Pit teme que el gobierno termine con la inamovilidad en el Estado

SEBASTIÁN CABRERA

El gobierno mantiene las "políticas neoliberales" y busca la flexibilización y desregulación de las condiciones de trabajo en el Estado. Esa es la visión del Pit-Cnt, que teme que el Ejecutivo termine con la inamovilidad de los funcionarios públicos.

Un documento sobre reforma del Estado, aprobado por mayoría en el congreso del Pit-Cnt y difundido en la última Mesa Representativa de la central, marca la "profunda preocupación" por la "intención manifiesta de algunos representantes del gobierno de alentar una reforma constitucional" que ponga fin a la "inamovilidad" y cambie las normas que regulan a los entes del Estado.

La central defiende la inamovilidad del funcionario público porque "garantiza la profesionalización de la vida pública" y abstrae a la administración de las luchas políticas electorales. "La inamovilidad no es sinónimo de impunidad. (...) Si no existiera inamovilidad, el Estado Uruguayo se expone a que pasada cada elección se sustituyan desde los porteros a los directores de la administración", dice el documento, al que accedió El País.

El Pit-Cnt también rechaza los intentos de privatización de las empresas públicas y eventuales propuestas de pasaje al derecho privado de los trabajadores públicos, lo cual ha sido manejado por el Ejecutivo.

Los sindicatos tienen "serias dudas" ante documentos emitidos por el gobierno donde se plantean objetivos en materia de transformación del Estado: "La introducción de conceptos de calidad total de la gestión, capacitación por competencia, medición por resultado, polifuncionalidad y movilidad horizontal y vertical, deben hacernos reflexionar profundamente si en realidad no se está buscando en forma encubierta la flexibilización y desregulación de las condiciones de trabajo y la fragmentación de la clase trabajadora".

A pesar de que el Ejecutivo inició un proceso de regularización de los contratos precarios, preocupa a la central que el gobierno siga cubriendo puestos de trabajo con contratos zafrales, así como becarios y pasantes: "Las formas contractuales a término tienen un gran costo ya no por los salarios pagados sino por los recursos destinados a la formación y la pérdida de eficiencia, cuando dichos contratos expiran".

DISCURSO. Con su reforma, el gobierno no busca la construcción de "un nuevo Estado", como pretende el Pit-Cnt, sino la "reformulación del aparato administrativo" para "hacer más eficiente la dimensión funcional de la gestión pública".

"En nuestro país, bajo un nuevo discurso, se siguen aplicando las medidas que impulsan los organismos multilaterales, lo cual fue y es resistido por el movimiento sindical. Los actuales directorios mantienen la continuidad de las políticas neoliberales", resume el documento. Y agrega que el gobierno "rescata el discurso de las reformas de los 90", que marginaron a los trabajadores de "las principales decisiones".

El Pit reconoce la necesidad de una "profunda" transformación del Estado, pero rechaza la filosofía de "las reformas neoliberales financiadas por organismos internacionales de crédito como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que proponen una simple racionalización de funciones o un achicamiento de la burocracia".

El Pit-Cnt tampoco está de acuerdo con los criterios de "eficientismo" o "productivismo" de mercado que "han venido reduciendo sistemáticamente la capacidad reguladora del Estado, sus funciones específicas en la producción de bienes y servicios y en la protección de los sectores más necesitados".

En su documento sobre la reforma del Estado, el Pit-Cnt reclama la incorporación de los trabajadores en todos los ámbitos de decisión, incluyendo los directorios de los entes y servicios descentralizados. El objetivo es "ser parte de la planificación de las políticas estratégicas".

La central sindical sostiene que los trabajadores públicos han sido "discriminados" durante los últimos dos años y dice que varios temas centrales para sus intereses "fueron excluidos de la negociación colectiva". Por eso, exige que se apruebe una ley de negociación colectiva en la órbita pública y pide "su cumplimiento".

El Pit también reclama "cambios profundos" en las empresas públicas, sobre todo en "estructuras que han quedado vetustas en función de avances tecnológicos y de los objetivos estratégicos".

El documento sindical menciona algunos "avances parciales" del Poder Ejecutivo en cuanto a las relaciones laborales: la presupuestación de los contratos de función pública y la regularización en algunas áreas de los contratos precarios existentes hasta diciembre de 2004; la reinstauración de los consejos de salarios; la ley de fueros sindicales; así como la "sensibilidad ante la exclusión social".