Militares presentaron recurso al juez y frenaron pronunciamiento

Siete de los nueve militares y policías sobre quienes la fiscal Mirtha Guianze pidió el procesamiento por la desaparición de Adalberto Soba, Alberto Mechoso, León Duarte y Gerardo Gatti, presentaron ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía de 1985. Los indagados sostienen que el artículo de esa norma que los excluyó del perdón por el cual los presos políticos fueron liberados a la salida de la dictadura, viola la Constitución que establece que todas las personas son iguales ante la ley.

El recurso interpuesto por la defensa de los indagados obliga al juez Luis Charles a suspender la audiencia que había previsto para el lunes y enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia, único órgano judicial competente para resolver las excepciones de inconstitucionalidad.

La estrategia de los abogados Germán Amondarain y Julio Suárez implica que el pedido de la fiscal quede congelado hasta tanto la corporación se expida. El trámite de inconstitucionalidad puede llevar varios meses.

Amondarain y Suárez son los defensores de los militares Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Ramas, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Luis Maurente, el ex policía Ricardo Medina y el ex granadero Pedro Sande. Los militares José Gavazzo y Ricardo Arab, en cambio, son defendidos por sus hijas. Hasta ayer no se habían sumado al recurso, pero es probable que lo hagan hoy. Si no lo hicieran, en su caso se mantendría vigente la citación del juez para el próximo lunes y podrían ser procesados.

Los militares plantearon que el artículo 5 de la Ley 15.737 es inconstitucional porque va contra el mandato que establece que "todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o virtudes". En ese sentido, plantearon que si la amnistía comprendió a autores y coautores de delitos políticos, comunes y militares, debió incluirlos a ellos también.

Ese artículo excluyó de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados por la detención de personas luego desaparecidas.

Mientras tanto, continúa el trámite de extradición, y aunque el juez Juan Fernández Lecchini se expidiera en forma favorable, antes de que la Suprema Corte respondiera al planteo de inconstitucionalidad, los abogados apelarían y no serían entregados a Argentina.

CARCEL MILITAR. Entretanto, el Ejército comenzó a construir un establecimiento que será destinado a cárcel militar.

La construcción del edificio, que se inició hace algunas semanas, se realiza en el predio ubicado en Domingo Arena y Camino Mendoza, donde funcionaba un cuartel de la fuerza de tierra, según dijeron a El País fuentes militares. Indicaron que la sede penitenciaria es el lugar donde serán alojados los retirados denunciados por delitos de violación a los derechos humanos, si son procesados. En la misma cárcel, también pueden ser alojados los ex policías que están detenidos por la misma causa.

"Se destinará para todas las detenciones que surjan", agregaron los informantes y aclararon que el establecimiento será custodiado por "guardia militar". La decisión del Ejército de contar con un establecimiento especial para que sus integrantes purguen las eventuales penas fue avalada por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.

El tema de la sede penitenciaria formó parte de las conversaciones que mantuvo el comandante del Ejército, Carlos Díaz con algunos de los detenidos en Cárcel Central. Díaz partió ayer rumbo a China. El comandante tiene previsto visitar Chile antes de retornar a Uruguay, para saludar a los tres militares que fueron extraditados por el caso Berríos.

La posibilidad de contar con una cárcel militar fue manejada en distintas instancias por representantes del gobierno en 2005 y comunicada a los integrantes de las Fuerzas Armadas, cuando el Poder Ejecutivo habilitó las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.

En el gobierno y en la fuerza de tierra existe el convencimiento de que las detenciones de ex represores no concluirá con los nueve retirados que actualmente se encuentran detenidos.

La norma del 8 de marzo de 1985 decretó la amnistía de todos los delitos políticos, comunes y militares, cometidos a partir del 1° de enero de 1962.

El artículo 5 excluye "los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas desaparecidas, y por quienes los hubieran encubierto".