LA IMM PRESENTÓ LA REGULACIÓN

Abogados critican la nueva normativa para transgénicos en Montevideo.

Con la letra "T", acompañada de la leyenda "Contiene organismos modificados genéticamente", los productos que se vendan en Montevideo deberán tener este nuevo rotulado para que el consumidor conozca su procedencia. Estudios de abogados cuestionan la normativa y aseguran que la etiqueta nueva puede encarecer los alimentos.

"Los productos más frecuentes son los que contienen maíz y soja. Pero no es excluyente", dijo a El País Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. La primera empresa en querer cumplir esta normativa es una de golosinas, adelantó la jerarca.

Este nuevo etiquetado "es más neutro" que el anterior (amarillo y negro), que transmitía una sensación alarmista y negativa sobre los alimentos. Algunos estudios realizados por la Universidad de la República confirman que el diseño anterior daba lugar a malas interpretaciones.

“La Intendencia actúa en base a las normas del Digesto”

Fabiana GoyenecheDirectora de Desarrollo Social de la IMM

Las empresas tienen tiempo hasta septiembre para aplicar este nuevo rotulado. Por eso, los consumidores verán que en las góndolas convivirán alimentos con el etiquetado anterior y el nuevo. Luego de ese tiempo, los inspectores de la comuna visitarán las góndolas para comprobar si realizaron la modificación.

La Intendencia dialogó con la Cámara de Industria y la Cámara de Alimentos, entre otros sectores, para llegar a este resultado. "Queríamos armonizar la regulación", comentó Goyeneche.

Este nueva normativa despertó críticas de abogados. Uno de los estudios que la cuestionó fue Jiménez de Aréchaga, Viana & Brause que asegura va "en contra de la reglamentación nacional y la del Mercosur".

Martín Montoro, abogado de esta firma, dijo a El País que la Intendencia de Montevideo "no tiene competencias para introducir disposiciones que le corresponden al Ministerio de Salud Pública".

El ministerio cuenta con un Reglamento Bromatológico Nacional, que regula todas las condiciones que deben tener los alimentos para ser comercializados y aptos para el consumo. Según Montoro, este reglamento no da indicaciones específicas sobre los alimentos transgénicos.

El abogado enfatiza que la Constitución señala que Salud Pública es el que debe diseñar políticas para velar sobre la salud y la higiene de los ciudadanos. "Las intendencias lo que hacen es controlar el cumplimiento de las disposiciones que determina el gobierno. Pero no crea normativas", señala el jurista.

Considera, además, que este decreto puede afectar el comercio. Montoro indicó que las exigencias de rotulación a nivel nacional están alineadas a las reglamentaciones aprobadas en el Mercosur. "Esto puede afectar el acceso a varias marcas y productos en plaza o, en su defecto, a un encarecimiento de los productos por los cambios en su adecuación (del etiquetado)", indicó.

Cuando la Intendencia de Montevideo empezaba a discutir la idea, una de las primeras medidas que tomó fue consultar a los abogados si la Junta Departamental de Montevideo tenía competencia para legislar sobre este asunto y su legalidad.

"Encontramos que constitucionalmente tenemos competencia porque nuestro Servicio de Regulación Alimentaria actúa bajo las normas del Digesto municipal", indicó Fabiana Goyeneche.

La jerarca dijo que si bien en la legislación del Mercosur no hay ningún texto que exija la obligatoriedad de un etiquetado para transgénicos, no le quita a la Intendencia la posibilidad de hacerlo.

Goyeneche aclaró que en algunos temas trabajan en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, y en otros (como en este) lo hacen de manera autónoma.

Otros gobiernos departamentales han solicitado información a la IM para conocer cuáles fueron los caminos realizados para llegar a esta normativa. De hecho, se habló en algún momento en la Comisión de Salud del Congreso de Intendentes.

"Constitucionalmente, cada departamento tiene su registro de alimentos. Pero, más allá de la autonomía de cada intendencia, se trata de llegar a un registro único nacional", dijo Goyeneche.

El estudio de abogados aseguró que esta implementación en la capital implica que un mismo alimento deba cumplir con distintos requerimientos según el departamento.