El ministro de Educación y Cultura, Jorge Brovetto, adelantó en el Parlamento que el gobierno tiene la disposición de acceder a los reclamos de los Secretarios Letrados en sus aspiraciones para ser equiparados presupuestalmente con los Fiscales del Ministerio Público, y que la forma para incorporar esas mejoras a la ley de Presupuesto a estudio del Senado podría ser a través del envío al Parlamento de un mensaje complementario.
El Partido Nacional volvió a hacer ayer un reclamo público al Poder Ejecutivo para que envíe en estos días un mensaje complementario donde se atiendan reclamos de mejoras y cambios en distintos sectores de la administración central.
Fuentes oficialistas dijeron a El País que más allá de aspectos relativos al MEC, el mensaje complementario podría incluir algunos cambios en el Inciso correspondiente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuyos representantes comparecieron ayer ante la comisión del Senado.
En relación con la equiparación solicitada, Brovetto recordó que cuando el Ministerio elaboró sus aspiraciones presupuestales, él era partidario de acceder a la misma pero sostuvo que en el Ministerio de Economía y Finanzas se resolvió no incorporarla al Presupuesto.
"Esos artículos fueron dejados para una segunda instancia", dijo el jerarca del MEC, con lo cual dejó abiertas las posibilidades para el envío de un mensaje complementario.
Aunque aclaró que no puede adelantar que efectivamente habrá mensaje complementario, Brovetto dijo que "podría ser" resuelto por el Poder Ejecutivo su envío al Parlamento, para lo cual aún quedan diez días de plazo.
Por eso, insistió en que "no es descartable" el envío.
ACCIONES. En el caso de la equiparación de los Secretarios Letrados, el ministro explicó que este mecanismo requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y que tiene un costo para el erario de $ 11 millones anuales.
Los Secretarios Letrados sostuvieron ayer, durante una reunión en el Parlamento, posterior a una concentración que hicieron ante el edificio central del Poder Legislativo, que tienen informes jurídicos que respaldan sus reclamos y que, en caso de que los mismos no fueran atendidos, podrían recurrir al inicio acciones legales contra el Poder Ejecutivo, lo que sostuvieron que sería más costoso para el Estado.