Bruselas - La libertad de prensa y religión y el respeto a las minorías están lejos de ser perfectas en Turquía, aunque se registran continuas mejoras, según un informe divulgado hoy por la organización Human Rights Watch sobre los progresos en materia de derechos humanos de este país.
Dos días antes de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la posibilidad de iniciar las negociaciones para la adhesión de Turquía a la UE, dicha ONG afirma que "el Gobierno turco necesita dar pasos para erradicar la tortura en las comisarías y facilitar el regreso de cientos de miles de kurdos desplazados en la década de los noventa".
Sin embargo, según el experto en Turquía de Human Rights Watch, Jonathan Sugden, este país está ahora a la cabeza de algunos Estados miembros en su protección legal de los detenidos, después de algunas décadas en las que el Gobierno no había hecho los esfuerzos necesarios.
A pesar de ello, los gobernadores locales y los fiscales aún no se han adaptado a la nueva política sobre la libertad de expresión decidida por las autoridades, según la fuente. Esto hace que las personas críticas con las autoridades estatales o aquellos que luchan por su identidad étnica aún corran el riesgo se perseguidos, añade el informe.
También destaca que la enseñanza en lenguas minoritarias, como el kurdo, aún está muy limitada, aunque recientemente se registra una mejoría que permite suponer que Turquía puede alcanzar los estándares internacionales en materia de libertades en los próximos meses o años.
No obstante, Human Rights Watch considera que las autoridades turcas deben hacer una serie de progresos en áreas clave si quieren que el Consejo Europeo decida en diciembre dar luz verde al inicio de las negociaciones de adhesión. Entre esas cuestiones pendientes, señala la detención ilegal por ejercitar el derecho a la libertad de expresión, como es el caso de tres personas condenadas a 15 meses de cárcel por expresar sus ideas y para los que la ONG pide la "inmediata e incondicional liberación".
También se refiere a "informes persistentes" sobre malos tratos de detenidos a disposición policial y algunas alegaciones de tortura. Otro grave problema es el desplazamiento interno de ciudadanos turcos, que continúa desde hace una década.
En este sentido, la ONG critica la resistencia del Gobierno a asociarse con agencias de la ONU para aplicar un sistema creíble para el regreso de los 380.000 kurdos expulsados de sus casas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a comienzos de los años de 1990. A juicio de la organización, la perspectiva de una adhesión a la UE ha servido de "catalizador" para las reformas en Turquía.
Por ello, Sugden considera necesaria una implicación de la comunidad internacional en los esfuerzos para se produzca el retorno de los desplazados.
EFE