El Directorio de OSE comunicó al Parlamento que el próximo jueves 10, cuando expire el plazo que le dio al consorcio español Uragua S.A. para que abone las deudas con el Estado uruguayo, se rescindirá el contrato y se hará cargo de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de sus usuarios porque está "en condiciones" de hacerlo, dijeron a El País fuentes legislativas.
Durante una reunión con la comisión de Medio Ambiente de Diputados, el presidente del organismo Juan Justo Amaro y el director Alberto Casas dijeron que el Ejecutivo tiene la potestad de rescindir el contrato que vincula a Uragua S.A. con el Estado y que la empresa ha manifestado la intención de retirarse no solamente de Uruguay sino de toda América Latina.
Los directores dijeron que el martes 24 de junio los responsables de Uragua S.A. estuvieron reunidos con las autoridades de OSE y confirmaron su intención de retirarse, dijeron los informantes. El 10 de este mes expira el plazo que OSE otorgó a la empresa para que salde la deuda por alrededor de U$S 160.000 que tiene con ella y que corresponde al canon que debe pagar. Los jerarcas confirmaron que "no habrá problemas con el servicio" dado que relataron que cuando el Directorio decidió la intervención de la empresa, que el Ejecutivo rechazó, ya había determinado que contaba con los recursos necesarios.
En el ámbito de la Cámara, el asunto tuvo inmediata repercusión. El diputado forista por Maldonado, Alejo Fernández Chaves, reiteró que siempre se opuso a la concesión y dijo que si Uragua S.A. dejara de prestar los servicios en ese departamento se provocaría "una crisis".