PABLO MELÉNDREZ
Hay más de 2.400 profesionales y técnicos que asesoran a los jueces actuando como peritos en distintas materias. Cobran solamente por los casos en los que intervienen y deben inscribirse en un registro de la Suprema Corte de Justicia.
Un juez recibe una demanda contra un mecánico, por una mala reparación de un auto. Otro tramita un juicio contra un carpintero, a quien un cliente acusa por haber fabricado un mueble defectuoso. En otro caso un magistrado debe resolver si un astillero reparó en forma incorrecta un barco.
Por lógica, ningún juez tiene porqué tener conocimientos en relación a esas especialidades y por ese motivo, necesariamente, para tomar una decisión en el juicio, deberá contar con el asesoramiento de un técnico en esa materia.
Para eso existe el Registro Único de Peritos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) donde se inscriben los profesionales y técnicos que están dispuestos a ser convocados por los jueces para brindar asesoramiento en casos concretos. Quienes integran la lista no perciben un sueldo judicial, sino que cobran solamente cuando trabajan.
En el Registro, que una vez al año se envía a cada juzgado del país, hay actualmente más de 2.400 inscriptos de todos los departamentos en las más variadas profesiones, aunque predominan los médicos, contadores, arquitectos, abogados, escribanos e ingenieros.
En las profesiones que hay especialización (como por ejemplo la medicina, abogacía o ingeniería) el listado plantea un subdivisión por área.
Los profesionales y técnicos que quieran formar parte del Registro, deberán acreditar su formación ante la SCJ y tener al menos tres años de experiencia en su especialidad.
Si bien los peritajes más requeridos son los vinculados a temas médicos y contables, en el Registro Único de Peritos también hay expertos en áreas menos frecuentes y hasta exóticas para la actividad judicial. Así, en el listado hay un creador plástico, un técnico en hélices y propulsión marina, especialistas en guía turística, meteorólogos y carpinteros.
Los profesionales que integran el Registro Único de Peritos actúan principalmente en los juicios civiles y de familia, ya que en la materia penal, normalmente, los jueces solicitan los peritajes al Instituto Técnico Forense (ITF) del Poder Judicial, que hace su labor sin costo para el usuario o implicado.
En el caso de los peritos del Registro, sus honorarios, que varían según la especialidad, deben ser asumidos por las partes del juicio, aunque el costo puede ser absorbido por la SCJ si es que los litigantes demuestran no tener medios para enfrentar el pago.
NO VINCULANTE. "El perito es la palabra del juez técnicamente", graficó a El País el psicólogo Robert Parrado, presidente de la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), que actualmente tiene unos 360 afiliados.
"La pericia es muy importante pero no es vinculante para el juez, quien la toma para mejorar su opinión sobre determinada materia y así tener más elementos antes de resolver", dijo el titular de AUPE, institución fundada en 1995.
Sin embargo, si el juez en su sentencia se aparta de lo que estableció el informe pericial, deberá fundamentar porqué motivo adoptó esa decisión, explicó Parrado, quien dijo que realiza "una o dos pericias" por año, por lo que su trabajo como perito, como le ocurre a todos sus colegas, es un complemento de sus ingresos por su labor profesional privada.
Al respecto, la exjueza Dora Szafir, quien ejerció durante más de 20 años en la materia civil, reflexionó: "Si un médico en un caso de mala praxis establece que la cirugía se hizo mal, ¿qué argumento puede tener un juez para decir que se realizó correctamente?".
A criterio de Parrado, la labor de los peritos "debería ser más valorada en la estructura judicial". Pero como autocrítica, el psicólogo destacó que los expertos también "deben saber cómo se inserta su rol" en el marco de un juicio.
satisfactoriO. "En líneas generales, el Registro de Peritos cubre las necesidades del Poder Judicial porque hay muchas áreas y muchos profesionales anotados", dijo el escribano Juan Carlos Queirolo, director de departamento de la Dirección General de Servicios Administrativos del Poder Judicial.
Según comentó el jerarca de la SCJ a El País, el Registro está abierto "a todo aquel que considere que puede hacer un peritaje y pueda colaborar con el Poder Judicial".
Problemas por inexperiencia de los técnicos
El juez de lo contencioso administrativo Pablo Eguren, indicó a El País que si bien los peritos "en general" cumplen con la tarea que les fue asignada, él, para evitar demoras, fija el objeto de la pericia a realizar y estipula el plazo que tendrá el técnico para presentar su informe, que habitualmente es de 60 días. Si vencido ese plazo no cumple, Eguren nombra a otro especialista para que le brinde asesoramiento.
Eguren contó que el caso más llamativo en el que tuvo que nombrar un perito, estuvo relacionado con la rotura de un antiguo panteón del Cementerio Central por la caída de un árbol, hecho por el que los propietarios del sepulcro demandaron a la Intendencia de Montevideo.
Por su parte, Dora Szafir, quien recientemente se retiró de la magistratura tras ejercer durante 20 años como jueza civil, dijo a El País que el procedimiento que prevé el Registro Único de Peritos "es complicado" porque "muchas veces se designa a técnicos sin experiencia".
A juicio de Szafir, los expertos que se postulan para trabajar como peritos "deberían recibir una capacitación especial" de parte de la Suprema Corte de Justicia porque "muchas veces se convoca a técnicos que nunca antes hicieron una pericia".
ESTE MES SE RECIBEN INGRESOS
El Registro Único de Peritos fue creado por la ley 17.258 de septiembre de 2000. El funcionamiento práctico del mecanismo, que está operativo desde julio de 2002, es regulado por una acordada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de febrero de ese año. Según la disposición de la SCJ, el período de inscripciones en el registro es entre el primer día hábil de septiembre y el último día hábil de octubre de cada año. El técnico que finalmente sea admitido pasará a integrar la lista de especialistas que se envía a los juzgados a partir del 1° de febrero siguiente a la inscripción. Las solicitudes de ingreso son analizadas por una comisión evaluadora que se integra con tres miembros: uno en representación de la SCJ, otro de la Asociación de Magistrados y el tercero de los propios peritos. Quien integra el Registro Único de Peritos puede pedir en cualquier momento su exclusión del mismo a la SCJ. A su vez, se prevé como causales de exclusión de técnicos cuando renuncien más de dos veces a un cargo de perito, si no presentan su informe al juez o no asisten a una audiencia a la que fueron citados.