El ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie, anunció en la víspera que no es posible adelantar el calendario de pagos de jubilados y pensionistas, para volver al régimen que estaba vigente con anterioridad a la crisis bancaria.
Las organizaciones de jubilados y el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) han pedido adelantar dos días el cumplimiento de las remuneraciones, reordenando el programa.
Incluso, el Directorio del BPS aprobó por unanimidad esa solicitud. Estribando en los datos de mejora de la recaudación, el organismo pidió que el cobro pasara nuevamente al cuarto día hábil de cada mes en lugar del sexto.
"Entiendo que no es posible. El esfuerzo que se hizo en el mes de abril fue muy importante, basado en una cantidad de cosas. Hemos postergado pagos de todo el mundo para cumplir con las jubilaciones. Pero se nos complica bastante el manejo monetario del mes. No es sencillo. No se puede hacer todos los meses, a menos que cambiemos el manejo monetario que, insisto, es muy difícil", subrayó Alfie en rueda de prensa.
IRP. Asimismo, el ministro anunció que se están haciendo "las evaluaciones finales" para determinar la reducción del impuesto a las retribuciones personales, prevista para el mes de mayo.
El gobierno había asumido un compromiso para el mes de mayo, ante el reclamo del Partido Nacional de eliminación del adicional al IRP que se implantó en el ajuste fiscal de mayo de 2002.
Esta vez, la administración contemplará jubilaciones y sueldos públicos y privados que oscilan entre 6 salarios mínimos ($ 7.442) y 10 salarios mínimos ($ 12.420). Alfie no comentó si el adicional (1,5%) se eliminará totalmente, o un porcentaje.
ALTERCADO. Durante su participación en la reunión de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro Alfie sostuvo un fuerte entredicho con el representante frenteamplista Carlos Baraibar (Asamblea Uruguay), a raíz de un planteo del legislador.
Cuando se consideraban aspectos de la venta de las carteras pesadas del Banco de Crédito (BDC), Baraibar hizo una exposición en la que insinuó que las medidas adoptadas por el gobierno respecto a esas deudas podían "hacer pensar en algo espurio". El ministro reaccionó disgustado, sosteniendo que él se sintió particularmente aludido por esa afirmación porque está de acuerdo con la salida dada a las carteras pesadas. Y agregó que tiene "a la vista" todo su patrimonio y advirtió que una acusación de esa naturaleza podía merecer "una denuncia penal".
Baraibar dijo que no hablaba del ministro en particular y que quería dejar a salvo su honor, cuando intervino el diputado quincista Gabriel Pais para sostener que de las palabras de su colega frenteamplista entonces se podía inferir que se refería a alguien del equipo económico, lo cual no podía permitir.
Pais añadió que "no puede ser" que, por razones ideológicas, cuando las decisiones económicas que se adopten no les complazcan "las traten como una inmoralidad".
Se le pidió a la izquierda, entonces, una prueba de sus afirmaciones, y no se dio respuesta alguna. Baraibar sostuvo que su interés era darle "una mano".
Luego el tema derivó hacia la política de concesiones donde se planteó la disyuntiva acerca de dónde hay más riesgo de corrupción, si en servicios prestados por el Estado o por privados. Los colorados sostuvieron que en manos del Estado "hay margen de maniobra" para esas cosas y les recordaron a los frenteamplistas la serie de servicios que las administraciones municipales transfirieron a manos de privados.
La polémica se amplió con una intervención del diputado socialista Guillermo Alvarez, a la cual el diputado Pais replicó diciendo que el manejo de "una cartera pesada" es similar "a manejar el Hotel Casino Carrasco". "Nunca pensaría que un intendente es malo porque terceriza un servicio. Ese argumento no es válido", subrayó.
Asimismo, el ministro Alfie dijo que firmó anoche el decreto del Poder Ejecutivo por el que se suprime el Centro de Apoyo de la Fiscalía. Y confirmó que pidió una ampliación de información al subsecretario de Educación y Cultura, Daniel Bervejillo.
Sin dinero para Arana
El ministro Alfie volvió a abonar ayer la polémica que mantiene con el intendente de Montevideo, Mariano Arana, por los recursos que a juicio del jerarca comunal el gobierno central no vierte al municipio. "Lo único que hago es cumplir con la ley. La ley indica cómo hay que repartir las partidas y en este año, a Montevideo, no le toca nada. El año pasado le tocó. Pero la norma dice que un determinado porcentaje de los ingresos totales hay que repartirlos, primero, un monto fijo para los municipios del interior, y si hay remanente, aparece Montevideo. Ese remanente, hoy, es negativo", dijo.