Oposición: contradicciones y dualidad de Fernández

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SEBASTIÁN CABRERA

La oposición marcó "omisiones, olvidos y contradicciones" de Gonzalo Fernández y concluyó que se afectó el "delicado equilibrio" entre la órbita pública y privada. Pero justificó la labor del Senado al derogar delito por el que procesaron a los Peirano.

La defensa del senador blanco Sergio Abreu -que elaboró el proyecto de ley que derogó el artículo 76 de la ley 2.230 (que luego permitió la clausura del expediente de los hermanos Peirano)- y de los otros tres senadores que firmaron (los frenteamplistas Rafael Michelini y Margarita Percovich y el colorado Isaac Alfie) es el punto en común entre el informe del oficialismo y el de la oposición.

De once páginas, este último informe fue elaborado por el senador blanco Carlos Moreira y firmado ayer por el también nacionalista Francisco Gallinal y el colorado José Amorín (Proba). Allí recomiendan elevar todo lo actuado a la Justicia. Abreu estaba al tanto del contenido del informe antes de su envío al vicepresidente Danilo Astori, según supo El País.

"El redactor del proyecto y los firmantes actuaron dentro del marco de objetividad y responsabilidad (...) De haber conocido alguna de las eventuales consecuencias (la clausura del expediente), se habría exigido su previo pasaje por la comisión y una exhaustiva y profunda discusión posterior", dice el informe de la oposición, al que accedió El País.

Es probable que el senador colorado Ope Pasquet y Vamos Uruguay marquen su discrepancia respecto a la labor legislativa en este tema. Pasquet ha afirmado que hubo "negligencia" de los senadores.

Los dos informes se distancian cuando analizan la actuación del ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández. El tema será abordado en el Senado, en una sesión cuya fecha tentativa es el miércoles 17.

"El delicado equilibrio entre la actividad privada (como abogado con notoria versación en materia penal o representante legal de personas encausadas por aplicación de la ley 2.230) y el cumplimiento de las reglas de derecho que regulan el ejercicio legítimo de la función pública, muy en especial por tratarse de un funcionario de tanta jerarquía y peso político, puede haberse visto comprometido a la luz de las omisiones, olvidos y contradicciones", dice el informe de la oposición.

Y recuerda que, cuando Fernández asistió al Senado, omitió decir que defendía a dos encausados por la aplicación de la ley 2.230 (uno de ellos, el ex director del Banco de Montevideo, Domingo Ratti). Tampoco dijo que había escrito un informe en 2006 al ministro de Economía Danilo Astori aconsejando la derogación del artículo, aunque luego "aconsejó lo contrario" por teléfono.

En cambio, el FA concluyó que Fernández "no fue protagonista" en la derogación y que resulta "prístino el espíritu" que movió al ex funcionario y también al senador Abreu.

TÉCNICA. La oposición asegura que "desde el punto de vista estrictamente jurídico y de técnica legislativa" era acertado derogar los artículos, ya que la ley 2.230 es "una vieja ley de 1893, calificada por maestros como Sebastián Soler como monstruo jurídico o por la doctora Adela Reta como ejemplo de pésima técnica legislativa".

El informe indica que, al no haber pasado el proyecto por comisión y al haberse votado en forma urgente en sala, el Cuerpo de senadores "no tuvo prácticamente posibilidad de aquilatar, considerar y menos aun de prever algunas consecuencias jurídicas generadas por la aprobación" de la ley, en referencia a la clausura del expediente penal.

Blancos y colorados recomiendan que en el futuro, ante casos similares, sea "preceptivo" el pasaje por comisión o se exijan mayorías especiales.

La bancada del Frente Amplio aprobó el lunes el informe elaborado por sus senadores en la comisión investigadora y por asesores. Allí se concluye que Gonzalo Fernández no actuó "por motivos espurios o ilegítimos" y no fue "protagonista" en la derogación del delito por el que procesaron a los Peirano. El informe dice que Fernández, su mujer Cecilia Salom y el senador blanco Sergio Abreu no tuvieron interés particular en la derogación del artículo 76 de la ley 2.230. A Abreu lo define como "alma mater" de la ley y agrega que el Senado se manejó con "autonomía".