Nuevo capítulo en pugna de oncólogos

Los profesores de Radioterapia y socios propietarios de la Clínica COR (fundada por el ahora presidente y ex socio Tabaré Vázquez), Miguel Torres, Alvaro Luongo y Aldo Quarneti, respondieron a la demanda millonaria presentada por los hermanos oncólogos José y Félix Leborgne. Los demandados rechazaron de plano todas las acusaciones de los oncólogos, y los acusan de actuar con malicia, según consta en la contestación a la que accedió El País.

Fundamentan la "malicia" porque "intentan hostigar al presidente de la República en forma oblicua" y bajo el argumento de un supuesto conflicto de intereses vinculándolo con la titularidad de una clínica y el ejercicio de la medicina que nada tiene que ver con el litigio". Fuentes judiciales informaron que la jueza María Eugenia Ugolini fijó la audiencia para el 21 de diciembre a las 12 horas.

Los Leborgne basan la demanda en un crítico informe que elaboraron los tres profesores sobre el Departamento de Radioterapia del Hospital Pereira Rossell, que dirigió José Leborgne hasta mayo de 2005, cuando fue reemplazado por la ministra María Julia Muñoz. Los hermanos aseguran que el informe es "negligente", destinado a "desprestigiar" su actuación, y acusa a los redactores de haber incurrido en un "conflicto de intereses", por ser COR competidora de la clínica Leborgne en el ámbito privado.

Torres (grado V en Oncología Radioterápica), Luongo (grado IV) y Quarneti (grado III), dijeron que "es deplorable" que se intente justificar el "insólito daño reclamado" en U$S 1.600.000 en base a sostener que "son personas de sólida posición económica", como afirman en su reclamo. "Francamente deplorable", insistieron.

Los especialistas negaron el carácter "lesivo" del informe, así como haberle dado difusión y que refiera a la actividad profesional de los Leborgne al frente del Instituto de Radiología y Centro de Lucha contra el Cáncer del Centro Hospitalario Pereira Rossell. Afirmaron que no existe análisis de la actuación de los Leborgne y que por eso "siquiera son mencionados en el informe".

El trabajo que hicieron, según explicaron, fue un asesoramiento sobre protocolos de tratamiento radiante, solicitado por la decana de Medicina, Ana María Ferrari, en respuesta a un requerimiento de Salud Pública.

Asimismo rechazaron que por su condición de socios de la competencia en el ámbito privado debieran haberse excusado. "No hemos incurrido en ningún exceso al evacuar una consulta, en el ejercicio de la función pública legítimamente ostentada, dentro de las fronteras de un expediente administrativo, con rigor técnico, con apego a la legalidad objetiva y atendiendo a lo pedido", dijeron.

"MALICIA". En el escrito de 79 páginas, argumentaron que ese planteo "repugna al interés social de la práctica médica ya que los actores dicen sentirse agraviados porque los demandados son su competencia en el ámbito privado con prescindencia del contenido mismo del informe". Sin embargo, aseguraron que "ninguno de los mandamientos éticos fueron soslayados al emitir la justa contestación a un pedido formulado por la Administración".

Para Torres, Luongo y Quarneti son los Leborgne "los que intentan calumniar y perjudicar a los funcionarios públicos, que en el ejercicio de su función y dentro de las fronteras de ese ejercicio, emitieron un pronunciamiento dentro de un expediente administrativo".

Por ese motivo, el abogado que firma Gustavo Tripodi, reclamó a la jueza que los condene procesalmente a enfrentar todos los gastos del juicio.

En un capítulo de la contestación los acusan de actuar con "malicia temeraria" e incluyen una cita de Proverbios 25, 7-8 que dice: "Lo que han visto tus ojos no te apresures a llevarlo a juicio porque qué harás a la postre cuando tu prójimo te confunda". Al respecto, concluyeron que la demanda "conlleva una temeridad inusitada que surge por la total falta de fundamento" y por el actuar "apresurado, torcido o grosero frente a un documento administrativo" que refería solamente al funcionamiento de un servicio público. Aseguran que lo que hacen los Leborgne es "llevar a juicio un documento que han visto con otros ojos que los que corresponden con la realidad".

DISCREPANCIAS. Los demandados también fundaron su actuación en "la libertad de cátedra que es un derecho inherente a los docentes"; "la libertad de opinión y crítica en todos los temas" y que su asesoramiento se basó en "ciertas discrepancias surgidas en los tratamientos radiantes".

"Nuestro accionar no fue endeble sino responsable. Con firmeza establecimos que no íbamos a hacer imposiciones, ni definitivas conclusiones y que nuestro accionar estaba dirigido a mitigar las discrepancias existentes en ese momento, en relación a los tratamientos", afirmaron.

Los oncólogos radioterapeutas sostuvieron que cuando "se alude a una opinión técnica (...) no representa ninguna difamación hacia nadie". Los demandados negaron que su trabajo constituya "una auditoría técnica, sino que refleja la técnica contestación a un pedido de informe emanado de un organismo público del Poder Ejecutivo". Aseguraron que existe un pronunciamiento "serio, positivo, concreto, profesional" y que "no hay omisión o negligencia que pueda imputarse al servicio o a los autores".

El abogado alegó que como actuaron en calidad de funcionarios de un servicio universitario en el ejercicio de la función pública, los Leborgne deben demandar al Estado, ya que los funcionarios no son responsables civilmente.

Citación

La jueza Ugolini fijó la audiencia para el 21 de diciembre. La sentencia se conocerá en 2007

Los profesores Miguel Torres, Alvaro Luongo y Aldo Quarneti respondieron a cada una de las acusaciones realizadas por la demanda de los Leborgne. Afirmaron que los oncólogos extraen sugerencias "caprichosas y erradas". Al respecto de los reproches que le hacen a Torres, mencionaron que "no tienen más argumento que el emocional".

En todo momento hacen referencia al informe que había hecho la directora de Radioterapia, Blanca Tasende, que mencionó que el "estado de la planta denota falta de mantenimiento".

También señalan que cuando Torres visitó el Instituto no se encontraron documentos disponibles de los protocolos de tratamiento. Y vuelven a mencionar el informe de Tasende en el que señala: "Se mantiene el término protocolo porque está establecido por la costumbre, pero en realidad se constatan diferencias significativas en los tratamientos de pacientes en todo similares sin que figuren en las historias clínicas las razones que llevan a adoptar determinadas conductas".

Agregan que el centro trabaja con ensayos clínicos experimentales y que en ese caso debería disponerse la autorización del comité de ética para su realización. Pero en el caso de la atención a los niños, sostienen que los protocolos en uso "estaban muy bien diseñados y que no merecían ninguna objeción".

Entre otros aspectos responden que las técnicas utilizadas en población adulta "han sido reemplazadas por programas terapéuticos radiantes menos complejos, más cortos y menos tóxicos".