayoría absoluta en Diputados.

Los defensores de las resoluciones que habilitaron la construcción de los grandes proyectos consideran que esta movida de la izquierda, que se suma a la recolección de firmas de un grupo de vecinos, deberá ser rechazada por ser "manifiestamente improcedente" por la Cámara de Diputados, tal como lo sostiene un informe jurídico elaborado por el catedrático en derecho administrativo Daniel Hugo Martins que maneja el gobierno municipal (ver nota aparte).

Si no hay un pronunciamiento legislativo en un plazo de sesenta días las resoluciones adoptadas por el intendente Enrique Antía el pasado 19 de enero quedarán firmes lo que habilitará la construcción de los complejos en cuestión.

Una serie de consultas efectuadas por El País coincidieron en señalar que si bien el acto de impugnación efectuado por once ediles no tiene efectos suspensivos automáticos, esto ocurrirá cuando la Cámara de Diputados notifique a la administración municipal de la existencia del recurso interpuesto por los once ediles.

Por otro lado, fuentes municipales advirtieron que si el Poder Legislativo eventualmente suspende las habilitaciones concedidas al amparo de un decreto votado por la unanimidad de ediles, se expondrá a la acción de demandas por "daños y perjuicios", radicadas por los inversores que ya incurrieron en cuantiosos gastos para levantar los emprendimientos.

DEBATE. La novedad se conoció en la madrugada del sábado cuando los nueve ediles de la bancada de la coalición de izquierda en la Junta Departamental de Maldonado lograron el concurso de la quincista María Emilia Alvarez y del herrerista Alfredo Lara para poder presentar un recurso de impugnación contra las resoluciones del jefe comunal fernandino.

El artículo 303 de la Constitución de la República establece que además de la recolección de mil firmas por parte de vecinos del lugar para anular las resoluciones del intendente municipal, éstas también pueden ser impugnadas por once ediles de la Junta Departamental.

Este nuevo hecho provocó un terremoto político en Maldonado donde los principales voceros de la administración municipal sostuvieron que la nueva instancia política significa un duro revés para la imagen del balneario como lugar para recibir inversiones de peso.

"Esto es un desastre para el departamento. Hay encuestas que dicen que el 88% de la población departamental está de acuerdo con la forma en que se ha llevado adelante la reactivación de la actividad económica. Ahora, le ponemos un freno total a la construcción porque este recurso tiene efectos suspensivos", indicó el edil Fernando García, presidente de la Junta Departamental.

"Es un mensaje muy malo, por eso no creo que se trate de la estrategia de un partido político antes de las elecciones municipales. Tiene que haber algún tipo de error, porque está claro que como estrategia electoral es muy mala. Así lo verá la población de Maldonado", ironizó.

ESPECIFICO. Mientras, el edil de la bancada del Encuentro Progresista e integrante de la comisión que estudió los denominados grandes proyectos, Ruben Toledo, explicó a El País que la decisión de impugnar las resoluciones municipales fue decidida luego de un pormenorizado análisis de la situación. Toledo dijo que la decisión de la comuna no se ajusta al decreto que aprobó.

"El decreto es muy específico en algunos casos. Hay varios informes técnicos negativos de estos proyectos, donde se asegura que estas solicitudes no se acogen a los parámetros establecidos por el decreto".

El edil de la izquierda recordó que el recurso fue presentado contra todos los proyectos aprobados el pasado 19 de enero por lo que el Poder Legislativo deberá expedirse sobre todos. Toledo sostuvo que si los proyectos de construcción son anulados por el Poder Legislativo los inversores igualmente volverán a insistir con sus propuestas, pero amparados por el régimen general.

"Estas torres estaban presentadas para construirlas de 17 pisos. Cuando le dijeron que podían ser más pisos, operaron en este sentido", subrayó.

DAÑO. El candidato a la comuna por el Partido Nacional, Daniel Costa, puso en duda lo que pueda ocurrir en Maldonado si la izquierda llega el gobierno. "Ahora van en contra de lo que ellos mismos apoyaron cuando aprobaron con su voto la creación de esta nueva normativa. Ellos están dejando sin trabajo a quienes ellos mismos dicen defender. Estos emprendientos generarán más de cuatro o cinco mil empleos durante dos o tres años", indicó Costa.

A juicio del ex titular de la cátedra de Derecho Administrativo y ex ministro Daniel Hugo Martins, la Cámara de Representantes deberá rechazar la impugnación de las resoluciones del intendente Enrique Antía.

"Las resoluciones no son contrarias a la Constitución o a las leyes, por lo que el recurso que algunos ciudadanos se proponen presentar o promovido por once ediles, no podrá prosperar", sostuvo Martins.

Martins aseguró, además, que las resoluciones adoptadas por el intendente Antía sí pueden ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que, en los hechos, anula la eventualidad de presentar un recurso ante la Cámara de Diputados, tal como lo han hecho los vecinos como los ediles contrarios a estos emprendimientos.

El jurista recordó que el decreto aprobado por la Junta Departamental el 11 de noviembre de 2003 facultó a la intendencia, previa anuencia del legislativo comunal, a considerar propuestas de escala.

Asimismo, Martins recordó que el decreto no ha sido impugnado de inconstitucionalidad, según lo establecido en el artículo 260 de la Constitución. Y acotó que las resoluciones dictadas el 19 de enero pasado son susceptibles de ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administativo, lo que hace inviable el recurso que algunos ciudadanos se proponen presentar, según indica en el informe.

- "Se está frenando la industria de la construcción, se está evitando que haya trabajo justo antes de la elección. Está muy claro que es un tema politizado: viene una elección y no conviene que haya mucho trabajo" (edil Fernando García).

- "Acá estamos hablando de un millón de jornales. No quieren que las dos mil o tres mil personas que se dedican a la construcción tengan trabajo. Acá hay cosas de fondo, no son menores. El Encuentro Progresista está politizando todo" (Fernando García).

- "Tienen doble discurso porque en Montevideo están aprobando torres frente al puerto de Buceo de gran altura. Según me dijeron de 50 pisos. Ahí no dicen nada. El doble discurso es permanente, como ha ocurrido con el tema del agua potable y de ANCAP. ¿Quién los entiende?" (edil blanco Daniel Costa).

- "No ponemos en duda que esto se rige por un decreto que votó la Junta, pero que no se ajusta a lo que el decreto dice" (edil frentista Ruben Toledo).

- "Todas estas inversiones se pueden concretar bajo el régimen común, porque la ecuación económica da. De hecho, hay tres proyectos que estaban presentados para construir en el fraccionamiento Lobos de 17 pisos y 45 metros de altura." (Toledo).

- "Creo que esto no tendrá andamiento. Con esta actitud están demostrando que no tienen interés en que se genere trabajo para la gente de Maldonado porque las obras ya cuentan con la autorización correspondiente" (Fernando García).

- "Con este juego político que están haciendo, lo que logran es que los inversores no crean en Maldonado y no vengan más. Es un daño que no han tomando en cuenta", concluyó (Daniel Costa).